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Mientras la Junta Militar de Myanmar procesaba a la querida líder prodemocrática del país, Aung San Suu Kyi, por presunta violación de las restricciones de la COVID, los funcionarios australianos se dedicaban a humillarse a sí mismos en un trato similar dado a la estrella del tenis serbio Novak Djokovic.
Djokovic, el tenista masculino número uno del mundo, viajó a Melbourne para defender su título en el Open de Australia. Pero fue detenido por la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) tras aterrizar en el aeropuerto de Tullamarine. El gobierno del estado de Victoria le había concedido una exención sanitaria al mandato nacional de vacunación del país, que exige que todos los visitantes extranjeros se vacunen contra el COVID-19, alegando que se había recuperado recientemente del virus. Pero la normativa federal del país no reconoce la inmunidad natural como alternativa a la vacunación, y la ABF consideró inválida la exención de Djokovic. Los funcionarios lo retuvieron durante ocho horas antes de enviarlo a un centro de detención médica improvisado en un hotel en ruinas para esperar una audiencia.
La llegada de Djokovic desencadenó una cadena de políticos australianos que declararon que no tolerarían doble estándares: que sus normas de COVID se aplican tanto a los deportistas ricos y sanos como a todos los demás, independientemente de su situación inmunitaria. La visa de Djokovic fue cancelada; al nueve veces ganador del Open de Australia se le dijo que no se le permitiría jugar. “Aunque el gobierno de Victoria y Tennis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Open de Australia, es el gobierno de la Commonwealth el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana”, declaró la ministra del Interior, Karen Andrews. “Si un individuo que llega no está vacunado, debe proporcionar una prueba aceptable de que no puede ser vacunado por razones médicas”.
Por desgracia, se reveló que el propio gobierno estaba violando su propia palabra cuando canceló el visado de Djokovic. Tras ser desterrado al hotel convertido en refugio para refugiados, se suponía que tenía hasta las 8:30 de la mañana del día siguiente para consultar a sus abogados y presentar pruebas en su defensa. Pero la ABF canceló sumariamente su visado a las 7:40 de la mañana, impidiéndole presentar su caso. En la audiencia del lunes, el juez Anthony Kelly restableció el visado de Djokovic, diciendo que las acciones del gobierno eran “irrazonables”. “Todos jugamos con las mismas reglas”, dijo Kelly, pero en este caso, “esas reglas no fueron observadas”. En su prisa por lanzarle el libro de reglas a Djokovic, los funcionarios australianos se excedieron y lo tiraron por la ventana.
Muchos se enfurecieron porque el gobierno falló. Un titular decía: “La exención de la vacuna en el Open de Australia consolidará a Novak Djokovic como el principal villano del tenis”. Otro decía: “Djokovic ganó su caso en la corte, pero pocos australianos se alegran”. El periodista intentaba explicar por qué, diciendo que “para millones de australianos, los recuerdos de los cierres fronterizos inflexibles y otras restricciones pandémicas permanecen frescos”.
Para entender la reacción a la situación de Djokovic es necesario comprender lo que los australianos han sufrido en los últimos dos años.
Los australianos han conseguido mantener el recuento de víctimas mortales relacionadas con el COVID asombrosamente bajo, llegando a pasar más de tres meses sin informar de una sola muerte por COVID en todo el país. Pero esto ha tenido un costo tremendo, no sólo para la economía australiana, que está experimentando su primera recesión en treinta años (como es lógico, a pesar de los enormes paquetes de estímulo), sino también para las familias y la salud mental de millones de australianos.
Un factor masivo fue la adopción por parte del país de una estrategia de supresión de “cero COVID”. Los estrictos límites a las llegadas internacionales impidieron que decenas de miles de ciudadanos australianos volvieran a casa, algunos de ellos varados en el extranjero durante meses y otros durante más de un año. A los que estaban en Australia se les prohibió salir y las prohibiciones de viaje impidieron incluso que la gente viajara de un estado a otro, lo que significó que las familias se separaran cuando más se necesitaban. Las ciudades australianas también impusieron algunos de los cierres más estrictos y prolongados del mundo. Melbourne se cerró seis veces en los últimos dos años durante un total de 263 días. Sólo Yangon (Myanmar) obligó a sus ciudadanos a permanecer aislados durante más días en total.
