El partido de Gobierno, Centro Democrático, de nuevo propuso una reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Se trata del juzgamiento de militares y la creación de nuevas salas de instrucción que no fueron acogidas cuando se creó la justicia especial. La iniciativa que busca la creación de una sala especial para los militares en la justicia especial volvió al ruedo en el Congreso. Sin embargo, la misma iniciativa fue hundida en la pasada legislatura.
La principal preocupación para el uribismo es que los magistrados que actualmente hacen parte de la JEP no representan objetividad al momento de juzgar a los militares y tampoco acreditan conocimiento en derecho operacional, que son las reglas jurídicas de combate operacional aplicadas al momento de contrarrestar en los territorios el crimen organizado, guerrillas y paramilitares.
El abogado constitucionalista D´mar córdoba le dijo a PanAm Post que la nueva sala de juzgamiento estaría compuesta de dos instancias (primera y segunda) cada una con tres magistrados que vendrían a revisar los casos de los militares de manera especial y excepcional dentro de la misma jurisdicción.
Además, habrá un fiscal como instructor de esos procesos. Asimismo, se crearía una unidad de Investigación y Acusación para miembros de la Fuerza Pública que estará integrada por un mínimo de ocho fiscales.
¿Qué dice la propuesta?
La iniciativa que contempla nueve artículos propone crear secciones, salas y despachos para investigar y juzgar a los uniformados. Las salas tendrán “las mismas funciones y atribuciones que los órganos semejantes del sistema (JEP) y los mismos derechos a participar en los órganos de gobierno de la JEP, en las que participan sus pares”, se lee en documento radicado esta semana en el Congreso colombiano.
Cabe destacar que por tratarse de una reforma constitucional, la discusión de la iniciativa debe superar ocho debates satisfactoriamente en el Congreso, cuatro de los cuales deben darse antes del 16 de diciembre de este año. Lo que parece difícil dadas las condiciones y agendas de la actual legislatura.
Este escenario hace que el uribismo necesite del apoyo del Ejecutivo para tramitar el proyecto de ley, por ahora se desconoce si hay apoyo o no.
50 años de cárcel para quien agreda a la fuerza pública
En el mismo sentido de protección a la fuerza pública, el Centro Democrático radicó un proyecto de ley que busca acabar con los “beneficios legales para los criminales que atenten contra miembros de la fuerza pública”. Establece que aquel que asesine a un integrante de la fuerza pública incurrirá en prisión de 35 a 50 años.
El proyecto de ley tiene como fin incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano, tipos penales autónomos como el homicidio, el secuestro y la violencia contra miembros de la fuerza pública, intensificando las sanciones a aquellos que atenten contra la vida e integridad.
Al mismo tiempo, se busca evitar que se otorguen beneficios de tipo judicial y administrativo a quienes actúen violentando sus derechos.