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El gobierno de EE. UU. aseguró que es necesario volver a fumigar los terrenos de coca, «volver a destrozar estos campos», para controlar el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país.
Rex Tillerson, secretario de Estado de EE. UU., manifestó que el gobierno colombiano debe volver a la aspersión área de los cultivos de coca.
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El secretario de Estado se refirió a este tema junto al senador Marco Rubio en el marco de una audiencia pública sobre el presupuesto del Departamento de Estado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
«Las cifras de hectáreas cultivadas [con coca en Colombia] son increíbles», indicó Tillerson.
«El presidente [Donald Trump] habló con [el mandatario colombiano, Juan Manuel] Santos directamente sobre esto [durante su visita a Washington en mayo], y vamos a trabajar con ellos para hacer frente a ese asunto», respondió.
Durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington, Trump le manifestó su preocupación por el auge de los cultivos ilícitos en el país, en especial de la coca. En 2015, el gobierno colombiano suspendió la erradicación de cultivos ilícitos con el químico glifosato luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtiera que el uso de este químico podría causar cáncer, entre otras afecciones a la salud.
En 2016, se conoció la decisión de la Corte Constitucional colombiana que ratifica la prohibición del químico en el país. En la sentencia judicial manifiesta la alta corporación que se afectó derechos de habitantes de la comunidad indígenas Carijona en el año 2005. El fallo de tutela, prohíbe expresamente que, en adelante:
“se use o se retome el uso del herbicida glifosato en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en forma de aspersión aérea”.
Las FARC han apoyado estas decisiones relativas a parar el uso del químico.
Según estadísticas presentadas en Washington, las áreas cultivadas se han duplicado, pasaron de 47.000 hectáreas en 2012 a 97.000 en el 2015, cifra que bate los récords sobre la medición con años anteriores.
Las presiones vienen incluso desde la administración de Barack Obama por el uso del químico. Actualmente ambos países han contemplado la utilización de un químico con las mismas características, pero que este no afecte la vida humana y al medio ambiente.
Durante la audiencia pública, el senador Rubio mostró su “preocupación” sobre el acuerdo Santos-FARC, dijo que algunos puntos deben ser condicionados, ya que el gobierno estadounidense debe revisar los fondos con los que se está financiado parte del acuerdo entre el grupo guerrillero y el Gobierno Nacional.
Rubio fue vehemente en ratificar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), justicia encargada de investigar y juzgar los delitos más graves derivados del conflicto en el país, «pone a las FARC en el mismo nivel que a los miembros del Gobierno colombiano a la hora de procesarlos».
Finalmente destacó que miembros guerrilleros recluidos en ese país no deben ser pedidos en extradición por haber sido juzgados por delitos anteriores a la legislación de la JEP, menciona que esa guerrilla debería seguir «siempre» en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de EE. UU.
Fuente: Semana
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