El país comenzó finalmente a abrirse de nuevo el pasado otoño, en consonancia con el aumento de las tasas de vacunación, estimulado por mandatos de vacunación “increíblemente amplios”, como dijo un abogado. Sin embargo, esto también coincidió con la aparición de la variante Omicrón. Así que, a pesar de todas las privaciones impuestas al pueblo australiano en los últimos dos años, el recuento de casos del país se ha agudizado en un pico vertical.
Australia finally began to ease restrictions last fall in line with rising vaxx rates, spurred by incredibly broad vaxx mandates. But then came Omicron. So, despite all the privations forced on Aussies over the past 2 years, their case count has sharpened into a vertical spike. pic.twitter.com/qyvrNYGlon
— Jon Hersey (@revivingreason) January 13, 2022
Entonces, llega un atleta rico, joven y sano que se atreve a cuestionar a las autoridades y a mantener su derecho “a elegir lo mejor para mi cuerpo“. Obviamente, parece injusto que una persona no tenga que seguir las reglas que todos los demás tienen que seguir. Dicho esto, la sola aplicación coherente no hace que una norma sea justa. La pregunta que prácticamente todo el mundo se hace es: ¿No debería Djokovic seguir las mismas reglas que los demás? Pero la pregunta más importante de cualquier regla es: ¿Debería existir esta norma?
Es difícil imaginar una cuestión más controversial que los mandatos de vacunación (excepto quizá el aborto). Por un lado, todo individuo tiene derecho a su propio cuerpo, lo que incluye el derecho a decidir qué entra en él. Por otro lado, algunos dicen que la gente tiene derecho a no ser infectada y este derecho supera el derecho de otras personas a no vacunarse. Como argumenta la Unión Americana de Libertades Civiles, “las vacunas son una intrusión justificable en la autonomía y la integridad corporal”. Esto puede sonar ominoso, porque todos tenemos el derecho fundamental a la integridad corporal y a tomar nuestras propias decisiones en materia de salud. Pero estos derechos no son absolutos. No incluyen el derecho a infligirle daño a otros”.
Sin duda, es cierto que infectar a otras personas a sabiendas viola sus derechos, un hecho con graves implicaciones para la aparición de Djokovic -sin máscara- en una sesión de fotos con niños poco después de dar positivo con COVID-19.
Pero, ¿existe realmente, como implica este argumento, el derecho a la seguridad frente a enfermedades transmitidas a través del aire, un derecho que justifica la “intrusión en la autonomía y la integridad corporal”? Si es así, y si el trabajo del gobierno es proteger los derechos, entonces se deduce que el gobierno debe definir la “seguridad” en este contexto y hacer cumplir los derechos a la seguridad de sus ciudadanos. De este modo, un gobierno tendría autoridad para hacer lo que hizo el gobierno australiano: impedir que las personas regresen a su país, se reúnan con sus familias, abandonen sus hogares y, en general, sopesen los riesgos por sí mismos y actúen como consideren oportuno. En otras palabras, si las personas tienen un derecho a la seguridad, entonces el gobierno tiene la autoridad, a la hora de aplicarla, de ignorar muchos otros derechos fundamentales. Si esto es cierto, entonces las personas tienen derechos que necesariamente requieren una violación de los derechos de otras personas. ¿Cómo puede ser eso posible?
