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Argentina entró de lleno en el esquema de control de precios, obviamente en circunstancias pre-electorales, con la intención de “aguantarlos” hasta que pasen los comicios legislativos de noviembre.
En Bolivia, casi en simultáneo, se hace demagogia de control por una subida momentánea del precio de la carne, también en una coyuntura política donde el desgaste gubernamental ha sido acelerado.
En el primer caso, la suba de precios obedece a un proceso inflacionario que tiene su origen en la máquina de imprimir billetes y no en los sofismas de la “multicausalidad”.
En el segundo, por lo pronto estaríamos ante un fenómeno temporal, pero la persistencia del déficit fiscal y las escasas oportunidades de financiamiento externo —para un gobierno que no logró colocar los 3.000 millones de dólares en bonos que había prometido— ponen a la emisión inorgánica y al brote inflacionario en un horizonte de futuro bastante probable y no muy lejano.
En cualquier caso, la experiencia histórica universal indica que el control de precios es un camino al fracaso, que genera desabastecimiento al desincentivar a los agentes económicos en materia de producción, comercio o prestación de servicios.
Esto vale para cualquier área (alimentos, medicinas, alquileres y un largo etcétera). El escenario venezolano de las góndolas vacías en los supermercados es el punto de llegada, para no hablar de las tiendas con dos o tres latas en la Cuba castrista.
Además de las “policías de precios” en mercados y supermercados, también se suelen utilizar los cupos y prohibiciones de exportación con la excusa de la “defensa del mercado interno”, aunque las motivaciones reales para esto tengan más relación con un control político sectorial.
Hace unos días, un experto de la economía agropecuaria me contaba sobre el desastre inducido por la intervención estatal en la producción de maíz de Bolivia, que exportaba hasta el año 2005 y que actualmente se ha convertido en importadora. Las regulaciones lograron que los productores se pasaran a otros rubros y ahora la importación de maíz está en manos de la estatal Emapa, que lo vende al mismo precio del mercado internacional.
Los precios son, como bien explicó Friedrich Hayek, un inmenso sistema de conocimiento e información, que es distorsionado cuando la burocracia intenta planificar imperativamente, lo que desemboca en la caotización y descoordinación de la economía.
La alternativa es la búsqueda de la estabilidad a través de la salud macroeconómica, lo que implica un sinceramiento y una reestructura del gasto público que los gobiernos de orientación populista no parecen decididos a asumir. En Bolivia, esto debería comenzar por desprenderse de una miríada de empresas públicas deficitarias, que conforman una suerte de “agujero negro” fiscal insondable, donde se vierten créditos millonarios del Banco Central, uno tras otro.
