Tras la Declaración Ministerial del Grupo de Lima adoptada conjuntamente con otros 12 Estados de la región, el Gobierno paraguayo de Abdo Benítez se comprometió a no reconocer una nueva presidencia de Nicolás Maduro, debido a que ese mandato es el resultado de un proceso electoral ilegítimo y sin las garantías necesarias.
Debido a esto, y tras la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial, Asunción procedió a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Caracas, sentando de esta manera un precedente para los demás Estados de la región.
Cabe resaltar que hasta la fecha el estado paraguayo es el único que ha procedido al cierre de su Embajada, así como también el retiro del personal diplomático que se encontraba acreditado ante el Gobierno de Maduro, lo cual confirma la ruptura mencionada.
Si se realiza una mirada retrospectiva de las relaciones entre ambos Estados, y especialmente la protagonizada por Nicolás Maduro -antes como canciller y ahora como mandatario ilegítimo-, se puede observar la tensión existente que data desde la destitución del entonces residente Fernando Lugo en el año 2012.
Cuando el Poder Legislativo procedió al juicio político suscitado en junio del 2012, una comitiva de Cancilleres había arribado al país, sin invitación previa de la Cancillería paraguaya, con el objetivo de tratar de evitar que se llevara a cabo el juicio político.
Entre los que arribaron se encontraba Nicolás Maduro, entonces Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, quien fue protagonista de una flagrante intromisión en los asuntos internos del Estado paraguayo. Él mismo arengó a los militares a no permitir que se llevara a cabo el juicio político. Situación que derivó en que el Congreso declaró “persona non grata” al Embajador de Venezuela en Paraguay.
Una vez destituido Fernando Lugo, asumió la presidencia Federico Franco, entonces Vice Presidente, lo que derivó en la aplicación del artículo 4 del Protocolo de Ushuaia, por un supuesto quiebre del orden democrático.
Al mismo tiempo, Venezuela era admitido en Mercosur por los demás miembros fundacionales del bloque regional, como miembro pleno, produciéndose de esta manera la violación del Artículo 20 del Tratado de Asunción, el cual establece que la “aprobación de las solicitudes será objeto de decisión unánime de los Estados Partes”.
Posteriormente, en el año 2016 las relaciones entre ambos Estados volvieron a crisparse luego de que no fuera aceptada la presidencia Pro Tempore de Venezuela del Mercosur. Hecho que derivó en que el dictador Maduro expresara: “Nos persigue la oligarquía paraguaya corrupta y narcotraficante”.
La reacción del entonces canciller, Eladio Loizaga, del Gobierno de Horacio Cartes, fue llamar a consultas al embajador de Paraguay en Caracas lo que significó una pausa en las relaciones diplomáticas.
Asimismo, Horacio Cartes había esbozado: “Cuando los derechos humanos y las libertades fundamentales no son respetadas como ocurre en este momento en Venezuela, no podemos permanecer en silencio”.
A este conjunto de problemáticas existentes en las relaciones diplomáticas de ambos Estados se suma la deuda que fue contraída durante la presidencia de Nicanor Duartes Frutos con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) que asciende a 280 millones de dólares, aproximadamente.
Al respecto, al anunciar la ruptura con el régimen venezolano, Mario Abdo Benítez ratificó que “mi Gobierno no desconoce la deuda contraída con PDVSA en función al Gobierno de Caracas. Esta deuda está en proceso de litigio y será honrada por el Estado paraguayo en forma y en tiempo. Ese dinero servirá para la reconstrucción de la democracia en Venezuela”.
A pesar de esto, la solidaridad de los partidos políticos integrantes del Frente Guasu (FG) no se hizo esperar. Emitieron un comunicado a través del cual avalaron el nuevo periodo presidencial de Maduro. Instando, de igual manera, a respetar “la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano”.
Cabe resaltar que estos partidos de izquierda que hoy día avalan la tiranía personificada en la figura de Nicolás Maduro, son los mismos que en cualquier manifestación, vociferan “Dictadura nunca más” en alusión a los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner. La incoherencia es un factor general en aquellos partidos que se autodenominan “progresistas”.
El Gobierno de Abdo Benítez adoptó una decisión acertada a pesar de que muchos la catalogan de “drástica”. La misma era necesaria, debido a que es inconcebible que se siga avalando a gobiernos tiránicos, como se vino haciendo hasta la fecha, que utilizan los mecanismos democráticos para perpetuarse en el poder, generando caos, miseria y forzando al pueblo a migrar de forma masiva. Situación, que ocasiona una crisis regional que no cuenta con las herramientas para paliar esta problemática.
Por ello, es menester que los demás Estados que han suscrito la Declaración del Grupo de Lima, el pasado 4 de enero, adopten la misma decisión de Paraguay a fin de demostrar que no solo existe un malestar, sino también rechazo al establecimiento de tiranías en la región.