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Seguir encubriendo una subida de impuestos a las clases medias es la gran mentira del Gobierno español. En el momento en el que nos encontramos, tras una doble crisis que nos ha asestado un golpe crítico, tanto social como sanitario, España presenta una vulnerabilidad característica de una economía que no ha hecho sus deberes a tiempo. En este sentido me estoy refiriendo a una situación que, por no estar preparados, nos ha llevado a un escenario del cual salir no será tarea fácil. Una situación a la que el daño adicional, así como las externalidades negativas del virus, deja un deterioro de la economía bastante palpable.
De acuerdo con las estimaciones que realiza el Banco de España, tras la dura crisis derivada de un virus extremadamente contagioso, España sufrirá una contracción en su producto interior bruto (PIB) que podría llegar a cifrarse en el 15 % interanual. Una caída producida por un duro shock de oferta que, ante la dicotomía que representaba el hecho de tener que elegir entre contener el virus o reactivar la economía, obligó a las empresas a cerrar forzosamente sus negocios, paralizando con ello la economía, así como cualquier actividad que pusiese en peligro la contención del virus, así como nuevos contagios en el país.
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Ante semejante caída en el PIB, la situación que ahora presenta el país es bastante peor a la que, en contraste, muestran otros países homólogos de la zona del euro. En este sentido, teniendo en cuenta que la economía española venía desacelerándose desde el año pasado, y también se debe considerar que nuestro nivel de endeudamiento, en relación con el PIB, se mostraba en el 100 %, así como un déficit que, tras arrojar la Unión Europea el dato real tras la auditoría realizada, se sitúa en el 2,8 %, estamos ante un escenario en el que, como reflejan los datos, España no se encontraba tan preparada como otras para afrontar una dura crisis como esta; además, siendo peor en un escenario en el que, como el actual y dada la naturaleza de dicha crisis, no contamos con precedentes fiables para tratar de aproximar los resultados definitivos.
Así, atendiendo al balance de daños que proyecta el Banco de España para el próximo año, el país se enfrenta a una situación bastante compleja. Tan compleja que, como refleja el pronóstico, la deuda, tras el rescate mixto, podría llegar a situar en el 122 %. A esto debemos añadir un déficit que, tras el pronóstico realizado, podría llegar a superar el anecdótico umbral del 10 %, así como un nivel de desempleo que, en el mejor de los casos, podría llegar a situarse en el 20 %. Con todo, una serie de elementos y variables que, de quedar en esa situación, dejarían a la economía española al borde de un colapso más que avecinado previamente por economistas que, siendo este mi caso, hemos defendido la aplicación de políticas contracíclicas que, en lugar de agotar los recursos de la economía, hubiesen abogado por el consumo responsable y la consecución de un margen fiscal para dar respuesta a escenarios contrafácticos que, como se observa a día de hoy, son tan reales como utópicos.
En este sentido, como ya ha avisado la Unión Europea en varias ocasiones, España debe realizar una serie de reformas, al igual que ocurrió en 2012, para tener acceso al fondo de reconstrucción que, por el momento, dotaría al país con la segunda mayor inyección de capital público europeo, en donde el primer receptor será el país transalpino, Italia. En este sentido, unos ajustes que no solo vendrán por el lado del gasto, como recomendaba fielmente el ya fallecido economista y maestro Alberto Alesina, sino que vendrán también por el lado del ingreso, creando nuevas figuras impositivas, así como una mayor carga tributaria, a los ciudadanos en el país; pues así lo ha recomendado y exigido desde el bloque comunitario. Siempre siendo el objetivo de estos ajustes el guardar el equilibrio entre unos países que, con el paso del tiempo, han ido ensanchando esas asimetrías que, por otro lado, han sido objeto de grandes debates, así como tensiones, entre los países miembros.
Al inicio, la subida de impuestos fue algo que el partido de Unidas Podemos defendió durante toda su campaña electoral. Sin embargo, desde la formación morada se hacía alusión constantemente a que dicha subida sería afrontada por los “ricos”, así como por los grandes empresarios —sin olvidar el escaso número de estos en la economía española—. Sin embargo, tras analizar esto, así como la recaudación agregada estimada por la vía de las nuevas figuras impositivas que, como la tasa Tobin o la tasa Google, trataban de incrementar la recaudación, el partido ha tenido que reformar su discurso, dejando al descubierto conclusiones tan esperadas como ocultas en el debate público. Conclusiones entre las que se encuentra una subida impositiva encubierta —desmentida continuamente por la formación— a unas clases medias que, precisamente, y atendiendo a los niveles de renta en la Unión Europea, son las que más brecha presentan con sus homólogos en otros países. Todo ello, cabe también destacarlo, debido a una desigualdad de renta que provoca que el tipo medio efectivo en dichos deciles de renta sea inferior al de otros países homólogos del bloque comunitario.
En este sentido, para concluir, estamos hablando, como decíamos, de una situación que pese a sorprender a algunos, no sorprende a nadie. Y no lo hace por el hecho de que, de acuerdo con el programa de Unidas Podemos, incluso con el anterior a su acuerdo con el PSOE, mientras se estaban prometiendo incrementos en el gasto público del 3,5 % del PIB, la recaudación agregada estimada por la formación cuantificaba dicho ingreso en el 2,5 % del PIB. Ante tales precedentes era de esperar que, más pronto que tarde, dicho anuncio llegase a la opinión pública. Y es que cuando el ingreso aumenta, pero el gasto público lo hace en una mayor proporción, el umbral que establecía una mayor carga tributaria únicamente para ricos debe descender, incluyendo a nuevos contribuyentes a quienes se les prometió que no se verían afectados por dicha subida, pero a los que se le deberá aplicar para corregir dicha situación.
