Lo he dicho hasta el cansancio: Nicaragua es un caso extremadamente similar al de Venezuela, pero el del país centroamericano es menos mediático. Mucho tiene que ver que la tiranía chavista, además de sangrienta, tiene nexos con las peores mafias del mundo; y ha generado un éxodo masivo terrorífico. De hecho, se estima que hay más de siete millones de venezolanos en el exilio. Ahora, si bien el número de nicaragüenses es mucho menor, la realidad de estos exiliados no debería pasar desapercibida para nadie. Solamente en Costa Rica hay unas 80 000 personas con solicitudes de refugio activas y, extraoficialmente, unas 100 000 personas han salido del país después de la rebelión en el 2018. Además, se maneja que entre el 30 y el 40 % de esas personas está en situación de vulnerabilidad o en condiciones poco favorables. Un número gravísimo.
Los exiliados nicaragüenses en todo el mundo sufren de múltiples fenómenos: explotación con mala remuneración, situación de irregularidad migratoria, desempleo, indigencia y, en algunos casos, una creciente xenofobia que causa repulsión, en especial en Costa Rica, es el país más «afectado» por esta migración forzada debido al azote del sandinista Daniel Ortega.
Testimonios de protagonistas: huir para vivir
Leana Pérez, quién fue una de las tantas exiliadas que conversó con el PanAm Post, se encuentra en San José, capital de Costa Rica. Ella está desempleada —aunque tiene un negocio de costura— y salió por la persecución de la tiranía de Ortega:
Mi familia y yo participamos activamente en la lucha del 2018 y también estuve en un partido político opositor, por esa razón, a nosotros se nos empezó a acosar y asediar, puesto que la localidad donde vivíamos estaba llena de afines al régimen.
La zona a la que Leana hacía referencia era Managua, la capital; y el partido político al que hace mención es Ciudadanos por la Libertad. Pérez comenta que fue testigo de cómo el régimen de Ortega maniobró un fraude en los comicios municipales de noviembre del 2017, «estuvimos activos en la campaña electoral y pudimos ver de primera mano todo el montaje fraudulento de la dictadura, es increíble como ellos violentan la ley electoral, fue muy duro enfrentarse a esa gente porque ellos tienen todo el aparato para fraguar el fraude a su gusto y antojo». Leana comenta que las irregularidades fueron varias, incluso sufrieron acoso durante todo el proceso. Al final del día, cuando llegó el momento de firmar el acta, esta era ilegible e inverificable, además, quienes tenían la presidencia y vicepresidencia de la mesa eran nada más y nada menos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que históricamente ha sido un partido socio del tirano Ortega de la mano de Arnoldo Alemán.
La diseñadora menciona que, incluso, por presentar la denuncia y no tener afinidad política con el FSLN, la amenazaron de muerte. Su caso, notoriamente, no es el único: «Por eso es que la mayoría de los que estamos en el exilio no vemos con buenos ojos el proceso electoral que se avecina, porque creemos que las condiciones no están dadas».
La madre de familia espeta que una de las cosas más tristes, además de lo complejo de vivir en el exterior, es el hecho de que diversos factores de oposición, que deberían estar en sintonía con todos los nicaragüenses, invisibilizan a los exiliados por no compartir visiones o agendas políticas: «Hay muchos movimientos supuestamente opositores que quieren ir a elecciones con Ortega, y muchos de los exiliados sabemos que esto no es posible, por esta razón, nos tienen abandonados e invisibilizados, porque no coincidimos con su visión».
