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En medio de la pandemia por COVID-19 en Colombia se conocieron denuncias por corrupción. Aparentemente recursos públicos destinados para atender la emergencia sanitaria estarían siendo alterados por políticos a la hora de comprar mercados.
Este presunto hecho de corrupción fue alertado recientemente por los entes de control, que abrieron una serie de investigaciones a ocho departamentos en el país por el manejo irregular en la compra de mercados para población vulnerable.
La Procuraduría tendría bajo la lupa más de dos mil contratos que superan la cifra de 800 000 millones de pesos (200 millones de dólares). «Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones», indicó en un comunicado el procurador general, Fernando Carrillo.
En las investigaciones iniciales se encontró, por ejemplo, la compra de latas de atún por unidad por un precio de 4,9 dólares (19 mil pesos) cuando en realidad su precio de mercado corresponde a 1,27 (4 900 pesos) y bolsas de leche por 3,36 dólares (13 mil pesos) y el precio regular es de 1,29 (5 000 pesos).
El consejero nacional de seguridad, Rafael Guarín, señaló que hay que focalizar las capacidades de investigación criminal contra esos bandidos, haciendo referencia a los funcionarios que suscribieron contratos irregulares en medio de la pandemia.
Inaudita corrupción la de funcionarios que están en feria de contratos a dedo y que no les preocupa atender la emergencia y a la comunidad más pobre y necesitada, sino robarse el presupuesto público. Hay que focalizar las capacidades de investigación criminal contra esos bandidos
— Rafael Guarín (@RafaGuarin) April 9, 2020
Estas denuncias fueron conocidas a través de redes sociales, donde usuarios señalaban los presuntos sobrecostos de bienes de primera necesidad que habían contratado las distintas alcaldías y gobernaciones. La Procuraduría detalló que, junto a la Contraloría y la Fiscalía, dispuso del programa “Transparencia por la emergencia” para vigilar con herramientas analíticas la ejecución de contratos por la emergencia de la COVID-19.
Excelente mensaje #LaCorrupciónEsElPeorVirus pic.twitter.com/5mCEzDbpPR
— DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) April 9, 2020
Los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría han señalado que en medio de la pandemia se deben propiciar medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en las contrataciones, así como la transparencia y legalidad de cualquier gasto derivado de la emergencia.
¿Cuáles son las denuncias?
Hasta ahora se han auditado 11 contratos que presuntamente presentan irregularidades, principalmente en los de alimentación realizados por alcaldías y gobernaciones para auxiliar a las poblaciones más vulnerables.
El Departamento de Atlántico contrató con la empresa Trading Group International S.A.S., por casi 5 millones de dólares (20 mil millones de pesos). Al mismo tiempo se investiga la compra de mercados en el municipio de Soledad por 500 mil dólares (2 100 millones de pesos).
En el Departamento del Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por más de 200 mil dólares (1 125 millones de pesos) y Puerto Gaitán por más de 250 mil dólares (1 000 millones de pesos).
En Departamento del Cesar la alteración de precios de manera artificial se investiga en más del 50 % de los contratos suscritos y que no fueron publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Estos contratos ascienden a más de 3 millones de dólares (13 mil millones de pesos) para comprar 100 mil mercados.
En el Departamento de Arauca investigan un contrato de más de 1 millón de dólares (4 mil millones de pesos) con precios pagados por productos de la canasta básica que no se reflejan a los del mercado. Una lata de atún en 4,9 dólares (19 mil pesos), cerca de cuatro veces de su precio regular.
Por su parte, en el Departamento de Norte de Santander se desarrolla la investigación en la ciudad de Cúcuta porque en plena pandemia se dio un contrato por 15 mil dólares (58 millones de pesos) para la edición de una pieza digital con la historia del Hospital Erasmo Meoz.
En el Departamento de Cundinamarca se tienen denuncias de irregularidades en la contratación de alimentos por las administraciones de los municipios de Guadas y las Palmas.
Por su parte, en la isla de San Andrés se contrató por más de 120 mil dólares (500 millones de pesos) con la firma Noel Foto S.A.S., para «la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus COVID-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país».
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