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El presidente Iván Duque reiteró su solicitud para que sea aprobada la ley que busca «cadena perpetua», para aquellos que cometan delitos sexuales contra menores en Colombia. El mandatario ha señalado que la defensa de los niños es una defensa de la familia colombiana, por tal razón la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños debe darse.
Habló sobre la necesidad de que este tipo de delitos no pierdan vigencia o validez, es decir, sean imprescriptibles.
«Óigase bien, que hagamos imprescriptible esos delitos, para que no haya un solo criminal que pueda sentir que se le extinguió la acción penal con el tiempo. (…) Mantener esa imprescriptibilidad es bien importante y, desde luego, todo lo que tengamos que hacer en materia de prevención y educación es fundamental».
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), reveló en un informe que en los próximos cinco años quedarían libres cerca de 2 875 presos condenados por violencia sexual contra menores de edad. Según los cálculos de la entidad, en 2019 saldrían a la calle un centenar de sentenciados, en 2020 unos 139, en 2021 serían 368, en 2022 otros 617, en 2023 llegarían a 777 y en 2024 finalmente 874 saldrían libres.
Revés al interior del Centro Democrático
El representante del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá , Jose Uscategui, quien es uno de los ponentes del proyecto, señaló a sus colegas de partido que poner en entredicho la viabilidad de la iniciativa legislativa supone hundirla. Esto a propósito de lo dicho en la plenaria por su par la representante, Margarita Restrepo, con el fin de aplazar el debate de cadena perpetua hasta que el Consejo Superior de Política Criminal, —un organismo asesor del Gobierno en la materia—, haga un pronunciamiento sobre la viabilidad de la propuesta.
#CadenaPerpetua | PARTE 2 – Llego la hora para la prisión perpetua para violadores y abusadores de menores. Los que voten a favor del aplazamiento es porque están en contra de la medida y no le damos al país la reforma que nos está pidiendo @ComisionPrimera pic.twitter.com/62IQemzkd4
— Jose Uscategui (@jjUscategui) August 20, 2019
«Me excuso con mi compañera de bancada si no tuve la precaución de preguntarles a todos los integrantes del partido si estaban de acuerdo con discutirlo en esta coyuntura electoral, pero creí que había un consenso generalizado, no solo en el Centro Democrático, sino en el Congreso y en el país, de que llegó la hora de la prisión perpetua para abusadores de menores», puntualizó el legislador.
Sin embargo, Margarita Restrepo sostuvo que en estricto sentido, la cadena perpetua no es la solución para las víctimas sino que se debe apuntar a una correcta aplicación de las normas que existen en la materia.
«Fui una de las primeras congresistas que apoyaron la candidatura del presidente Duque, pero no lo acompaño en este punto. No se trata de evadir el debate. Al contrario, es respetar a los niños que violan a cada minuto. Por eso no podemos tener esta discusión en un período electoral. Además, este proyecto no le da solución al problema: no son las leyes, es la eficacia de la justicia», señaló.
Entre tanto, cabe destacar que el Consejo de Política Criminal ya se ha pronunciado en contra de la pena de prisión perpetua para abusadores de niños a lo largo de la última década.
Estas propuestas redundan en el populismo punitivo
PanAm Post habló sobre la viabilidad de la cadena perpetua en el país con el abogado constitucionalista Alfredo Pertúz, quien aseguró que la situación es problemática, porque la opinión pública es muy sensible respecto a estos temas y parece no entender la lógica en la que se mueve el derecho constitucional y el derecho penal.
«El proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso de la República, que busca imponer cadena perpetua para violadores, es una propuesta problemática y con poca probabilidad de concreción. Básicamente yo tengo dos reparos al proyecto, que es innecesario y que es inconstitucional. Es innecesario, porque las penas que están establecidas normativamente, son más que necesarias para sancionar estas conductas, además, hay que recordar que los ciudadanos que incurran en este tipo de delito estará exento de beneficios».
Pertúz, añadió que la propuesta legislativa es inconstitucional, «en tanto y en cuanto, una medida de estas resulta atentatoria de la dignidad humana, piedra angular de nuestra Constitución y consecuencialmente, de todo el ordenamiento jurídico colombiano».
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