Hay que recordar que muchos de los exiliados nicaragüenses, en especial los que están en Costa Rica, son personas que estuvieron en los tranques de otrora gran rebelión de abril del 2018. Los que más estuvieron en los frentes de resistencia fueron jóvenes estudiantes y campesinos, que son, sin lugar a duda, los sectores que más han sufrido la represión sanguinaria de la tiranía sandinista encabezada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
La situación de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica se agravó a raíz de la pandemia afirma Leana y añade que es decepcionante cómo las organizaciones no están logrando ayudar a los exiliados: «En un inicio nosotros pensamos que algunas de las organizaciones, supuestamente creadas para el apoyo de los exiliados, se pondrían las pilas y apoyarían a las familias que están en un estado de vulnerabilidad más preocupante, pero no pudieron lograrlo». Pérez continúa la conversación alegando que «las quejas con ACNUR son reiteradas», y que ella esperaba que algunas organizaciones iban a ejercer un papel «más enérgico para ayudar a los casos más serios», cosa que, lastimosamente, nunca ocurrió. La realidad es que las fundaciones no están dando abasto. Están completamente superadas.
También lamenta que la situación no es fácil, ella, pese a que es diseñadora y está haciendo prendas para rebuscarse, comenta que no tiene empleo y que se encuentra con su esposo —también asediado por el régimen y que fue fiscal municipal de las elecciones mencionadas— y sus dos hijos, ambos en edades de estudio, pero tan solo uno está contando con educación. De todas maneras, Eleana reconoce que muchos connacionales están en peor situación que ella. «Hay exiliados que la pasan tan mal que atraviesan situación de calle», espeta.
Ella intentó armar un proyecto para apoyar a mujeres nicaragüenses. Como modista, intentó conseguir el apoyo – proveniente de almas caritativas de EE. UU – para conseguir máquinas de coser sencillas para cada una de las mujeres que ayudaría y les dictaría cursos de corte y confección, pero la pandemia impidió que esta noble iniciativa se llevara a cabo.
Leana mantiene que Costa Rica ha recibido muy bien a los nicaragüenses, no obstante, como ya son tantos los exiliados en el país tico y la situación de vulnerabilidad es cada vez mayor, está siendo preocupante como aumenta la xenofobia. Claramente, esto no es un problema del país, ni de su gente o autoridades; es el problema de algunas cuantas personas que se ven amenazadas por los nicaragüenses exiliados.
Carla Sequeira, directora de la asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH), habló con el PanAm Post sobre el porqué los nicaragüenses empezaron a migrar casi masivamente y cómo es que Costa Rica se ha convertido en el principal receptor de este exilio:
Lamentablemente los nicaragüenses han tenido que salir del país por diferentes razones, desde el estallido social del 2018 nosotros teníamos un registro de más de 3 000 ciudadanos nicaragüenses que solamente habían salido para Costa Rica, que, por ser país más cercano, es por donde los nicaragüenses pueden llegar más rápido o incluso pasar por puntos ciegos fronterizos. Pero ese número ha incrementado a números altísimos. Luego es cierto de que se han marchado a otros países, como Guatemala, Panamá, España, etc., pero Costa Rica es el que más nos ha abierto las puertas por su cercanía.
Señala que, posterior a la rebelión del 2018, el régimen de Ortega lanzó la operación limpieza, que era prácticamente «perseguir y asesinar a todo opositor que se le pusiera en frente». A raíz de eso, las personas huyeron como pudieron. Muchas de ellas dejaron sus casas, sus trabajos, patrimonios y salieron a la deriva; en muchos casos solo con la ropa que llevaban sobre la piel y a cuestas.
De igual forma, si bien el aumento de los exiliados llegó de la mano con la persecución, también hay que destacar que la crisis económica en Nicaragua generó un aumento de la migración; la falta de poder adquisitivo y el alto costo de la vida en comparación con el salario es la clara muestra de ello.
Sequeira, pese a reconocer que muchos exiliados salieron por diferentes problemas, espetó que todos tienen algo en común: «el régimen de Ortega no les dejó desarrollarse». Si bien los tranques en el 2018 hicieron que se cerrara el comercio, no puede dejar de señalarse que aquel que ose a culpar a los tranques por la crisis económica y a las malas políticas de la tiranía sandinista es que simplemente le está haciendo juego a Ortega. Obviamente, Nicaragua vive del comercio y del turismo, y las manifestaciones afectaron esos dos rubros, pero eso no exime del fracaso al sandinismo sanguinario.
