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El presidente Joe Biden acaba de terminar el primer año de su presidencia, y el único asunto que a nadie parece agradar acerca del primer año de la administración es la inmigración. Los republicanos dicen que él ha establecido fronteras abiertas, y los inmigrantes responden que él ha hecho casi nada para mejorar su situación en relación con aquella durante los años de la administración de Trump. La verdad está en la mitad del camino, pero los inmigrantes están más cerca de esta.
El presidente hizo campaña como el candidato más pro-inmigración desde Lincoln. Pero lejos de abrazar las fronteras abiertas de los Padres Fundadores, el presidente Biden ha facilitado solo marginalmente emigrar legalmente a EE. UU. Él ha dejado pasar más oportunidades que las que ha aprovechado para mejorar el sistema de inmigración legal, y el resultado es un caótico lío que no funciona para los inmigrantes y para los estadounidenses que desean interactuar con ellos.
El enfoque de gran parte del debate político a lo largo del año giró en torno a la política fronteriza. La patrulla fronteriza se topó con números cada vez mayores de inmigrantes, llevando a que los republicanos acusen a la administración de “las fronteras abiertas”. Pero el verdadero procesamiento en la frontera era tan draconiano como siempre. Biden continuó expulsando a los inmigrantes, enviándolos de vuelta a México —igual que su antecesor— pero logró que México acepte incluso más inmigrantes que Trump.
Los centros de detención a lo largo de la frontera todavía estaban abrumados, y en septiembre, EE. UU. presenció el espectáculo de la patrulla fronteriza capturando a decenas de miles de haitianos en un campamento rancio sin siquiera alimentos durante semanas. Luego procedió a expulsarlos y devolverlos a Haití —un país que el Departamento de Estado dice que es demasiado peligroso para viajar, incluso para los estadounidenses que pueden pagar por los hoteles más agradables y la mejor seguridad.
Estos inmigrantes, que estaban buscando solicitar asilo como la ley lo permite, no lo pudieron hacer en los puertos legales de entrada porque la administración de Biden les ha prohibido solicitar asilo en estos puertos. Esto les dejó sin otra alternativa que cruzar ilegalmente.
A otros inmigrantes que buscan permiso legal de entrada tampoco les fue mucho mejor durante gran parte del año. Hasta fin de año, el equipo de Biden mantuvo los consulados y embajadas de EE. UU. cerraron para el procesamiento de visas, mientras que mantuvieron una prohibición de viajes “no esenciales” a través de la frontera terrestre con México y Canadá. El presidente incluso restauró la prohibición de viajes para los europeos incluso después de que el presidente Trump la había removido, eventualmente removiéndola para favorecer una prohibición de viajes a aquellos que no están vacunados.
La administración de Biden mantuvo un sistema de procesamiento de visas diseñado por el presidente Trump para excluir a los miembros familiares de ciudadanos estadounidenses que están sujetos a las cuotas anuales, así como también los ganadores de la lotería de la visa por diversidad. La administración no logró procesar decenas de miles de green cards. En 2021, el Gobierno de EE. UU. desperdició alrededor de 400.000 espacios en la cuota para visas autorizadas por el Congreso en virtud de los programas de visas temporales y permanentes.
El procesamiento de visas todavía no está ni remotamente de vuelta a los niveles anteriores a Trump, con esperas extremadamente largas y muchos consulados estando cerrados o parcialmente cerrados. Alrededor de medio millón de inmigrantes que están tratando de convertirse en residentes permanentes están esperando por citas y, a la velocidad actual, tendrán que esperar más de un año y medio.
Biden no logró evacuar a gran parte de los aliados en riesgo de EE. UU. en Afganistán, y su administración todavía está negando la solicitud de ellos hoy. Admitió la menor cantidad de refugiados en la historia del programa de refugiados. La administración está presidiendo un retraso de otras solicitudes de beneficios migratorios —incluyendo la autorización de empleo para 1,5 millones de personas— que es el retraso más grande de la historia.
El hecho es que el nuevo presidente no ha introducido un cambio significativo en el sistema migratorio. Tal vez el aspecto más perjudicial del legado de Biden hasta ahora ha sido su uso continuo de los poderes extraordinarios de Trump para prohibir a los inmigrantes. Su uso repetido de prohibiciones de países enteros y la prohibición de conceder asilo en la frontera detrás de la fachada de controlar la pandemia ha socavado cualquier esperanza de que estos poderes puedan ser controlados o limitados bajo la administración de otros presidentes.
Si le hubiese ordenado a sus agencias decidir las demandas en contra de estos, y poner en reversa las políticas de la era de Trump, estos poderes podrían haber sido un desvío breve y anómalo del Estado de Derecho.
Pero al continuar utilizándolos y defendiéndolos en las cortes, el nuevo presidente le dejará al próximo presidente que desee restringir la inmigración un arma legal cargada para matar el sistema de inmigración legal. Ese es un legado que pocos podrían haber imaginado cuando el candidato Biden condenaba los abusos de Trump.
El periodo del presidente Biden no se ha terminado. Él tiene tiempo de rescatar su legado de inmigración y ya está apartándose de algunas políticas malas de este último año, pero el primer año no es uno que muchos inmigrantes recordarán con cariño.
David J. Bier es un analista de política migratoria en el Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
