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Después de los avances interesantes de las fuerzas liberales en Argentina y de la polémica llegada al poder del Partido Comunista en Chile, Uruguay será el próximo hito donde se contribuirá a inclinar el proceso político regional, antes de las cruciales elecciones presidenciales de Colombia (fines de mayo) y Brasil (octubre) de este año.
El 27 de marzo, los uruguayos decidirán a través de un referéndum sobre la continuidad de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en julio de 2020 por la coalición “multicolor” o republicana que integran las dos fuerzas fundacionales del país, el Partido Nacional y el Partido Colorado, junto a Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente.
La norma fue ampliamente debatida antes de su tratamiento parlamentario y de hecho había sido una oferta central en la campaña electoral del presidente Luis Lacalle Pou, por lo que no puede alegarse sorpresa alguna de parte de sus contradictores. Ya en el proceso de aprobación legislativa, se dio lugar a múltiples objeciones, eliminando 25 de los artículos originales.
Se trata de una “ley ómnibus” que abarca temáticas diferentes, aunque un eje transversal de la norma es la defensa de diversas libertades ciudadanas, que parecen haber molestado a las burocracias sindicales que constituyen la columna vertebral del ahora opositor Frente Amplio, coalición de izquierda donde las fuerzas moderadas han ido reduciendo su peso específico, en beneficio de formaciones más radicales como el Partido Comunista del Uruguay y el Movimiento de Participación Popular (que integra a los extupamaros).
Una de esas molestias es el artículo sobre la libertad de cátedra, que establece la necesidad de un “criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista, que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio”, algo que contradice la búsqueda de un pensamiento único o de hegemonía ideológica por parte de esta izquierda radicalizada.
La LUC también dispone la defensa de la libre circulación, poniéndole límites a la práctica de los piquetes sindicales; desburocratiza el mercado de los alquileres, dando opciones para arrendar sin garantía, sin suprimir el régimen común; vuelve optativa la bancarización de pagos y establece el derecho elemental a la portabilidad numérica. Ante esto último, los críticos de la ley han bordeado el ridículo, argumentando que debilitará a la empresa telefónica estatal (ANTEL) por las “políticas agresivas de las multinacionales”.
Por otra parte, la norma ampara el derecho a la legítima defensa, tanto de civiles como de policías, antes desprotegidos frente a las bandas que habían proliferado los asaltos a mano armada. Desde la izquierda se alegó que esto sería una invitación al “gatillo fácil”, pero ese augurio no se ha visto ratificado por los hechos en el año y medio de aplicación de la LUC.
En otros puntos, la ley encarga una reforma del mercado de combustibles, apuntando a una eliminación gradual de sobrerregulaciones y de costos estatales que pesan sobre el precio al consumidor; así como la adopción de una prudente regla fiscal, escandalosa para los amigos de la eterna expansión del gasto público.