Una denuncia importante de la asesora es que la migración no solo fue hacia el exterior, sino que, debido a la persecución de las fuerzas del régimen, hubo una alta migración interna. Es decir, gente que estuvo en la lucha y en la rebelión debió moverse constantemente a lo largo y ancho del país para no ser detectada.
La trágica situación afuera del país
«Los nicaragüenses atraviesan circunstancias extremadamente difíciles afuera del país, a pesar de que Costa Rica abrió sus puertas, en otros países —como Panamá— la mayoría no pudieron conseguir un estatus migratorio. Al contrario, a muchos se le regresó al país», aseveró Sequeira.
La asesora explicó que, debido al aumento masivo de la migración en territorio tico, la xenofobia en Costa Rica hacia los nicaragüenses ha ido en curva ascendente, al igual que la indigencia y las personas en situación de vulnerabilidad: «Obviamente muchos de los arribados a Costa Rica no tenían la posibilidad se sacar sus papeles migratorios ni tampoco los recursos económicos para mantenerse durante mucho tiempo, esa situación significó que muchos nicaragüenses terminaron viviendo en las calles». De hecho, Sequeira menciona que en Costa Rica la mayoría de las personas en situación de indigencia son, justamente, personas de Nicaragua que salieron en el contexto de las protestas del 2018 y la posterior operación limpieza.
Uno de los datos más estremecedores que Sequeira soltó fue que «la CPDH asume que más del 40 % de los nicaragüenses que están fuera del país se encuentra en condiciones que no son las adecuadas y en estado de vulnerabilidad».
La funcionaria de la CPDH relata que tras el aumento masivo de la migración la realidad es que las organizaciones, instituciones y fundaciones están completamente saturadas y no dan abasto. Por ejemplo, las solitudes de refugio han aumentado tanto que, de un tiempo para acá, prácticamente se ha hecho imposible conseguir una cita de refugio. «Hay gente que llegó entre diciembre de 2018 y enero del 2019 que ni siquiera ha podido conseguir o terminar el proceso de solicitud refugio, y lo peor es que en Costa Rica se necesita documentación para hacer cualquier cosa, es un país bastante estricto en ese sentido». Este trámite, que antes era manejado en uno o dos meses, ahora sobre pasa un año, explicó Sequeira.
La pandemia, un punto de inflexión para reforzar lo negativo
La coordinadora de la CPDH en Costa Rica, Angélica Baltodano, aseguró que hasta el 2019 habían más de 80 000 nicaragüenses solicitantes de refugio. Un número que refleja la gravedad del asunto en cuanto a la cantidad de solicitudes. Hay que recordar que Costa Rica es un país relativamente pequeño, con una población total que apenas supera los cinco millones de personas, así que el impacto de 80 000 extranjeros es notorio en el balance final.
Baltodano asevera que la pandemia les propinó un fuerte impacto a los exiliados: «Si ya de por sí el grado de vulnerabilidad era bastante alto, la crisis económica generada por el virus ha provocado que muchos nicaragüenses hayan perdido sus empleos y, con ello, sus ingresos. Por ende, les tocó volver a su país, aunque la cifra de retornantes no es exacta».
Si bien es un número pequeño, durante junio, según datos de migración, hubo 27 nicaragüenses que renunciaron al estatus de refugiado. Este número en sí no implica nada, pero sí demuestra que hay una leve tendencia a regresar a Nicaragua por la imposibilidad de subsistir en el exterior, aunque esto ponga en riesgos su vida.
También hay que remarcar que no todas las personas van a ir hasta migración para dejar su estatus de refugio. Luego hay muchas que atraviesan pasos fronterizos para regresar al país, las fronteras están cerradas y la solución inmediata es una trocha. De igual forma, los que salen de Nicaragua siguen siendo más de los que vuelven.
De hecho, este año las solicitudes de refugio que ha contabilizado la CPDH hasta junio, era de 8 400 personas. «Este número es muy bajo para nosotros, pero debe ser por el cierre de fronteras y la pandemia», dijo Baltodano.
