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El partido oficialista de Colombia, Centro Democrático, a través de un proyecto de ley busca beneficiar con libertad condicionada a los militares que se hayan sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
De acuerdo con el proyecto, se busca que la ley genere confianza entre quienes acuden a la JEP que nació luego de la firma del acuerdo entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en 2016. Congresistas del Centro Democrático han reiterado que existe una diferencia penal en el tratamiento jurídico entre los miembros de la fuerza pública y los excombatientes que se han sometido a la jurisdicción:
«ante los beneficios que se han dado a quienes han cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad, no se determine que quien no los tenga, y en especial aquellos que no son condenados, deban cumplir una prisión preventiva superior a la que establece en la justicia ordinaria, pero que en todo caso, en el devenir procesal, cuentan con la posibilidad de una revocatoria, que en esta justicia especial no se ha tenido en cuenta», se lee en el proyecto.
📃|| Ante la @JEP_Colombia se han sometido 1.958 miembros de la fuerza pública de Colombia, según un balance la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. De ellos, 1.529 ya recibieron algún tipo de beneficio jurídico. pic.twitter.com/uDTgMkOB3r
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 25, 2019
Se añade que los beneficiarios de la revocatoria de la medida privativa de libertad serán aquellos agentes de la Fuerza Pública que sean integrantes en actividad o lo haya estado al momento de los hechos por los cuales la solicitan; que no estén condenados; que estén investigados por hechos que tengan relación con el conflicto; que la privación efectiva de la libertad sea inferior a cinco años y que soliciten acogerse al sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Para esta decisión, señala el articulado, se tendría un término de 45 días para resolver la solicitud: “las solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada so pena que por el incumplimiento de este término se conceda la libertad inmediata”.
A finales de febrero, la JEP afirmó que según un balance la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se han sometido 1 958 miembros de la fuerza pública de Colombia de los cuales 1 529 ya recibieron algún tipo de beneficio jurídico. El caso del general (r) Jaime Uscátegui refleja el interés de los militares en someterse a la JEP y buscar beneficios jurídicos por encima de la justicia ordinaria, que es mucho más severa. En 2017 Uscátegui se convirtió en el primer oficial de alto rango en recuperar su libertad tras postularse a la JEP.
Entre los militares que se han presentado a la JEP, hay nueve altos mandos: generales (r) Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante; los que pidieron ingresar: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Hernando Pérez Molina, Miguel Eduardo David Bastidas y José Joaquín Cortés Franco
¿Cuáles beneficios ha otorgado la JEP a los militares?
De los 1 529 miembros de la Fuerza Pública que a la fecha ya han recibido algún beneficio, el 68,7 %, es decir, 1 051, han obtenido el beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada. Una fuente le explicó a PanAm Post que tanto exguerrilleros de las Farc como miembros de la Fuerza Pública pueden hacer transito por el sistema en libertad:
En especial si no han sido condenadas en justicia ordinaria, pues la detención preventiva no puede convertirse en una pena anticipada, ni en la regla general de comparecencia ante las autoridades judiciales. Si acaso, la norma podría continuar afianzando la idea de que es más efectiva, eficiente y humana la justicia restaurativa que la obsesión con el castigo.
Cabe destacar que un año después del inicio de las labores de la magistratura, 11 675 personas han suscrito acta de sometimiento ante la JEP; de este total 9 687 son excombatientes de las Farc, 1 938 de la fuerza pública, 38 funcionarios del Estado y 12 de protesta social.
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