Ante la sala plena de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional radicó a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado un recurso de nulidad sobre la decisión del máximo tribunal constitucional.
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El gobierno considera que se violaron ciertas normas procesales, que hubo desconocimiento del precedente y que el magistrado Carlos Bernal Pulido no debió pronunciarse al respecto.
El documento que consta de 53 páginas, firmado por Juanita María López Patrón directora encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pretende revertir la decisión que condicionó la implementación del mecanismo fast track.
Estos son los argumentos:
- “Violación al debido proceso por pretermisión de una etapa trascendental del juicio de constitucionalidad, referente al trámite del impedimento y recusación, en detrimento grave del principio de imparcialidad. Esto en referencia al magistrado Carlos Bernal, de quien dice: “no estudió el caso ni permitió recusación”.”
- “Violación al debido proceso por haberse proferido una decisión sin las mayorías constitucionales requeridas, en la medida que uno de los cinco magistrados que apoyaron la decisión se encontraba materialmente en una situación de posible impedimento, que debía resolverse previamente y por ende no estaba habilitado para fallar.”
- “Violación al debido proceso por incongruencia en la sentencia. La hace inteligible en relación con la potestad o no del Congreso de la República para incluir modificaciones contrarias al contenido del acuerdo final.”
- “Violación al debido proceso por cambios injustificados del precedente, según la cual la Corte venía considerando que hacer votaciones en bloque y restringir únicamente al Gobierno la posibilidad de introducir cambios a un proyecto de ley, en determinadas materias, no vaciaba de contenido ni sustituía las funciones legislativas.”
- “Violación al debido proceso por ausencia de deliberación suficiente, teniendo en cuenta que uno de los magistrados se posesionó un día antes de fallarse la demanda.”
Menciona el recurso que los eventos descritos en los puntos que atacan la decisión judicial de la sentencia C-332/2017 transgredió garantías procesales mínimas.
Manifiesta que si bien el punto uno y cinco no son argumentos que encajen expresamente en las causales de nulidad previstas hasta ahora por la jurisprudencia colombiana, es cierto de igual manera que el trámite de nulidad de una decisión judicial ha tenido un desarrollo y construcción vía jurisprudencial, el cual se ha venido actualizando según las demandas del país y que en esta ocasión se somete a consideración por el tribunal constitucional.
Esta no es la única demanda que pide anular la decisión de la Corte Constitucional, a este se le suma la acción interpuesta por el líder guerrillero Jesús Santrich, en el que considera que la sentencia judicial debe anularse ya que hubo una “violación al debido proceso, como derecho fundamental en el Estado Social de Derecho”.
El subdirector de Noticias RCN, se pronunció al respecto en su cuenta de twitter
Jesus Santrich, a través de apoderado, ya había presentado solicitud de nulidad contra sentencia del fast-track. Ahora la pide el gobierno.
— Jose Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) June 16, 2017
Fuente: Blu Radio