Sobre los casos de xenofobia y el aumento denunciado, Baltodano espeta una realidad: el caso de la xenofobia de costarricenses hacia nicaragüenses es algo más histórico y que, de hecho, haciendo una comparación, la situación ha mejorado considerablemente con respecto a veinte años atrás. El problema es que la pandemia, como bien comenta la coordinadora de la filial de la CPDH en Costa Rica, se ha prestado para que algunos ticos insinúen y acusen a los nicaragüenses de una problemática crucial: exportar el virus de Nicaragua a Costa Rica.
Como en el país regido por Ortega no se tomaron medidas sanitarias —más allá del cuidado ciudadano por iniciativa propia— las autoridades locales ticas implementaron una retórica que causó cierto malestar entre los nacionales al señalar a los nicaragüenses como exportadores del virus. Claro, algunos costarricenses habrán pensado que, en efecto, como los nicaragüenses no se cuidan y están cruzando la frontera ilegalmente, están trayendo el virus a su país. Aunque esto no esté verificado. «Esto causó que la población costarricense, no en su totalidad, sino un porcentaje no tan grande, empezara a mostrar ese rechazo hacia los nicaragüenses, especialmente a través de redes sociales», señaló la funcionaria de la CPDH.
Algunas de las consignas repercutidas entre los comentarios xenófobos eran de la naturaleza «Fuera los nicas porque nos traen el virus». Una de las consignas que Baltodano resaltó es que se empezó a instaurar la matriz de que los nicaragüenses le estaban quitando el servicio médico a los nacionales, «eso es falta de conocimiento», indica la coordinadora. «Los nicaragüenses, aunque estén acá, tienen que pagar una prueba de COVID-19 si es que la requieren. Costa Rica cobra el test a menos que tengas un síntoma y te lo tengan que hacer para verificar si tienes o no el virus».
Baltodano comentó que después del 2018, la aporofobia —el rechazo a los pobres—– es otro fenómeno social que se ha venido incrementando. Aunque mencionó que, si bien existe un alto número de pobreza dentro de los exiliados, también es cierto que la migración no es negativa ni mucho menos. De hecho, hay muchos jóvenes capaces, con estudios secundarios culminados o incluso profesionales, que se han visto en la obligación de huir del régimen de Ortega.
También es vital mencionar que la xenofobia o la aporofobia no es un mal de los países, simplemente hay seres miserables en todos lados. Generalizar a los costarricenses por una minoría es hacer exactamente lo mismo que los xenófobos.
Dicho eso, la crisis económica y laboral en Costa Rica ha impactado estruendosamente al país, la tasa de desempleo llegó al valor histórico del 20,1 %, la caída del PIB llegaría a la cifra del 9 % y se estaría hablando de la peor crisis desde 1982.
Por supuesto, esto impacta muchísimo al país, tanto a nacionales como extranjeros, pero con quien se ensañará es con aquellos que están en una situación de vulnerabilidad dramática. Al menos, cuando estás en tu país, puedes contar con manos amigas o familiares; cuando no lo estás, a veces solo te queda tu obstinada persistencia por sobrevivir. Es eso o la macabra soledad del hundimiento.
En España, lejos de todo
«Salí de Nicaragua el primero de octubre del 2019. Tengo diez meses de estar acá», manifestó el señor Jaime Ampié Toledo, promotor de derechos humanos de la CPDH y un expreso político del régimen sandinista, que ahora se encuentra en España.
Toledo estuvo once meses y veinte días entre dos prisiones de máxima seguridad en su país. Veinte días fueron en el Chipote y los once meses «en la 300», ambas cárceles donde el régimen sandinista tortura y comete delitos de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad de Ortega secuestraron a Toledo, en un principio, bajo los cargos de «portación ilegal de armas y de exposición de personas al peligro», conforme fue avanzando el proceso penal, llegando al juicio, el exiliado comenta que «para lograr una sentencia la juez cambió la tipificación del delito y nos acusó (eran varios procesados) de asesinato frustrado y de intento de homicidio». A Toledo le impusieron una condenada de diez años con seis meses. El activista formó parte de los tranques y la rebelión de abril del 2018, por ello el régimen fue tras él como contra muchos otros.
