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La senadora Paloma Valencia del partido político de oposición Centro Democrático, hace dos años fue objeto de rechazo por unas declaraciones sobre dividir el departamento del Cauca, mitad para la comunidad indígena y la otra mitad para mestizos.
La propuesta fue realizada en una época de tensión para el país debido a las protestas sociales convocadas por líderes indígenas que reclaman territorios ancestrales en el norte del Cauca.
“Propongo un referendo o una consulta para que el departamento del Cauca se divida en dos. Un departamento indígena y otro para los mestizos”, explicó la senadora.
Sin embargo, la propuesta que inicialmente fue rechazada y tildada de “despectiva y racista”, podría tener vida jurídica. En el momento se lleva a cabo una iniciativa para la formación del departamento 33 de Colombia, básicamente estaría conformado por lo propuesto por la congresista Valencia; un departamento para los mestizos y otro para indígenas y negros, conformado por 13 municipios del norte del Cauca.
La propuesta liderada por la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Aconc, junto a otros líderes y organizaciones sociales de la zona se tramitaría en el Congreso de la República vía fast track.
¿Por qué vía fas track? El argumento principal es que tales zonas sean consideradas como una forma de reparación integral a las víctimas que viven en esa región. Además, que esos municipios del Cauca han sido los que más han recibido violencia.
“Justamente los municipios de la zona son los más afectados por el conflicto armado y prueba de ello es que tenemos 70.000 víctimas registradas”, argumentó el exalcalde de Buenos Aires y exdirector ejecutivo de la Asociación de Municipios del Norte del Cauca, Clemente Lucumí.
La propuesta para algunos es descabellada y sin sentido. Para Víctor Hugo Moreno, presidente de Aconc, no es así, “si fallamos por el mecanismo fast track, lo haremos a través de una consulta popular”.
Por ahora existe un problema jurídico. La legislación colombiana no es clara al momento de cómo se constituye un departamento en el país, si bien este proceso se realiza por medio de Congreso y que tales reglas deben quedar consignadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, no hay referencias legales que señalen los requisitos y exigencias para hacerlo.
La única luz jurídica hasta ahora es una sentencia judicial del Consejo de Estado, máximo tribunal administrativo, en noviembre de 2013 en respuesta a una consulta interpuesta por el Ministerio del Interior en el que se decantó dos aspectos; hasta el momento no existe en la Ley Orgánica que reglamente los procedimientos legales para crear nuevos departamentos ya sea a través de desmembramiento de un ente territorial o segregación de otros. Pese a esto, el Congreso tiene la potestad de hacerlo a través del mecanismo constitucional de consulta popular.
La iniciativa de la creación del nuevo departamento en el norte del Cauca podría tener viabilidad jurídica y social, pero esta depende de un fuerte respaldo político. El gran impedimento con el que se enfrenta la iniciativa sería de carácter político, fiscal y electoral.
En este caso, si los promotores logran que congresistas respalden la iniciativa, es probable que en algunos meses se hable en Colombia de la creación del departamento número 33, la cual tendría origen gracias al acuerdo Santos-FARC.
Fuente: Semana
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