English Version
El expediente que tiene la Fiscalía General de la Nación que llevó a prisión a nueve sospechosos del ataque al Centro Comercial Andino sigue generando dudas.
Según las autoridades dos hombres y una mujer ingresaron al Centro Comercial Andino el viernes 16 de junio en horas de la tarde. Estando en el centro comercial tratando de cambiar sus rasgos físicos utilizaron barbas falsas, pelucas y gafas oscuras para evitar ser identificados por el esquema de seguridad.
- Lea más: Experto del FBI apoya cobertura del PanAm Post sobre atentado terrorista en Centro Andino de Bogotá
El explosivo fue ubicado entre una lámina hueca entre las divisiones del baño de mujeres del segundo piso del centro comercial, a la altura del dispensador de papel higiénico. Fueron instaladas entre 700 u 800 gramos de amonal, lo que no fue percibido por el personal de aseo.
El artefacto habría sido ejecutado vía celular el sábado 17 de junio a las 5:10 pm (hora local). Según las autoridades, los capturados son los responsables del atentado de hace dos semanas en el Andino.
Igualmente, investigadores expertos en informática forense de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) analizan el contenido de 50 disquetes, 19 celulares, 8 tarjetas de celular, 23 dispositivos USB, 4 cámaras fotográficas y 5 cámaras nocturnas que fueron incautadas en los 12 allanamientos realizados.
En una columna publicada por el diario El Espectador el martes 4 de julio, el columnista Jorge Gómez, denuncia que la investigación del ataque al Centro Comercial Andino es “crónica de otro montaje anunciado”.
En el artículo Gómez plantea una paradoja y menciona que el atentado según autoridades fue organizado y ejecutado por gente de extrema izquierda pero que beneficia a los intereses políticos de la extrema derecha.
Y señala algunos “montajes judiciales” que han ocurrido en Colombia.
“Es cuando vienen a la memoria algunos ‘falsos positivos’ judiciales de circunstancias inquietantemente similares, como el asesinato de Gloria Lara en 1982 atribuido a la Organización Revolucionaria Popular -ORP – (solo cambia una letra con MRP), o las falsas capturas tras los asesinatos de Luis Carlos Galán y Jaime Garzón, realizadas con el propósito específico de desviar la investigación, como habría de comprobarse con el paso del tiempo”.
Menciona que, en el caso de la captura de los sospechosos del Centro Andino, la Fiscalía y la Policía han usado el término “trazabilidad”, para imputar varias culpas sobre los capturado. Dice que esa misma “trazabilidad”, “llevaría a pensar que se trata de un montaje donde se repite un modus operandi que ya ha sido escenificado, y con macabro éxito.”
Por otra parte, expone el linchamiento mediático que han tenido que soportar los sospechosos. Una filtración de pruebas que al parecer estuviese una mano negra tras ello para que sean juzgados antes de ser llevados a la justicia ordinaria.
Destaca que resulta descabellado imputar delitos a un grupo de jóvenes abogados y ‘revoltosos’ de izquierda, a los que la revista Semana llama “inadaptados extremistas” que posean toda la logística para poner el artefacto en el Andino para que posteriormente fuese activado.
Discute el hecho que ese mismo día del atentado no estuviesen funcionando las cámaras de seguridad en el Centro Comercial Andino y que ese fuera el motivo por el que la Fiscalía haya entregado inicialmente unos retratos hablados que inicialmente no correspondían con los sospechosos.
“Los organismos de seguridad entregaron a la opinión pública retratos hablados de dos de los supuestos implicados, cuya fisonomía en nada coincide con ninguno de los capturados.”
Según lo relatado, las autoridades dejaron a un lado un tweet del abogado penalista, Ramiro Bejarano, en el que asegura que fue objetada la declaración de la esposa de Richard Emblin, director del periódico City Paper, “según la cual cuando ella iba saliendo del baño donde luego explotó la bomba se encontró con un hombre en su interior, ¿a quién le peleó y le preguntó qué hacía allí?”.
Gómez expresa que el “linchamiento mediático” que se le ha dado al proceso, se le debería dar al documento expedido por la Fundación Defensa de Inocentes, presidida por Sigifredo López, donde quedan en evidencia las falacias publicadas por Semana (“asaltada en su buena fe”) y finalmente, que se demuestre que la intención de quienes filtraron tal información “es la de construir un proceso paralelo al judicial ante un medio de comunicación, con el único objetivo de presentar a los jóvenes imputados como responsables del atentado terrorista”.
Fuente: El Espectador, El Tiempo
