EnglishUn informe de la edición de verano de la revista Regulation dibuja una horrenda imagen del futuro de Puerto Rico si el salario mínimo federal sube a US$10,10 por hora. El análisis detalla lo que pasaría con el empleo si el Congreso de Estados Unidos incrementara el salario del actual $7,25.
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En lo que parece ser solo una táctica del año electoral, la Casa Blanca, controlada por Demócratas, y el Senado de Estados Unidos, están proponiendo dicho cambio para supuestamente resaltar las diferencias entre ellos y los Republicanos. Los Republicanos, en general, se oponen al aumento a pesar de que su plataforma, el Gran Old Party (GOP), ha apoyado el aumento de salario en pasadas ocasiones.
Haciendo a un lado a los partidos políticos, el estudio ofrece una mejor prueba de que el aumento del salario mínimo afecta a los pobres en lugar de ayudarlos.
A principios de este año, la Oficina de Presupuesto del Congreso, la cual es no-partidista, dijo que el aumento del salario mínimo pone bajo amenaza entre 100.000 y un millón de empleos en toda la nación, con un gran impacto en los Estados y territorios más pobres. El “mejor pronóstico” fue el de que amenazaría casi 500.000 empleos en todo el país.
Puerto Rico, sin embargo, es un caso único. Con un total de empleos cercano a los 985.000, de los cuales 285.000 son empleados por el gobierno, la verdadera fuerza laboral (en el sector privado) está constituida por aproximadamente 700.000 empleados. Del total, 471.000 gana menos del salario mínimo propuesto ($10,10). El mismo informe indica que una abrumadora cantidad de 193.000 de estos individuos perderían sus trabajos, lo cual es una baja estimación.
Lo que el informe no dice es que muchas de las pequeñas empresas que emplean trabajadores que reciben un salario mínimo o uno bajo, podrían no tener espacio suficiente en sus márgenes de beneficios para resistir otra crisis. Ellos serán obligados ya sea a aumentar sus precios —eliminando cualquier valor que el nuevo salario agregaría a los salarios de los trabajadores— o a dejar de operar completamente.
Esto constituiría un número total de empleos perdidos e ingresos fiscales desperdiciados, y pondría la ya desastrosa situación financiera de Puerto Rico en un abismo económico.
Caribbean Business reporta que el índice de actividad económica de Puerto Rico cayó por 19° vez en junio, y otros 2,9% año tras año. Con esta disminución en la actividad económica, ¿cómo exactamente cree el gobierno actual que va a continuar cubriendo las expectativas de ingresos que se necesitan para crear un balance en el presupuesto y mantener el pago de las sus deudas? Yo sospecho que no lo harán, pero me aparto del tema.
El punto es que muchos de los dueños de empresas pequeñas, apenas manteniéndose a flote y evadiendo la bancarrota, van a tener que enfrentar decisiones imposibles: subir sus precios, recortar personal, o cerrar sus negocios.
Subir precios en este ambiente económico causaría una caída en las ventas, lo cual obstruiría la obtención de ingresos regulares necesarios para mantener el nivel de servicio previsto, y hacer que los consumidores vuelvan.
Habrá otros propietarios de negocios que podrán absorber el costo, e industrias que podrán absorber ese aumento de precios, pero el número de propietarios de empresas pequeñas que se están sosteniendo de un hilo muy fino debe ser sustancial en Puerto Rico, y en el resto de la nación.
Mientras que el Congreso de Estados Unidos se mantiene dividido en cuanto a este asunto en un año electoral, no se puede tener por seguro si suficientes Republicanos apoyarán la decisión y la aprobarán. Si esto pasa, Puerto Rico podría tener que pedir a la administración del presidente Obama que lo excluya del programa, como fue excluido del Obamacare.
Sin embargo, ¿qué político sin respeto propio en Puerto Rico objetará un aumento del salario mínimo? Y cuando el impacto empiece a doler, ¿cuál de esos políticos va a ser lo suficientemente valiente para preguntar por qué la economía ha empeorado más de lo que ya estaba?