A Toledo también le encarcelaron a sus dos hijos mayores. Comentó que en El Chipote «si no morís es por obra y gracia de Dios, pero ahí vas a sufrir lo inimaginable».
Jaime lamenta la situación de los exiliados en España: «Tenemos muchos hermanos nicaragüenses que llegaron, pero no tienen el refugio o el asilo migratorio, y esto es por mero desconocimiento, vos cuando llegás a territorio español tienes un mes para solicitar el asilo, y hay hermanos con más de un año aquí que no sabían de esa situación. Ahora están en la disyuntiva legal de que, si van a pedir su asilo, corren el riesgo de que los devuelvan a Nicaragua, y ese es un temor muy grande porque su vida correría peligro de ser así».
Para diciembre del 2019 el número de exiliados nicaragüenses en España eran de 6 851, según documentó Confidencial. El aumento de la represión y la persecución por parte de Ortega ha impactado directamente en el número de solicitudes de protección a este país; en el 2018 fue de 1 368, en 2019 el aumento exponencial hizo alcanzar la cifra de 5 483.
Toledo comenta que muchos exiliados, al no poder conseguir un trabajo por no contar una residencia o un estatus de refugiado o asilado, están trabajando en negro; con todo lo que eso puede implicar, claro. «Muchos de los nicaragüenses en España están en una situación laboral difícil, no pueden acceder a un trabajo estable, tienen que trabajar como se le dice aquí, en negro, sin contrato y sin nada. De hecho, yo, en este momento, me han renovado dos veces a lo que se le dice tarjeta blanca, pero ahora en agosto se me vence la tarjera y me debería tocar ya la tarjeta roja; pero ahora eso se da es por cita y se obtienen vía online, el problema es que la página no me deja, dice que no hay citas disponibles».
Toledo lamenta que el permiso que tiene se le vence el 26 de agosto, y que para julio ya le deberían haber dado una cita; la solicitud, hasta ahora, ha sido imposible. Menciona que con la tarjeta roja él ya podría buscar un trabajo formal y que su estadía la ha costeado él, contando con la ayuda de sus familiares y la iglesia. «Ahora mismo estoy desempleado, quiero trabajar, pero no es fácil conseguir sin los permisos».
Jaime, como promotor de derechos humanos, conoce la situación de los exiliados en Costa Rica y la considera «aún más caótica». El expreso político espeta que hay muchos nicaragüenses en situación de calle, sobre todo aquellos que ya venían con un estatus económico bajo. Señala que muchos jóvenes que estuvieron en la lucha la están pasando realmente mal: «Hay muchos jóvenes de barrio y de grupos juveniles que atendieron el llamado de la lucha de abril y apoyaron a las universidades cuando estas llamaron a la rebelión. Sin esos jóvenes, la masacre en las universidades hubiera sido total. Estos chicos, que tuvieron una gran labor repeliendo a las fuerzas del sandinismo, se encuentran en situación de calle».
Toledo señala que hay exiliados desde antes del 2018 enfocados en ayudar a los nicaragüenses en situación de vulnerabilidad: «conozco el caso directo de Noemí Pavón, quién ha estado gestionando paquetes de comida, pero la cantidad de exiliados en Costa Rica puede sobre pasar los 70 000, es demasiado y eso complica mucho a quiénes se proponen a darles una mano». El activista señala que se están llevando procesos —mediante abogados— para que a muchos exiliados se les otorgue el estatus de refugiado de la manera más rápida, pero eso se ha «aletargado por el COVID».
La política y los intereses, siempre inmiscuidos
Al ser preguntado por cómo se le está ayudando a los nicaragüenses además de los casos puntuales de otros exiliados, Toledo fue enfático en señalar un problema estructural con las fundaciones y organizaciones que yacen en Costa Rica para darles apoyo a estas personas en situación de vulnerabilidad: «El gran problema de Nicaragua es el aprovechamiento político de algunos grupos con los exiliados. Te hablo de supuestos opositores, que, en realidad, son opositores funcionales, que entran y salen del país como si nada y no parecen perseguidos por el régimen la verdad. Ellos están usando a los exiliados para fines personales y partidarios, por eso la ayuda no llega como debe llegar; porque tienen un manejo similar a los que es el sandinismo nicaragüense: ¿estás conmigo o no?». El activista se refirió específicamente a dos grupos: la Unidad Nacional de Azul y Blanco y a la Alianza Cívica.
El exiliado mencionó uno de los casos más famosos como ejemplo, el de doña Francisca Ramírez “Doña Chica” —una líder campesina— y su familia, en una disputa con varias familias campesinas por un problema de tierras que hubo en la zona de Upala; en Costa Rica. El PanAm Post, anteriormente, contactó a Arlen Cruz —otro miembro del movimiento campesino que es uno de los protagonistas de la historia— para conversar sobre esta situación.
En la ciudad fronteriza de Upala, doña Francisca y su familia tienen un terreno, a nombre del cuñado de La Chica puntualmente, en esos terrenos, varias familias campesinas se hospedaron tras un acuerdo con Doña Chica para trabajar las tierras. Pero, después de un tiempo, la relación se fue deteriorando con el manejo por parte de la familia de Ramírez con algunas ayudas de organizaciones y de la Acnur para apoyar a los campesinos que estaban en estas tierras.
El movimiento campesino es uno de los partidos opositores más radicales contra el sandinismo, es de los que más bajas —asesinatos por parte del sandinismo en el poder— ha tenido en estos años de lucha y es de los que más aceptación tiene en la sociedad nicaragüense.
Toledo comentó una anécdota con Doña Chica: «Yo con ella tuve un choque en el empalme de Guaco. Estábamos diez personas allí, a veces llegaban más, pero no eran grandes cantidades, en la noche nos quedábamos de guardia unas cinco personas y te podía caer la guardia y matarte. Entonces ella llegó un día para tomarse fotos con la hija de Mónica Baltodano, yo le dije: “señora Ramírez, me puede facilitar su número de teléfono”, y no me lo dio, al final le di mi contacto a su ayudante para que me llamara ante cualquier cosa, pero antes de irse le dije: “señora, ustedes que dicen que tienen al campesinado organizado y que tienen gente en San Pedro de Loba nos podría reforzar en el empalme porque nos cae la guardia y nos mata a todos estos chavalitos, aquí nos barren”. Ella me respondió “métanse para los cerros”, esa fue la gran propuesta de ella».
El exiliado fue durísimo: «Te puedo decir que, con conocimiento de causa, que detrás de ellos están fuerzas políticas que quieren captar la lucha y el dolor del exilio para vivir de ello. Y la peor desgracia para Nicaragua es eso, que las ambiciones personales de muchos han hecho que muchos nicaragüenses en el exilio estén viéndola terrible».
Otra de las entrevistadas —previamente citada—, Leana Pérez, comentó un caso puntual y preocupante, que es el formulario entregado por una ONG dónde, además de preguntar varios datos personales, estaba una demanda insólita: «¿A qué líder político azul y blanco apoya usted?». Esta misma situación fue denunciada por periodistas nicaragüenses en el exilio, como Gemma Serrano, que les pareció indignante que preguntaran tantos datos y hasta consultar por una preferencia política para ayudar a los exiliados. Pérez comentó que, pese a que ella tiene necesidades, no se expondría a ella ni a su familia —con su nombre y sus datos— para recibir una ayuda humanitaria.
