La Organización de Naciones Unidas (ONU), le dio la razón a aquellos que piden una segunda instancia judicial para el exministro colombiano de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS).
El representante de Derechos Humanos de esa organización, Alberto Brunori, afirmó que es necesario garantizar la segunda instancia en el caso del exministro del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Además, el funcionario visitó a Arias en la Escuela de Caballería en la ciudad de Bogotá, conforme a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también por petición de su defensa.
Hay que identificar cuál es la recomendación específica, y la recomendación es que a futuro a partir del dictamen debe haber una segunda instancia.
El partido de Gobierno, Centro Democrático, adelanta un proyecto de ley que lleva su nombre y busca garantizar el derecho a la doble instancia.
De aprobarse la iniciativa, se revisaría la condena más no se revocaría. Es decir, el exministro no quedaría en libertad como muchos aseguran. Lo que supone esta garantía judicial es que pueda apelar la decisión por considerarla injusta o solicitar una rebaja en la pena.
Según algunos juristas consultados por el PanAm Post, la sentencia contra Arias no está ejecutoriada porque precisamente no se le ha garantizado tal derecho.
La defensa del exministro interpuso una acción de tutela, que pide a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia fallar en derecho a la impugnación en contra de la Sala Penal de la misma corte que le negó el derecho.
La extradición del exministro
Desde el 12 de julio pasado, Arias fue extraditado desde Estados Unidos para que cumpla la condena de 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia, por el caso de los subsidios de Agro Ingreso Seguro.
Según su abogado, la visita del funcionario al país es para conocer las explicaciones que debe entregar el Estado luego de la decisión de las Naciones Unidas, que reconoció la violación de los derechos políticos del exministro.
Cabe recordar que a finales de 2018, la ONU emitió un veredicto a favor de Arias. Se trató de una decisión emitida por 18 expertos independientes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que buscaba garantizar la segunda instancia para Arias luego de ser condenado.
Con este proyecto se busca establecer la doble instancia retroactiva, con el objetivo de que se revisen procesos que ya fueron fallados contra aforados constitucionales. Esa medida permitiría que algunos aforados condenados quedaran en libertad, como medida cautelar mientras se resolviera la revisión del fallo en una segunda instancia.
De igual modo, el presidente, Iván Duque, respaldó la iniciativa asegurando que la doble instancia es un principio que debe imperar en el país en todos los procesos sancionatorios: «La doble instancia está contemplada en muchísimos tratados. Entonces, cómo un Gobierno no apoya que en un país tengamos doble instancia», dijo.
Uribe también lo visitó
El uribismo ha afirmado en repetidas ocasiones que el exministro no cometió ningún delito y que en comparación con otros procesados, a Arias no se le han respetado sus derechos, ni ha tenido garantías, en un juicio que viene peleando desde hace cinco años.
Justamente, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe confirmó la visita que hizo a su exministro de Agricultura.
“Acudí a saludar al dr Andrés Arias y conversé con él”, sin entregar más detalles sobre el encuentro.
Acudí a saludar al dr Andrés Arias y conversé con él
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 28, 2019
Vale destacar, que existe una relación especial entre Arias y Uribe. El exministro en 2009 renunció al Ministerio de Agricultura para ser candidato presidencial e iniciar lo que denominó la «segunda generación de la Seguridad Democrática», política de seguridad y defensa del expresidente Uribe durante su mandato.
Meses después se destapó el escándalo sobre el caso de Agro Ingreso Seguro, por lo que no le fue permitido ser candidato presidencial.
El programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), fue una política agraria durante el Gobierno del expresidente Uribe que terminó por judicializar a Arias, por haber entregado subsidios a particulares que debían ser destinados a pequeños campesinos.