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Iván Ramírez León solo pudo disfrutar por un día de su libertad, fue requerido penalmente una vez más en el proceso que se adelanta contra los ocho sospechosos del ataque al Centro Comercial Andino en la ciudad de Bogotá.
Ramírez fue el último hombre en ser capturado por la explosión y que al momento de ser capturado fue sorprendido tragándose un dispositivo USB que al parecer tendría material importante que podría dar certeza sobre su responsabilidad en el hecho.
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La razón por la que Ramírez fue puesto en libertad se debe a irregularidades procesales al momento de su captura. Sin embargo, la fiscalía insiste en su culpabilidad y allego nuevas pruebas al proceso que relacionan a Ramírez con el Movimiento Revolucionario Popular (MRP) para así imputarle el delito de concierto para delinquir.
Por lo tanto, la jueza 47 de control de garantías de Bogotá ordenó la recaptura de Iván Ramírez León, alias “El Talibán”. Familiares advierten que es un sociólogo que realiza trabajo comunitario, pero la Fiscalía lo ve como el coordinador del ataque en el Centro Comercial Andino.
De acuerdo a los elementos allegados a la juez previamente recolectados a través de un registro en su domicilio en Usme pretende demostrar a la juez que el sospechoso estaría vinculado directamente con el atentado en Andino.
Los investigadores judiciales encontraron una especie de “bitácora”, en el que Ramírez controlaba “hora por hora” labores de inteligencia que, aparentemente, tres de los capturados hacían en el Centro Comercial Andino para planear cómo se vulneraría su seguridad.
Desde el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, se adelanta una investigación contra la juez que otorgo la libertad a Ramírez. De acuerdo el presidente de la institución «hay que analizar los elementos que tuvo el juez para determinar que el implicado no representaba un peligro para la sociedad, pese a que la Fiscalía había argumentado los hechos que lo relación con este caso y su posterior captura.»
Según el portal El Tiempo se expidieron dos órdenes de captura que hasta el momento se desconocen los nombres de los nuevos sospechosos.
Mientras tanto, familiares y apoderados de los sospechosos alegan que el proceso penal se trata de un “falso positivo judicial”.
La fiscalía ha reiterado que los sospechosos pertenecen al grupo guerrillero MRP, a lo que este grupo ha rechazado tales acusaciones y ha dicho que estas personas no pertenecen a ese movimiento.
“Rechazamos las capturas de las nueve personas presentadas en los últimos días, ajenas al Movimiento Revolucionario del Pueblo”.
Y añaden que este proceso consiste en un afán por parte del presidente Juan Manuel Santos y del fiscal general Néstor Humberto Martinez en mostrar resultados sobre el ataque, “dos expertos en falsos positivos que ofrecen a los colombianos un show mediático.”, afirman.
El MRP también reiteró el rechazo al atentado al CC Andino. “Como movimiento, reiteramos nuestro rechazo al atentado cobarde contra la población en el C.C. Andino. Vemos cómo ahora a los supuestos culpables se les achantan los nombres de pila o sus características físicas como alias, se repite la estrategia de casos anteriores en la que el mal gobierno se posiciona como la solución para el miedo generado por ellos mismos mediante atentados y una cacería de brujas indiscriminada”.
De otro lado, la denuncia de una de las sospechosas implicadas en el proceso, la abogada Alejandra Méndez, manifiesta que la juez del proceso está intimidando a los abogados de la defensa con ordenar investigaciones disciplinarias si los juristas persisten en hablar con los medios.
“Pasado el receso en la audiencia de imputación de cargos la juez 47 de control de garantías indicó que por una supuesta deslealtad de algunos de los abogados de la defensa (señalada por un periodista no identificado), advertía a los abogados sobre la iniciación de un proceso disciplinario en caso de algún pronunciamiento ante los medios de comunicación”, asegura.
