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El partido de Gobierno, Centro Democrático, luego de conocer la decisión de no extraditar el líder guerrillero Jesús Santrich determinó que en La Habana se pactó un “cogobierno con el narcotráfico que imposibilita al ejecutivo para combatirlo”.
El expresidente y senador Álvaro Uribe en rueda de prensa señaló que del proceso de paz se derivan los actuales problema de orden público en el país y que en nombre de la equivocada paz trataron de ocultar quienes hoy son críticos del Gobierno del presidente Iván Duque.
COMUNICADO
La sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un Cogobierno con el narcotráfico pic.twitter.com/2ZwZ4DgVgH— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 16, 2019
“Tanto la sentencia como los acertados salvamentos de voto, demuestran una profunda crisis institucional, quizás sin antecedentes en los últimos 60 años. Crisis de destrucción institucional que debe resolverse de fondo”, indicó el exmandatario.
5. Crisis de destrucción institucional, que debe resolverse de fondo porque de lo contrario se pone en riesgo la recuperación de la economía y del tejido social en que está empeñado el Gobierno Nacional.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 16, 2019
También se pronunció sobre la acción de la Procuraduría en apelar la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ordenó la libertad de Santrich, asegurando que “la JEP debería simplemente aceptar que el delito fue posterior a los acuerdos y desistir de juzgar los hechos, que solamente corresponde al país requirente de la extradición (EE.UU)”.
En rechazo, líderes del movimiento político convocaron un plantón este jueves para protestar la decisión de liberar a Santrich.
#JEPCómpliceDeSantrich #JEPesVergüenza
Hoy todos al plantón frente a las instalaciones de la Justicia especial para la paz por Cobijar el Narcoterrorismo#Planton
NO + FARC
NO + JEP pic.twitter.com/i4oyCGtpRB— Jesse Fonseca (JSS) (@JesseFonseca) May 16, 2019
Cabe aclarar que el Centro Democrático en ningún momento ha estado de acuerdo con la creación y funcionamiento de la JEP, como se acordó en los acuerdos de paz en La Habana, entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.
Por su parte, Herbin Hoyos, periodista y director de Las Voces del Secuestro, ya radicó ante la Registraduría Nacional de Colombia la solicitud de firmas que busca derogar la justicia especial.
Parte 3: Formulario diligenciado para el Referendo Derogatorio de la @JEP_Colombia radicado en la @RegistraduraCol convocando a la revocatoria del Congreso y de las Altas Cortes, por corruptos, por favorecer a criminales y por entregarle la justicia al narcotráfico. pic.twitter.com/Xxx281AwvE
— Herbin Hoyos Medina (@herbinhoyos) May 16, 2019
Hoyos, afirmó que también se busca revocar el Congreso y las altas cortes. “No podemos permitir que el narcotráfico se tome la justicia”, indicó.
Entre las otras propuestas del uribismo, está también una constituyente. Sin embargo, con esta acción en la Registraduría cada vez se van uniendo más voces en el país que buscan derogar a la JEP.
“Desde el comienzo la JEP causó gran alarma en el país”
PanAm Post habló con el periodista Eduardo Mackenzie sobre las implicaciones del fallo a favor de Jesús Santrich y lo que representa de ahora en adelante para Colombia.
Mackenzie comentó que desde 2016 viene advirtiendo que la JEP, así como las otras invenciones del pacto Santos-FARC son “organismos que fueron concebidos por la dictadura cubana para avanzar hacia el control institucional de Colombia”.
El comunicador explicó que la JEP podía llamar a juicio y reabrir los procesos de quien quisiera y como quisiera. Sus decisiones serán inapelables y harán tránsito a cosa juzgada.
«Contra ese texto totalitario los colombianos se movilizaron como pudieron, a pesar de la crisis de dirección que existía en las bases populares sobre ese asunto. Repudiaron a la JEP, y al resto de los pactos Santos-FARC, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, al votar NO contra los pactos de La Habana. Ese voto dejó sin piso jurídico la JEP y todo lo demás, pero Santos pasó por encima de los ciudadanos e impuso su esquema de entrega institucional a las FARC”.
Igualmente agregó que las protestas continuaron en el país en rechazo a la JEP a partir del 1 de abril de 2017, a través de marchas pacíficas pidiendo revocar todo y solicitando la renuncia de Santos.
Para Mackenzie el país veía que la JEP era el organismo clave para eliminar política y socialmente a todos los enemigos del narco-comunismo. «Militares con mando y militares en retiro, y civiles de todos los sectores, comenzando por los expresidentes y siguiendo con los parlamentarios o exparlamentarios, los intelectuales, juristas, periodistas, activistas, sindicalistas y religiosos que hubieren criticado a las FARC y las negociaciones de La Habana».
«Escribí en esos días: La JEP los acusará de ser paramilitares y eso solo será el comienzo. La JEP es vista ya como una especie de Comité de Salud Pública, de los tiempos de Robespierre, pero sin guillotina”, aseveró el periodista.
De igual manera indicó, que desde 2017, se veía que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía iban a ser sustituidas por la justicia especial. “Se veía que la JEP garantizaría la impunidad para los jefes del narco-comunismo explotando la doctrina aberrante de La Habana de declarar el narcotráfico como delito conexo con el delito político, es decir amnistiable”.
Finalmente destacó, que la renuncia del Fiscal Néstor Humberto Martínez, sin tener el rechazo del presidente Duque, representa para las FARC un “nuevo triunfo”.
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