Las peticiones de indagar sobre la manipulación de fondos que maneja el Gobierno interino de Juan Guaidó vienen de todos los frentes. Desde el chavismo, que se explaya en sus intervenciones a acribillar a la oposición desde el Palacio Legislativo —tomado bajo la artimaña de las elecciones del 6D— y desde los principales partidos que conforman la coalición opositora para exigir rendición de cuentas en pro de la transparencia puesta en duda por múltiples casos de presunta corrupción que ha salido a la luz pública. Pero, ¿qué pasa cuando los investigadores terminan sumando más irregularidades a los casos objeto de investigación?
En dos frentes políticos donde casi nunca hay congruencia, hoy —sin ponerse de acuerdo— todos exigen cuentas claras a Juan Guaidó. Es perentorio. Casos como el de la Comisión de Contraloría que involucra a los llamados ‘diputados CLAP’ —sobre el que se ha guardado absoluto silencio— merecen una explicación. Tanto los investigados como quienes se adjudicaron el papel de investigadores tiene mucho qué explicar.
No se trata de una queja aislada. De hecho, el propio comisionado presidencial de Relaciones Exteriores, Julio Borges, denunció que el régimen de Maduro está “emprendiendo una guerra sucia” contra las fuerzas democráticas del país. Este hecho le llevó a insistir en la necesidad de “mostrar los resultados concretos de las investigaciones que hemos solicitado, con el fin de aclarar si hubo un manejo transparente de los fondos públicos”. Así lo expresó en su cuenta en Twitter.
El origen: las cartas de “buena conducta”
Y es que entre los múltiples tropezones que ha tenido el interinato —conocidos hasta el momento— figuró el entramado de corrupción que involucra a diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional venezolana. Parte de ellos hoy son recordados en gran medida por presuntamente estar vinculados con negocios y trámites que lavaban la imagen del colombiano Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Cabo Verde desde junio pasado.
Como se recordará, la táctica constaba en entregar «cartas de buena conducta» a empresarios cercanos al chavismo a cambio de pagos. En estas cartas los diputados daban fe del carácter impecable de una serie de empresarios que poseían lazos con el chavismo. Las misivas eran enviadas a instituciones como la Fiscalía de Colombia, así como también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los acusados de hacer estos “favores” a Saab y otros socios son, entre otros, Freddy Superlano, quien ejercía entonces como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría; Conrado Pérez, vicepresidente; así como los integrantes de esta comisión Richard Arteaga, José Brito, Chaim Bucaran, Adolfo Superlano, Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas. También aparece el nombre del diputado José Luis Pirela, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior; y el parlamentario Luis Parra, quizás el más polémico.
Luis Parra se desempeñaba como presidente de la Subcomisión de Recursos Naturales de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático durante 2019, aprovechando para atribuirse ciertas licencias bajo el cobijo del parlamento opositor. Parra se prestó además para presidir una fallida directiva de la AN promovida por el régimen para buscar destituir a Guaidó. Hoy, Luis Parra es parte de la Asamblea írrita que el chavismo eligió el 6 de diciembre.
Las omisiones de los investigadores
De acuerdo con un informe de la Comisión Especial para la Investigación que intervino a los “diputados CLAP”, al que tuvo acceso PanAm Post, existieron numerosas irregularidades con estos parlamentarios, los cuales hoy —a pesar de ser señalados— no han rendido cuentas. Pero lo más preocupante es que parece haber existido una intención de “salvarlos” y a las irregularidades de los investigados se sumaría ahora la omisión deliberada de los investigadores.
Esta Comisión Especial la conforman los diputados Édgar Zambrano (presidente), Marialbert Barrios y Stalin González. La función de secretario quedó en manos de José Luis Cartaya. La novedad del asunto radica en el hecho de que el mencionado informe que presentó Zambrano nunca se aprobó. Fuentes a las que tuvo acceso PanAm Post aseguraron que este documento no logró el consenso de la comisión y, por lo tanto, sus integrantes nunca lo firmaron.
“Fue un informe evidentemente insuficiente, con el que se buscaba más proteger a algunos responsables que hacer una investigación a fondo”, señalaron las fuentes.
Dada la falta de consenso que impidió la aprobación del informe, se presentaron una serie de recomendaciones que fueron del conocimiento de todos los integrantes de la comisión así como de los jefes de fracción de todos los partidos políticos de la coalición opositora. No obstante, fueron ignoradas.
Entre las recomendaciones destacaban la anulación de todas las “cartas de buena conducta” emitidas por la Comisión de Contraloría desde 2016, la prohibición a futuro de la emisión de este tipo de cartas, así como declarar la responsabilidad política del diputado Freddy Superlano como principal responsable de las irregularidades encontradas en la investigación.
