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Muchas preguntas han surgido sobre el petro, la “criptomoneda” creada por la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy su uso es casi inexistente, pero su promoción sigue siendo constante. Casi nadie sabe quién ha estado realmente detrás de este “invento”, cuyo propósito ha sido legitimar capitales y ofrecer financiamiento a grupos criminales y al chavismo.
Hace ya más de una década, en una gira por Medio Oriente, el difunto Hugo Chávez hablaba de emitir una moneda respaldada en petróleo. Ese proyecto nunca derivó en nada; durante años se firmaron acuerdos con diferentes proveedores: los rusos Denis Druzhkov y Fedor Bogorodskiy fueron algunos de los que tuvieron en sus manos el proyecto del petro, pero problemas legales fueron truncando la operación. Hasta que a un joven “innovador” y con poca ética, llamado Gabriel Simón Jiménez Marrón, se le ocurrió la gran idea de ofrecerle al dictador una criptomoneda, y para cerrar el negocio, la vendieron como el gran sueño de Chávez: el petro. ¿Qué recibiría el joven a cambio? El 3 % en comisiones de todas las transacciones realizadas a través de esta criptomoneda, después de los 250 millones de dólares.
Para lograr este acuerdo, en el que Jiménez recibiría el 3 % de las operaciones ejecutadas, se pactó una serie de requisitos con la administración pública a través de la Superintendencia de los Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana, representada por el superintendente Carlos Vargas Urbina, por una parte, y Social US C.A., por la otra.
Además, la empresa mencionada contó con el beneplácito o la inocencia de diferentes medios de comunicación en el país para lavar su imagen. En medios como El Estímulo, Banca y Negocios y Analítica se publicaron notas haciendo pasar a Jiménez como un “emprendedor” en el mundo de las criptomonedas.
Entre los compromisos adquiridos por parte de la empresa en cuestión se encontraban: inaugurar oficinas de representación y promoción en Tokyo, Seúl, Singapur, Chicago, Londres, San Francisco y Nueva York. Además, se comprometería a listar al petro en al menos 18 exchanges, de los cuales dos debían estar entre los diez más importantes. Para lo cual se acordó que el Gobierno otorgara a la empresa un “adelanto no reembolsable” de 500 000 dólares.
Para llevar a cabo estas operaciones, se firmó un contrato de confidencialidad entre las partes. Esto debido a ciertas condiciones de índole política, como el hecho de entregar absoluta autoridad a empresarios privados para actuar en nombre del Estado y el petro, y así explotar económicamente el mismo, a través de la concesión emitida por la Superintendencia de Criptoactivos, representada por el superintendente Carlos Vargas Urbina.
Todo el acuerdo fue posible gracias a la participación clave del superintendente, quien fue designado para el cargo en la Gaceta Oficial número 41 296, donde se publicaron los decretos N° 3 196, mediante el cual se autorizó la creación de esta Superintendencia. Y el decreto N° 3.197, firmado por Maduro, mediante el cual se nombró a Vargas Urbina como encargado de dicha entidad —y quien también funge como miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente—.
En ese sentido, gracias a las gestiones realizadas por parte del superintendente, a Social US C.A. se le entregó una serie de informaciones confidenciales que le permitió manipular el sistema de criptomonedas promovido por la dictadura venezolana. Esto tomando en cuenta que el petro no cumple con un requisito primordial de las cadenas de blockchain, ya que no se trata de una moneda descentralizada, sino que es una “criptomoneda” “manejada” y promovida por el régimen. En ese sentido, la empresa Social US tiene acceso a:
1. Listado de venezolanos que poseen máquinas de criptomonedas.
2. Cantidad y ubicación de máquinas de criptomonedas existentes en Venezuela.
3. Datos de producción.
4. Registro de las exchange.
5. Transacciones, ofertas y compras del petro a nivel mundial.
6. Control de las oficinas del petro a nivel mundial.
7. Comisiones del 3 % de las operaciones ejecutadas por el Estado a través del petro.
Toda esta información resultó vital para ejecutar diferentes acciones en las que el Estado desmanteló y apresó a ciudadanos venezolanos que practicaban la minería de criptomonedas, como es el caso del desmantelamiento ocurrido en Valencia, Estado Carabobo, donde según una nota publicada en la página web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, «se ubicó un galpón con 11 mil unidades de moneda virtual ‘Bitcoin’»; en dicha operación detuvieron a dos venezolanos, Eusebio Gómez Henríquez (51) y Andrés Alejandro Carrero Martínez (35), quienes fueron señalados de pertenecer a una red criminal basada en Polonia, dedicada a lavar dinero, cometer delitos informáticos, financiar el terrorismo y hurtar electricidad. Otro caso similar ocurrió en Charallave, estado Mirada, cuando fueron apresados cuatro ciudadanos venezolanos. Esta persecución tenía como fin lograr instaurar un monopolio estatal del petro.
Lo curioso es que meses después de estas aprehensiones, fue el mismo Gobierno quien impuso las transacciones de criptomonedas, y permitió su uso en comercios públicos, como es el caso de TRAKI.
