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Tras los recientes brotes de corrupción en el sistema judicial colombiano se ha volcado la mirada hacia la Comisión de Acusaciones del Congreso, se señala a la entidad de ser inoperante y se plantea la idea de cambiarla por un Tribunal de Aforados.
Después de las investigaciones hechas por la fiscalía general de la Nación en donde los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte están implicados en casos de corrupción para favorecer congresistas desde sus cargos la crítica ha aumentado.
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De acuerdo con el portal Congreso Visible, la Comisión “está compuesta por 15 miembros. Es la encargada de preparar proyectos de acusación cuando hubiera causas constitucionales al Presidente, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Igualmente, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al fiscal general de la Nación”.
Esta comisión no ha logrado mucho, la poca gestión ha conllevado incluso a que el caso del expresidente Ernesto Samper denominado “el proceso 8000” se archivara. La propuesta ahora es la de eliminar dicha comisión y crear un Tribunal de Aforados el cual se encargará de investigar y acusar a los magistrados de altas cortes; Corte Constitucional, Consejo de Estado y Fiscalía General de la Nación.
“La Comisión de Acusaciones ha fallado en su funcionamiento, probablemente por la forma como se concibió desde el comienzo, pero claramente dentro de eso el procedimiento complejo que hay y por eso la propuesta fue modificar el órgano de instrucción, con el fin de que la etapa de juzgamiento sea hecha por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y quien va a realizar la investigación es un grupo compuesto por personas con los mismo requisitos para ser magistrados, y tengan la capacidad técnica para formular las acusaciones”, dijo el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
La mala fama de la comisión y la poca efectividad en su labor es el argumento para que sea reemplazada y modificada.
Angélica Lozano, parlamentaria del Partido Verde, y que estuvo en la Comisión, renunció a ella señalando que “La Comisión no cuenta con las herramientas que le permitan ejercer una buena investigación criminal y mucho menos contra el fiscal general de la Nación —que es investigado por esta misma comisión— , pues hoy nuestro cuerpo técnico de investigación resulta ser el mismo que orgánicamente se encuentra subordinado a él.”
Se espera que con el nuevo tribunal las investigaciones a quienes se ven involucrados en casos de corrupción sean efectivas y se logre un verdadero control político, y sea posible nuevamente recuperar la confianza en la administración de justicia en el país.
Fuente: Kien y Ke, El Colombiano
