El desplazamiento masivo de personas sigue ocurriendo en Colombia, así lo informó la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
Según la organización uno de los principales detonantes de este fenómeno son los recientes enfrentamientos entre disidencias de la guerrilla de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que cientos de familias se han visto obligadas abandonar sus hogares en los últimos meses.
Al menos 138 personas en el mes de noviembre abandonaron sus hogares luego de presentarse —de forma recurrente— enfrentamientos entre estos dos grupos terroristas.
“Como consecuencia del enfrentamiento ocurrido el 27 de noviembre en la zona rural del municipio de Magüi – Payán (…) llegaron a la cabecera municipal unas 138 personas sumándose a las 71 desplazadas inicialmente”, dijo la Organización OCHA en un comunicado.
De acuerdo con Blu Radio a comienzos del mes de diciembre la guerrilla del ELN reconoció su autoría en el asesinato de 13 personas en el caserío de Pueblo Nuevo que hace parte del municipio de Magüí – Payán, en un enfrentamiento con disidentes de las FARC, quienes no se sometieron al acuerdo firmado entre la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y el Gobierno colombiano.
Por su parte, la Alcaldía de Magüí Payán ha manifestado no tener los recursos suficientes para continuar atendiendo a los desplazados. Según las autoridades, las personas desplazadas están alojadas en casas de familiares, amigos y en un colegio.
En el marco de implementación de los acuerdos de paz se ha desencadenado una pugna por el territorio que anteriormente era ocupado por las FARC.
En este sentido, disidencias de las FARC, guerrilla del ELN, guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) o su disidencia Los Pelusos y los grupos armados post desmovilización (GAPD) continúan ejerciendo presencia, expansión y reconfiguración del conflicto en sectores periféricos del país, obstruyendo y desplazando a miles de personas.
En el sector del municipio de Suárez – Cauca, se presentó un ataque que provocó un desplazamiento total de 473 personas agrupadas en 166 familias que se vieron obligadas a dejar sus hogares.
La Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas manifiesta que el enfrentamiento ocurrido fue entre “dos grupos armados no identificados”, que tuvieron registro el 7 y 8 de diciembre en el corregimiento Los Robles.
Sin embargo, El Espectador señaló que se trataría de una disputa entre las disidencias de las columnas Jacobo Arenas y la Miller Perdomo —de las disidencias de las FARC—, que buscan el control del negocio del narcotráfico en la zona.
De acuerdo con la OCHA, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) realiza atención en recuperación psico-afectiva de los ciudadanos que habitan en la vereda Los Robles, a través de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Mientras tanto, la fundación Tierra de Paz (TdP) realiza un censo para evaluar las necesidades de las familias tras los enfrentamientos.
Desplazados
En el informe el organismo establece que en 2017 un número de 139.359 personas fueron desplazadas de sus lugares originarios, que comparado con 2016 registró un incremento del 32 % en el que el 26 % son personas afrocolombianas e indígenas, la causa se debe al incremento de enfrentamientos de grupos al margen de la ley.
Por otra parte, los actores causantes del desplazamiento entre enero y octubre de 2017 fueron los grupos guerrilleros en un 29 %, Bacrim (agrupaciones de crimen y narcotráfico) en un 27 %, sin información un 39 % y otros en un 5 %. Además del incremento en los ataques en contra de la población civil en un 28 %, concentrados principalmente en zonas como el Pacífico y la Frontera.
En el accionar contra la población civil se han presentado: muertes (11), toma de rehenes (13), reclutamiento forzado (48), atentados (51), herida intencional en persona protegida (66), secuestro (72), homicidio intencional en persona protegida (332), amenazas tanto individuales y colectivas (619).
La presencia de estos grupos al margen de la ley se circunscribe a una toma y control de los territorios, así como el acaparamiento de rutas del narcotráfico en donde la población se ve altamente afectada al momento de estar entre el fuego cruzado.
De otro lado, Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán, denunció casos de extorsión a los habitantes de la zona a manos de la disidencia de las FARC, lo que viene afectando fuertemente a la economía de los ciudadanos.