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El decreto de excarcelaciones emitido por el Gobierno colombiano pese a que busca reducir el hacinamiento carcelario y evitar el contagio del virus, ya empieza a generar controversia. Según la senadora Paola Holguín, el partido FARC busca liberar guerrilleros aprovechando la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19.
«Una cosa es el llamado a las liberaciones humanitarias y otra es la proposición del senador Gallo que solo se refiere a las Farc y pretende liberar a narcotraficantes que se decidieron no liberar», dijo la senadora Holguín del partido Centro Democrático.
El Gobierno de Iván Duque para atender la contención y mitigación del virus en el país y especialmente en los centros carcelarios emitió un decreto que ya se encuentra vigente desde hace dos semanas. Pese a que la medida busca beneficiar a los presos más vulnerables de acuerdo con edad y enfermedades, la senadora del Centro Democrático alertó que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) busca modificar el decreto de excarcelaciones pidiendo que guerrilleros de esa organización sean beneficiados con la medida.
«El riesgo excepcional al que están sometidas las personas privadas de la libertad se incrementa día a día, por lo que se hace urgente y necesario ampliar las medidas contempladas por el gobierno nacional respecto al tratamiento excepcional y transitorio de esta población vulnerable», señaló el congresista de las FARC, Carlos Antonio Lozada.
La vida es un derecho que no debe tener discusión. Qué tiempos serán estos que nos toca defender lo obvio. Garantías para las y los presos políticos. #AislamientoObligatorio pic.twitter.com/UHDOscAUAD
— FARC (@PartidoFARC) March 20, 2020
El senador de las FARC sostuvo que se debía incluir entre las condiciones de excarcelación a aquellos que en su momento fueron condenados a purgar penas de hasta 10 años de prisión, guerrilleros de las FARC que firmaron el acuerdo con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, agricultores condenados por delitos relacionados a los cultivos ilícitos y a mujeres cabezas de hogar.
En este sentido, la Comisión Primera del Senado, con 12 votos por el Sí y 8 por el NO, aprobó la proposición presentada por el Partido FARC.
En la proposición también se le solicitó a Iván Duque que incluya plazos más reducidos para realizar el procedimiento de excarcelación y se establezca que el «retardo injustificado» al proceso de liberación sea considerado una conducta gravemente dolosa. Se pidió además que se clarifique que no se puede pedir una caución para que los presos puedan acceder a este beneficio.
¿Qué dice el decreto?
El decreto 546 de abril de 2020 expedido por el Gobierno permite que alrededor de 4 000 personas puedan salir de las cárceles, pero los congresistas señalan que este número es insuficiente y el beneficio debe cobijar a quienes ya cumplieron el 50 % de la sentencia condenatoria y a los internos que no son considerados como peligrosos para la sociedad.
Las personas que se encuentran privadas de libertad y que resultarían beneficiadas, como medida de prevención de contagio, serían los presos mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, trastorno pulmonar, diabetes insulinodependiente, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes. Hasta ahora, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), hay 268 personas privadas de la libertad que han sido beneficiados con casa por cárcel por los próximos seis meses, en medio de la emergencia por coronavirus.
Entre tanto la proposición de las FARC —fuertemente criticada en la sesión virtual del Congreso— fue vista con buenos ojos por el político de izquierda y líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien apoyó la iniciativa.
Solamente el presidente Duque decidirá sobre la proposición de las FARC, es decir, se podrá hacer la modificación al decreto solo si vuelve a declarar el estado de emergencia económica y social. De no hacerlo, la proposición no tendría ningún efecto y la modificación tendría que llevarse a cabo a través del trámite legislativo ordinario.
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