Pese a las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de 2.000 militares que han llegado a esta justicia especial, 1.000 se han visto beneficiados.
Exactamente de los 1.958 miembros de la Fuerza Pública que se han sometido a la JEP,1.529 ya recibieron algún tipo de beneficio jurídico.
Este dato lo hizo conocer la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, instancia de esta jurisdicción que se encarga de otorgar los beneficios de acuerdo a los lineamientos del sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
Esta cifra de beneficios a hombres de la Fuerza Pública corresponde al 79% de los militares y policías que hasta ahora han obtenido libertad condicionada. Asimismo, se ha otorgado en otros casos revocatoria de la medida o sustitución de aseguramiento, traslado a unidad militar e incluso en otros casos se ha autorizado salir del país.
?|| Ante la @JEP_Colombia se han sometido 1.958 miembros de la fuerza pública de Colombia, según un balance la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. De ellos, 1.529 ya recibieron algún tipo de beneficio jurídico. pic.twitter.com/uDTgMkOB3r
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 25, 2019
Entre los militares que se han presentado a la JEP, hay nueve altos mandos: generales (r) Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante; los que pidieron ingresar: Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Hernando Pérez Molina, Miguel Eduardo David Bastidas, y José Joaquín Cortés Franco
Tipo de beneficios
De los 1.529 miembros de la Fuerza Pública que a la fecha ya han recibido algún beneficio, el 68,7%, es decir, 1.051 hombres, han obtenido el beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada.
La cifra de aquellos que han obtenido la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento llega a los 289 hombres, es decir, un 19 %. Por otro lado, 188 se han visto beneficiados con privación de la libertad en una unidad militar que corresponde al 12,3%. Tan solo a un miembro de la Fuerza Pública se la ha autorizado su salida del país.
De acuerdo con la JEP, desde abril de 2018 y hasta la fecha, la sala de amnistía o indulto ha recibido 28 solicitudes de permisos y de estas ha concedido 13 permisos de salidas del país a excombatientes de las FARC y han negado 15.
Sigue el debate: objetar o no objetar
A propósito de la ley estautaria de la JEP que establece los procedimientos de la justicia especial, el presidente Iván Duque debe tomar la decisión de objetar o no la normativa.
Actualmente Duque se encuentra en la encrucijada. Pues su partido, Centro Democrático representado en el ala radical le pide que objete la ley. Y no es para menos, que el mismo expresidente Álvaro Uribe sea uno de los principales defensores de eliminar la JEP.
“JEP 1: Se mantiene competencia sobre delitos de ejecución permanente después de la firma. Un despropósito. JEP 2: No se eliminan todos los beneficios a los reincidentes. JEP 3: No hay acción penal sobre autores materiales de delitos atroces, y sobre los cabecillas impunidad total. JEP 4: Se prohíbe a la fiscalía la práctica de pruebas. JEP 5: Prácticamente cierra las posibilidades de extradición. JEP 6: Los delitos sobre menores quedan también en impunidad”, dijo la semana anterior el exmandatario.
Sin embargo, condicionó el papel de la JEP si es aprobada argumentado que su partido seguirá exigiendo reformas al interior de esa justicia especial.
De mantenerse la JEP insistiremos:
1. Extradición por vía simple por delitos posteriores al 16-dic-2016;
2. Sanciones ordinaries por delitos contra niños;
3. No elegibilidad ni sanción alternativa a delitos atroces;
4. Alivio para FFAA
5. Otros— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 19, 2019
Entre las otras críticas, se encuentra también las hechas por el Fiscal General Nestor Humberto Martínez que coinciden en parte con las formuladas por el uribismo.
De manera que el presidente Duque puede objetar el proyecto de ley por dos razones: inconstitucionalidad y por considerarla inconveniente. Sin embargo, ya en este punto no se podría objetar por inconstitucional, ya que la Corte Constitucional realizó el examen sobre este asunto en agosto del año pasado.
No obstante, y pese a los pedidos indirectos de su partido, Duque no pensaría objetar la ley de procedimiento de la JEP.
“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto. A mí me parece que no le hace bien al país que delitos como la violación de niños puedan ser considerados, entre comillas, delitos del conflicto porque para mí no hay nada que justifique el atropello a un menor”, dijo.
El mandatario añadió que pese a de que no puede objetar la JEP, sí considera la posibilidad de presentar un proyecto de ley que permita que los delitos contra menores de edad no estén incluidos en los beneficios que reciben quienes se acogen a esta jurisdicción, creada luego de la firma de la paz con la exguerrilla de las FARC.