Este jueves se conoció el tan esperado informe de la presunta corrupción electoral en las pasadas elecciones para Congreso elaborado por la Fiscalía General de la Nación. Dentro de la denuncia se involucró a la senadora electa María Fernanda Cabal y a la representante Margarita Restrepo, ambas del Centro Democrático, movimiento del expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez.
Según el ente acusador, Cabal y Restrepo cometieron presuntos delitos de corrupción en los comicios legislativos de marzo pasado. También se confirmó que entre los congresistas implicados en compra de votos están dos de Cambio Radical.
Ante la acusación penal, la senadora Cabal sostuvo a través de su cuenta en Twitter que las afirmaciones del Fiscal son “irresponsables”.
“Qué irresponsable señor fiscal Néstor Humberto Martínez, señalarme cómo parte de una ‘red’ que indujo a electores a votar por mí, ¡entregando 200 mil COP en sobres como los mafiosos! Mi voto es de opinión. No tengo contratos ni mermelada con el Estado”, dijo.
Además, emitió un detallado comunicado rechazando las acusaciones de la Fiscalía en que presuntamente se había pretendido forzar a profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá a votar por el candidato Diego Caro y por ella.
“Cuatro años de férrea oposición al régimen no se traducen en burocracia. No tengo un solo contrato, puesto o entidad que esté al servicio de mi causa y públicamente he rechazado la forma vulgar como la ‘mermelada’ degradó la política”.
Fue vehemente al señalar que su campaña es mediática, de argumentos, controversia y opinión. “No de maquinarias políticas”, dijo.
Indicó que piensa colaborar con la justicia para aclarar los hechos que la vinculan en el caso de corrupción.
María Fernanda Cabal fue elegida senadora para la legislatura que apenas comienza con 37.905 votos. De ser probado el delito electoral el Consejo de Estado podría revocar la curul en el Senado.
Según la investigación de la Fiscalía, Margarita Restrepo, quien fue reelegida a la Cámara de Representantes, presuntamente ofreció a sus votantes viajes a San Andrés por un valor de USD $ 40.8 ($120.000 COP), tabletas a USD $ 10.2 ($ 30.000 COP) y televisores de 49 pulgadas a USD $ 119 ($ 350.000 COP) siempre y cuando votaran por ella a la Cámara de Representantes por Antioquia.
“Rechazo de manera enfática que personas inescrupulosas hayan utilizado mi nombre para estafar a los ciudadanos; se indica con claridad que todos los afectados dan cuenta de que yo no ofrecí producto alguno”, dijo Restrepo.
Uribe manifestó su descontento
El expresidente Uribe manifestó su descontento al figurar nombres de políticos de su bancada en los hechos de corrupción electoral. Señaló que de ser cierta la acusación haría mucho “daño” a la colectividad.
“Todos estos años el Centro Democrático denunciando corrupción, mermelada y que aparezcan candidatos nuestros en compra de votos, que daño hacen si esto fuera verdad”, señaló.
Me informa la comunidad, para que quede claro:
“Acaba de llamar el Fiscal a dar explicaciones en que Ma Fda no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos y que por ello, no había dado traslado a la Corte Suprema.
Qué tal!
Fusila mientras llega el juicio”
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2018
Sin embargo, Uribe minutos después manifestó que la comunidad le había informado que no hay pruebas para vincular a la investigación a la política del Centro Democrática dentro de la presunta corrupción electoral.
Durante las elecciones legislativas para el periodo 2018-2022 el Centro Democrático logró obtener 19 curules en el Senado y 32 en la Cámara de Representantes. También fue importante el resultado de Uribe al Senado al ser reelegido con 866.000 votos, convirtiéndose así en el político más votado para ocupar el cargo público.
Asimismo, el movimiento político obtuvo la mayor votación, cerca de 2.5 millones de votos y para Cámara de Representantes alcanzó 2.35 millones, superado solo por el Partido Liberal con 2.42 millones.
Red de compra de votos
El Fiscal Martínez afirmó que en Colombia hay una red de compra de votos para posicionar políticos en la legislatura. En este sentido, Martínez dio a conocer el material probatorio contra los miembros de varios partidos políticos que están inmersos en los delitos electorales que refieren a este delito.
De acuerdo con el fiscal, la red criminal tenía “2.323 líderes barriales y locales a su servicio que actuaron como mercaderes de grupos de elecciones en varias zonas”.
“Vendían paquetes de votantes para los candidatos. Los electores correspondían por lo general a personas de bajos recursos y poca escolaridad”, agregó.
De igual forma, la investigación apunta a verificar si desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a profesoras de la localidad de Kennedy votar por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos.