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Una semana atrás, el 30 de julio específicamente, la presidente de la actual junta directiva AD HOC de la empresa colombo venezolana Monómeros, Carmen Elisa Hernández, “rindió cuentas” ante la Asamblea Nacional sobre el estado financiero de la compañía y los números de la gestión del año 2019. Ante esta situación, la periodista Patricia Poleo de Factores de Poder, emprendió la labor de verificar los datos proporcionados por Hernández y la veracidad de sus relatos ante los diputados de la AN.
Su conclusión fue contundente: la gestión de la junta directiva del gobierno interino en el manejo de la empresa Monómeros ha tenido diversas irregularidades, malos manejos y una rendición de cuentas bastante ambigua y poco realista ante los diputados de la asamblea. También malos números, de hecho, una de las preguntas principales del artículo es por qué una empresa, en teoría bien manejada, ha dado pérdidas en el 2019 y recién para el presente año se estiman números que no sean negativos.
Señala la investigación de Patricia Poleo que Monómeros en los años previos a las sanciones —2015, 2016 y 2017— dio siempre saldos positivos. En el año 2018, con las restricciones de las sanciones para que la empresa no pudiera acceder a préstamos bancarios y divisas para compra de materia prima, la compañía colombo venezolana decreció y generó una pérdida de USD 17.744 millones.
De la comparación entre los años 2018 (último año de gestión chavista) y 2019 (gestión de la junta directiva adjudicada por el gobierno interino) se obtiene que las pérdidas de Monómeros, si bien bajaron a USD 6.862 millones, es decir, se redujeron pérdidas de USD 10.882 millones, aún siguen siendo preocupantes y más aún cuando recién para el año 2020 se proyecta que la empresa llegará al margen de “no pérdidas”.
Esto es preocupante, pues Monómeros, tal y como indica el informe de la presidente de la junta directiva, Hernández, está a su máxima capacidad, pero aun así está dando a pérdidas. Esto, tal vez, puede entenderse desde un punto de vista empresarial, que una empresa no pueda recuperarse tan rápido o que pasará equis cantidad de tiempo para que vuelva a dar ganancias, el problema es que debe explicarse con lujo de detalles al momento de rendir cuentas; fue esto lo que no hizo la junta directiva AD HOC.
En el sentido de las utilidades, el trabajo de investigación arrojado por Patricia Poleo señala que en “la página oficial de la Superintendencia de Sociedades, desde el año 2014, Monómeros ha dado utilidades entre 10 y 20 millones de dólares al año”, mientras que, las utilidades proyectadas por Hernández para el 2020 son de apenas 1.839.000 USD. Monómeros, debe recordarse, es unas de las empresas más grandes en Colombia en el área de productos químicos básicos e intermedios para la industria y el sector agropecuario.
Las bajas ventas no son culpas de las sanciones
En la “rendición de cuentas” de la presidente Hernández a la Asamblea Nacional se preguntó el por qué las ventas de Monómeros habían bajado, en especial cuando Fedeagro ha intentado desarrollar acuerdos con la empresa colombo venezolana. Hernández, en su exposición, señaló que “la baja de las ventas al exterior se debe porque dejamos de vender y exportar productos a Venezuela”, explicando, posteriormente que “nosotros (Monómeros) no podemos vender nuestros productos ni comprar materia prima a ningún proveedor que provenga de Venezuela por el tema de las sanciones”. La presidente arguyó que las licencias de las OFAC son muy específicas en esos temas y que entendía las necesidades de Fedeagro y del agro venezolano de contar con fertilizantes. “Entiendo lo que cuesta importar estos productos desde otros destinos en cuantos a los costos”, finalizó.
Esta aseveración de Hernández es, cuantos menos, reveladora, porque la Guía Del Departamento del Tesoro para el tema de las sanciones es clarísima y contundente: “La Orden Ejecutiva congela propiedades e intereses del gobierno de Venezuela, pero no prohíbe transacciones que involucren al gobierno de Venezuela si se relacionan con la compra de comida, ropa y medicinas que se utilicen con la intención de aliviar el sufrimiento humano”. Existe, también, una licencia llamada 4C que permite la exportación o reexportación de productos agrícolas (entre otros) a Venezuela, donde entrarían los fertilizantes.
Si ya de por sí la falta de precisión en la “rendición de cuentas” resultó preocupante, agravada por la displicencia de las autoridades de la Asamblea Nacional para realizar preguntas pertinentes (solos los periodistas han hecho el intento por llegar al fondo de la cuestión), la investigación de Factores de Poder al mando de Patricia Poleo espeta una denuncia aún mayor: el contrabando del fertilizante Nutrimón —marca de Monómeros— desde Cúcuta a Venezuela.
Según resuelve la investigación de la periodista, el fertilizante es, primero, vendido en Colombia en la ciudad de Cúcuta, este fertilizante reconocido como triple 15 marca Nutrimón pasa por la frontera hacia Venezuela y termina en manos de militares del régimen bajo la fachada de AgroSum. El fertilizante llega a Guárico y a otras regiones del país en lo que calificaría como una actividad de contrabando pura y dura, completamente ilegal, donde Monómeros estaría siendo, por supuesto, participe al vender los fertilizantes en Cúcuta en vez de intentar resolver una exportación directa.
El reportaje de investigación de Poleo señala directamente la complicidad de la junta directiva y que las ganancias de las actividades contrabandistas estarían elevando las cifras de ventas nacionales del informe de Monómeros: “Estas exportaciones que no son legales y que no pueden sumarse a las finanzas de Monómeros en el renglón ‘exportaciones’, son las que han abultado las cifras en el renglón ‘ventas nacionale’. Hay información de complicidad de personas relacionadas a la actual directiva de Monómeros, con el negocio del contrabando del fertilizante Nutrimón en la frontera”, indicó el artículo.
La defensa de Hernández
Luego de que saliera una primera entrega de la investigación en Factores de Poder, Carmen Elisa Hernández ha facilitado entrevistas a medios como Caraota Digital donde sostuvo una conversación con Pedro García Otero de poco más de veinte minutos para hablar sobre la gestión de Monómeros.
Hernández señaló que la gestión del interinato hizo que la empresa pasara de estar prácticamente quebrada a dar señales de ganancia para el 2020, también indicó que el régimen de Nicolás Maduro, a través de Pequiven, intentó sacar dividendos de hasta USD 20 millones a la empresa en 2018, cuando, según indica la presidente, ya Monómeros estaba en números rojos.
La presidente hizo hincapié en destacar “la victoria” de la junta AD HOC en recuperar 17 millones de dólares de los veinte que el régimen intentó saquear: “La empresa presentó unas pérdidas en el año 2018 de prácticamente 20 millones de dólares, sin embargo se decretaron estos 20 millones de dólares en el 2018 como dividendos y la manera de obtener esos dividendos para el régimen fue decidir que cuando hubiese flujo de caja fueran enviando ese dinero a Venezuela, lograron hasta marzo transferir 3 millones de dólares, por eso como indica la jefa de Pequiven nos apoyó en esto y se hizo el reverso de estos dividendos a los estados financieros de la empresa nuevamente, logramos reversar esos 17 millones de dólares con el apoyo del accionista”, pero el artículo lo rebate y señala que, en realidad, Pedro Lugo, quien era el gerente saliente que todavía conservaba la potestad sobre las cuentas en el exterior, “fue el que reversó los 17 millones de dólares desde un banco en Europa donde Monómeros tenía la cuenta. Lugo no los envió a Venezuela, sino que los transfirió a la cuenta de Monómeros en Colombia para ponerlos a la disposición de la nueva Junta Directiva”.
En la entrevista con Otero la presidente volvió a destacar, al igual que en la “rendición de cuentas”, que la empresa pasó de estar “quebrada” a tener unas proyecciones de utilidad entre 1.8 y 2 millones de dólares para el presente 2020. Esto ya lo había adelantado la periodista Patricia Poleo en su artículo publicado el 3 de agosto, pero sus preguntas y dudas siguen sin responderse: ¿por qué una empresa con la capacidad operativa al mismo nivel, sin sanciones impuestas, con el apoyo del gobierno colombiano y sus instituciones, están dando un margen de ganancia ínfimo con respecto a los balances de los años previos al 2018? Una duda válida, pertinente y clave que merece ser aclarada.
También en dicha conversación se destaca que la empresa “recuperó la confianza de sus proveedores y de los clientes, ganó espacio perdido en el mercado y ha pasado de estar intervenida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia a operar independientemente”.
Denuncias graves de malos manejos que apenas empiezan
Más allá de que la presidente de la junta directiva destaque los logros de la gestión, las denuncias de la periodista Patricia Poleo son gravísimas, en una segunda entrega de su trabajo de investigación titulado “Las preguntas sobre Monómeros que no hicieron los diputados”, la autora dio a conocer varias situaciones que fueron evitadas en la rendición de cuentas:
- Caso de aeronaves. La gestión anterior chavista habría contratado a la empresa Servicios Aéreos y Catering S.A.S, propiedad de Pedro Sbert, sin permisos de vuelo y “con sobreprecios” según la junta directiva que decidió cortar el contrato, pues Monómeros salía claramente perjudicada de este acuerdo. El problema es que, cuando los aviones no tienen permisos de vuelo y realizan trabajos internacionales, usualmente significa que están siendo utilizados con fines ilícitos —narcotráfico lo más común– pero la junta directiva ni notificó esto a las autoridades colombianas ni presentó una demanda para no pagar la recisión de la clausula contractual. ¿Por qué? Es la pregunta que debe ser respondida por Jon Bilbao, el primer gerente de esta junta designada por el presidente Juan Guaidó y quién, en lugar de ir a denunciar esta empresa, decidió pagar una suma de más de un millón de dólares para rescindir el contrato.
- El contrato Merco–Monómeros. Una de las denuncias de Hernández en su “rendición de cuentas” ante la Asamblea Nacional, era que una de las empresas —de nombre Merco y que no nombró en la rendición— tenía un 70% de contratación de contratos en la operación logística y mantenimiento. Lo que la presidente señaló es que Monómeros, es decir, la junta AD HOC, dio por finalizado el contrato porque estaban estipulado por “unos montos” y un periodo de 43 meses. Como los montos finalizaron antes de los 43 meses, Monómeros quiso finalizar y dar por terminado el contrato, por contraparte, Merco arguye que ahora la empresa colombo venezolana tiene que pagar clausulas por rescisión. Hernández, en primera instancia, admitió que intentó demostrar que estos contratos eran ilegales, cuando en realidad no lo eran, estaban en el marco de la ley colombiana y finalizaba recién en enero del 2021. “Según expertos en litigios de este tipo que fueron consultados en Colombia, resarcir a la empresa Merco por haber terminado el contrato antes de tiempo, costará a Monómeros, es decir a la nación, una gran cantidad de millones de dólares”, señala la investigación de Patricia Poleo. Además, Merco era una empresa que tenía más de 42 años de relación con Monómeros.
- Más allá del error de cálculo de la junta AD HOC que le puede costar mucho dinero al país, lo más preocupante de este episodio, y que es denunciado en el artículo, es lo siguiente: “Lo que no contó Carmen Elisa Hernández en la rendición de cuentas a la AN, es que al romper el contrato con Merco, la junta Ad Hoc que ella encabeza contrató a dedo a la empresa Trading Group para toda su logística. Esta empresa está siendo investigada por la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia por corrupción en relación a alimentos destinados a la población colombiana atendida en Pandemia”.
Conclusión de una investigación en desarrollo
La investigación de Patricia Poleo en Factores de Poder con el caso Monómeros aún está en desarrollo y tiene mucha más información de la que se puede leer en este artículo. Sin siquiera haber terminado, los hechos y los datos hablan por sí solos: en el manejo de Monómeros hay irregularidades que, urgentemente, deben ser investigadas. Lo que fue un intento de “rendición de cuentas”, en realidad, fue una exposición cargadas de denuncias ambiguas, datos pocos sustentados, medias verdades y mucha imprecisión. Queda la sensación de que esto apenas es la punta del iceberg. Las preguntas arrojadas de la investigación y que muchos venezolanos ahora nos estamos haciendo merecen ser respondidas.