Guatemala, menos caótico, pero problemas similares
PanAm Post contactó a la periodista Gemma Serrano, exiliada en Guatemala, quien comentó que en ese país es muy difícil obtener cifras exactas de cuántos nicaragüenses hay porque las autoridades migratorias son muy estrictas, pero que la cifra debe rondar entre los 8 000 y 10 000 exiliados; lo que no implica que la estadía sea fácil por tener muchos menos exiliados que en Costa Rica:
La situación de los exiliados en Guatemala es muy difícil por dos cosas: no hay ninguna organización que nos apoye de momento, se ha solicitado a Acnur el apoyo para algunas familias, pero, según ellos han dicho, no han realizado sus procesos migratorios debidamente y que por lo mismo no les pueden dar atención; y lo otro es que, precisamente, los exiliados no podemos optar a trabajos formales porque se necesita el DPI, que es la identificación oficial de Guatemala. Entonces, para obtener el DPI rosado, que es el que se les otorga a los refugiados en el país, es un proceso largo, engorroso y caro; porque al menos a mí, ya me otorgaron el refugio, ya yo estoy refugiada legalmente, pero para iniciar el proceso migratorio para el DPI tengo que pagar entre 600 y 800 dólares que es un dinero que no tengo.
Para tener en cuenta, en Nicaragua una persona puede ganar entre 122 y 274 dólares mensuales en el empleo formal. Eso como salario mínimo. El problema es que el trabajo formal en Nicaragua es entre el 70 y el 80 %, es decir, mucha gente ganas menos del salario mínimo; además, una canasta básica tranquilamente puede costar el doble, según fuentes consultadas. «La canasta básica ronda los 15 000 córdobas, unos 400 dólares». De hecho, en Nicaragua muchas familias dependen de las remesas del exterior para poder alimentarse balanceadamente.
En términos concretos, el poder adquisitivo y de ahorro en ese país es muy pobre, así que raramente los exiliados llevan una cantidad de dinero suficiente para poder hacer un proceso migratorio y obtener una residencia. Para los que ya están trabajando la situación no varía mucho. Si bien el salario es mucho mejor en Guatemala (380 dólares aproximadamente) la capacidad de ahorro tampoco es que sea muy grande, y los gastos en el exilio, sumado a las cuentas, se llevan cualquier tipo de ingreso con el que se pueda contar. Recordando, además, que se trabaja en negro y los salarios son peores.
Serrano comenta que la situación de los exiliados nicaragüenses se la presentó, a través de una carta, al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei: «Le planteé que la situación de los exiliados era que necesitamos tener la posibilidad de acceder a empleos estables para poder mantenernos en el país. También le mencioné que nosotros estamos agradecidos con Guatemala por todo lo que ha hecho por nosotros, pero que tampoco queríamos ser una carga para el país, que queríamos aportar; nuestra principal demanda era trabajar y ser una fuerza útil. Estamos más que claros que ningún país tiene la obligación de mantenernos en su tierra sin hacer nada, nosotros queremos trabajar».
La periodista aseveró que el «el trato que nos han dado nuestros hermanos guatemaltecos ha sido el mejor», al contrario de lo que ocurre en Costa Rica, donde hay una creciente xenofobia. Serrano menciona que en Guatemala la gente ha sido muy receptiva y amistosa con los nicaragüenses y que esto es fundamental, porque si, además de salir a una tierra extraña a empezar de cero, te toca lidiar con malos tratos, la situación se vuelve más cuesta arriba: «La gente cree que la vida del exiliado es sencilla, que te tienen todo servido en la mesa y no, no es así, no niego que hay exiliados que la pasan muy bien —en su mayoría políticos o dueños de ONG—, pero nosotros salimos sin nada a levantarnos desde abajo y luchando contra las restricciones de los países a donde vamos. Por esta razón es importante que donde te reciban las persona sean atentas y compresivas, también es muy importante que entre nicaragüenses nos ayudemos, porque una depresión afuera puede resultar muy peligrosa».
Como bien se puede deducir, el exilio es algo duro, nadie merece irse de su tierra forzadamente, como les ha ocurrido a los nicaragüenses, como también a los cubanos y a los venezolanos. Por ello, entre otras muchas razones, sueño con el día de ver a estos tres países abrazando la libertad. Mientras tanto, a seguir visibilizando estas conjeturas tan preocupantes.