Según investigaciones del abogado Marco Ascanio, y presentadas en un informe ante la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, una empresa de origen suizo llamada Hermes Management S. A., y representada por Dariusz Jasiczek, habría comprado mil millones de dólares en petros. Lo cual significaría una jugosa comisión para los “empresarios” de Social US (de aproximadamente 30 millones de dólares). Además, otras empresas, como “MAB Investment Holding Corp” y “Origen Tecnología SPA” habrían recibido una LOI (carta de intenciones) para importar 3 000 000 de cajas CLAP, con un precio de 29 dólares por unidad (87 millones de dólares en total), lo que representa un sobreprecio de, 60 %, haciendo uso del petro.
Una estructura criminal gigantesca de legitimización de capitales
La construcción de toda la estructura criminal para legitimar capitales con el petro, y otros mecanismos, es de vieja data en la familia Jiménez. De hecho, el padre de Gabriel Saúl Jiménez Marrón, Gabriel Jiménez Aray, ha sido uno de los operadores de lavado de dinero más grande del chavismo, y también ha sido ligado a conjuntos criminales, como la mafia siciliana y carteles colombianos de droga, según la misma denuncia interpuesta ante la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente.
El petro fue diseñado por la dictadura con el propósito de encontrar vías alternas de financiación, legitimar capitales e intentar superar las sanciones que venían incrementándose por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
Jiménez Aray, uno de los mayores bolichicos y criminales del chavismo, se ha visto opacado mediáticamente por otros con más peso, como es el caso de Raúl Gorrín, dueño de Globovisión con nexos y sobornos a políticos del Gobierno y “oposición”. Jiménez Aray fungió como asesor jurídico de varias instituciones del Gobierno chavista, comenzando por la Presidencia de la República, la Casa Militar, el Gobierno de Caracas y el Ministerio de Economía y Finanzas, según el portal Poderopedia.
En noviembre del año pasado una corte del Distrito Sur de La Florida en EE. UU. ordenó hacer público el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía norteamericana, donde se acusa al abogado y banquero venezolano. Luego de las declaraciones de Andrade, de haber recibido sobornos por 1 000 millones de dólares, se conoció que el Banco Peravia, ubicado en República Dominicana, sirvió para actividades de lavado de dinero.
La misma acusación alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, entre los que se incluye Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno de Venezuela.
Para ocultar y lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos, Gorrín realizó pagos a través de diferentes compañías ficticias y se asoció con Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia en República Dominicana. Desde esa entidad se realizaron préstamos a narcotraficantes que cumplían condenas en cárceles estadounidenses y grandes desvíos de transferencias bancarias, una que incluso afectó al Banco Central de Venezuela (BCV) por un pago de 3,59 millones de dólares para la compra de unas camionetas blindadas; según reportó el portal Tal Cual.
Uno de los principales contactos de Jiménez Aray al interior del Gobierno fue Rafael Isea (quien recientemente fue grabado en Estados Unidos trabajando como empaquetador en Amazon —muchos alegan que el video se trataría de una campaña para limpiar su imagen—). El banquero corrupto ingresó en el 2008 al Ministerio de Finanzas de la mano de Isea, cuando este fungía como ministro, antes de ocupar el cargo como Gobernador del Estado Aragua por el PSUV.
En su momento, las autoridades de Dominicana emitieron órdenes de arresto contra María Cristina Santoro Martidonna y Cristina Martidonna, hija y esposa, respectivamente, del venezolano José Luis Santoro, socio y expresidente del intervenido Banco Peravia. La misma orden fue emitida contra el expresidente de la compañía, Daniel Morales Santoro, y contra Jiménez Aray. Pero todos huyeron del país. Las autoridades determinaron que la quiebra del Banco Peravia no se correspondía con la negligencia de administración financiera, sino que se estaba ante un fraude de gran magnitud, planificado y ejecutado por los imputados.
Un nuevo intento por captar y legitimar capitales a través del petro
En días recientes, la dictadura de Maduro anunció un nuevo “portal”. Se trata de un sitio web de cifrado estatal llamado “Patria Remesa”, y que en teoría se puede utilizar para transferir dinero desde el exterior utilizando divisas a cambio del petro. Es una estrategia más para intentar apropiarse de las remesas que envían los venezolanos a sus familiares en el marco de la crisis humanitaria.
De acuerdo con el economista venezolano José Guerra, las divisas por medio de remesas podrían cerrar este año en los 2 000 millones de dólares, y según las estimaciones podría superar el monto logrado por medio de exportaciones no petroleras, que sería de 3 000 millones de dólares. Si esto llegase a ser captado por medio del petro, se convertiría en otra gran fuente de financiación para el Gobierno, y en una enorme comisión para Social US, que recibiría el 3 % de estas transacciones.
También es muy importante señalar que el dictador anunció en su momento que el petro se encontraba respaldado por los recursos naturales de Venezuela. Tal es así que se llegó a afirmar que cada petro estaba respaldado por un barril de petróleo, lo cual viola la Constitución venezolana porque al estar respaldada con recursos del Estado, representa una emisión de una deuda pública y amerita la aprobación de la Asamblea Nacional.
La famosa criptomoneda de Maduro sigue siendo, al día de hoy, un misterio. En el mundo no la conocen, en Venezuela no es utilizada, pero sin duda ha servido para legitimar capitales, evadir sanciones de Estados Unidos y hacer ricos a unos “empresarios” oportunistas.
Puede consultar y descargar aquí el contrato entre Social US y la Superintendencia de los Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana.
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