Este enigma pone de manifiesto el problema de equiparar el derecho a la vida con el derecho a la seguridad. Simplemente, vivir no es seguro; como dice el refrán, las únicas cosas seguras en la vida son la muerte y los impuestos. Vivir de verdad, en lugar de limitarse a sobrevivir, requiere que asumamos todo tipo de riesgos para hacer de nuestra vida lo que queremos. Por eso la gente conduce carrosy vuela aviones, come pescado crudo y hace parasailing, tiene relaciones sexuales sin protección y emprende negocios que otros consideran temerarios. El derecho a la vida no es un derecho a la salud y la seguridad. No es un derecho a imponer nuestras preferencias riesgosas a otras personas. Es el derecho a actuar según nuestro propio criterio para hacer que nuestra vida sea lo mejor posible, siempre y mientras no violemos los mismos derechos de los demás.
Parece que la mayoría de los australianos nunca aprendieron esto o lo han olvidado. El lado positivo del caso Djokovic fue que presentó una oportunidad para recordarlo, o para aprenderlo.
Los atletas profesionales son algunas de las personas más sanas del mundo y Djokovic puede estar en el 1% superior incluso en esa categoría. Sin embargo, lo que prácticamente todos los comentaristas no han reconocido es que el trabajo de la vida de este hombre depende de su salud, que es una función de lo que pone en su cuerpo. Aunque podamos estar en desacuerdo con su evaluación de los riesgos y beneficios de las vacunas COVID, está claro que el hombre no está loco por dudar o incluso resistirse a inyectarse algo que considera innecesario dado su contexto, incluidos sus objetivos, valores, situación de salud actual, etc. Lo que han hecho la mayoría de los comentaristas es ignorar ese contexto. Han pretendido que la vacunación no plantea riesgos graves, aunque es un hecho documentado que sí los plantea. Y lo que es peor, han pretendido que tienen el conocimiento y el contexto necesarios para tomar esa decisión por otro ser humano, un ser humano que probablemente piensa más en la salud y el bienestar de lo que la mayoría de la gente pueda imaginar.
Por supuesto, si Djokovic estuviera actualmente infectado, estaría mucho más justificado restringir sus viajes y mantenerlo alejado de un evento en el que podría infectar a otros. Pero no lo está, y considerando el momento de su reciente infección y recuperación significa que en realidad hubiese estado en su pico de inmunidad durante su estancia en Australia.
Claramente, el fiasco de Djokovic en Australia tiene poco o nada que ver con la salvaguarda de la “salud pública”. Las declaraciones pretenciosas de los funcionarios australianos han tenido el tinte de un vigilante de pasillo de instituto ansioso por poner al chico popular en su sitio. La única respuesta posible al “¿por qué?” que plantea la situación de Djokovic es: “¡Porque yo lo digo!”, una flagrante demostración de músculo autoritario.
En un primer momento, el espectáculo fue contraproducente y podemos agradecer a los restos de la sociedad civil del país -su separación de poderes y su proceso de revisión judicial- el haber finalizado el espectáculo, aunque sólo sea temporalmente. Aun así, el teatro COVID continúa porque una laguna en estas salvaguardias dio al Ministro de Inmigración, Alex Hawke, autoridad unilateral para cancelar la visa de Djokovic por segunda vez, lo que hizo el viernes, sólo tres días antes de que comenzaran los partidos del Open de Australia. Hawke dijo que lo hizo por “motivos de salud y buen orden, sobre la base de que era de interés público hacerlo”, y añadió que él y el gobierno australiano están “firmemente comprometidos con la protección de las fronteras de Australia, en particular en relación con la pandemia de COVID-19”. Incluso, aparentemente, contra los no portadores que no suponen ninguna amenaza.
Lo quiera o lo odie, Djokovic le dio a los australianos una valiosa oportunidad para detenerse, reflexionar y reconsiderar las implicaciones de los derechos individuales en las medidas relacionadas con la pandemia. Por desgracia, han cometido un doble error.
Nota del editor: Este artículo se actualizó el 14 de enero de 2022, tras la segunda cancelación del visado de Novak Djokovic por parte del Ministro de Inmigración, Alex Hawke. Se vuelve a publicar con permiso de The Objective Standard.
Jon Hersey es director editorial de The Objective Standard , miembro e instructor del Objective Standard Institute y miembro de Hazlitt de la Fundación para la Educación Económica .