“Quieren evitar declarar responsabilidades, quieren salvar a Freddy Superlano y, lo peor, no quieren prohibir las cartas de buena conducta ni anular las pasadas, que son una aberración”, concluyeron las fuentes.
Las irregularidades de los investigados
El informe de la Comisión Especial que nunca se aprobó determinaba que se cometieron irregularidades en el registro de entrada y salida de correspondencia, alteración en el asiento de estas en los libros correspondientes, los cuales habrían sido manipulados indiscriminadamente por personas ajenas a la Comisión de Contraloría. Se evidencia además que se emitieron comunicaciones durante el receso parlamentario y que existen comunicaciones firmadas por el presidente de la comisión en fechas en las que se encontraba fuera del país.
En el mencionado documento también se detallaba que “algunos diputados realizaron viajes a Europa, donde sostuvieron encuentros y consignaron documentos en nombre de la Comisión Permanente de Contraloría, sin autorización ni aprobación en el seno de la misma. De acuerdo con sus declaraciones al momento de comparecer ante la comisión investigadora, afirmaron que dicho viaje fue financiado por empresarios y amistades cercanas en virtud de que ellos no podían costear dichos gastos”.
De la misma forma, se agrega en las declaraciones que “en los diputados que asistieron a dichos viajes se denotan contradicciones e incongruencias en relación con la emisión de cartas de ‘buena conducta’ en favor de investigados por la Comisión Permanente de Contraloría, inconsistencias en las fechas de emisión de dichos documentos y niegan haber firmado los mismos”.
A la fecha de consignación del informe de la comisión que investigó estas regularidades en 2019, ninguno de los organismos a los que se les dirigieron comunicaciones con el fin de corroborar la veracidad y exactitud de dichas cartas de “buena conducta”, han dado respuesta alguna sobre las mismas. Esto imposibilitó y disminuyó el trabajo de esta comisión investigadora.
“Como consecuencia de lo anterior se destaca que fueron emitidas en nombre de la Comisión Permanente de Contraloría, falsas pruebas de finiquitos en favor de ciudadanos y empresas que aún están siendo investigados por ésta. Por lo que los parlamentarios que suscribieron dichos documentos pudieran encontrarse inmersos en la comisión de los delitos de falso supuesto de hecho, concierto para delinquir y fraude administrativo, además en franca violación a los artículos 197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, concluye el informe.
El dinero de los sobornos
Estos artífices investigados recibieron sobornos, cuyo monto asciende hasta los 3,5 millones de dólares, de acuerdo con la periodista Maibort Petit. Los pagos habrían sido por esconder los documentos y las investigaciones hechas desde el parlamento que sustentaban las acusaciones que recaen contra Álex Saab.
Según un informe citado por Petit, cada diputado habría —supuestamente— recibido 400.000 dólares, a cambio de “esconder” el expediente de la investigación por lo que la justicia estadounidense pide que sean interrogados.
Aparte de esa cifra, se suman 10000 dólares mensuales durante 2019 (120.000 dólares anuales) y 100.000 dólares más por cada gestión realizada.
La crisis interna en Voluntad Popular por salvar a Superlano
Este caso generó en septiembre del año pasado una crisis interna en el partido Juan Guaidó, cuando la Comisión de Resolución de Conflictos (CRC) de Voluntad Popular renunció en pleno por discrepancias con parte de la cúpula que impidió la expulsión del diputado Freddy Superlano por su responsabilidad en el otorgamiento de las cartas de “buena conducta” al testaferro de Nicolás Maduro. La información también la dio a conocer la periodista Maibort Petit.
Citando fuentes internas, la investigadora y politóloga venezolana afirmó en ese momento que Mariana Campos Villalba, Marcos R. Carrillo, Eduardo Noguera, José Alberto Perdomo y Gustavo Luis Velásquez presentaron su renuncia el 16 de septiembre de 2020.
La razón de la dimisión en pleno habría sido la presión que recibieron del Equipo Nacional de Activistas (ENA) para impedir la expulsión del diputado Freddy Superlano. La CRC había aprobado expulsar al parlamentario por vinculaciones con el caso de Álex Saab.
De acuerdo con la información, en la presión contra la CRC influyeron 5 miembros del ENA: el fundador del partido, Leopoldo López; el coordinador de Política Nacional, Emilio Graterón; el coordinador Operativo Nacional, Ronald Carreño y los diputados Freddy Guevara y Olivia Lozano.