Luego de una serie de curiosas postergaciones, se dio a conocer el Informe del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019.
El extenso documento contiene desde sugerencias atendibles sobre la reforma de la justicia y el respeto al debido proceso, hasta omisiones y sesgos que iremos detallando. Comienzo por lo bueno:
Crisis electoral y gobierno interino
El Informe evita utilizar el tipo de terminología que habría esperado el actual gobierno boliviano, refiriéndose al eje de los acontecimientos en el 2019 como una “crisis electoral” y no como un “golpe de estado”. Respecto a la administración de transición surgida ese año, la califica de “interina” y no “de facto”.
El Informe tampoco usa los términos de “genocidio” y “lesa humanidad”, tan manidos por el gobierno de Luis Arce, sino los conceptos de “conflicto político violento” y “uso desproporcionado de la fuerza”.
Rol de Evo en la polarización
En el capítulo II (Contexto y desarrollo de la crisis) se pone en evidencia al incumplimiento del mandato del referéndum del 21F en la base del malestar político, se recogen las observaciones de la Misión de la OEA sobre el proceso electoral y se subrayan actitudes polarizadoras del entonces presidente Evo Morales, como sus descalificaciones a organizaciones ciudadanas y a las protestas juveniles.
Víctimas en ambos lados
Contra la interpretación unilateral propiciada desde el Ejecutivo, en el acápite 2 de las Conclusiones (página 462) el Informe dice que “es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos el reconocimiento de su calidad de víctimas”.
No a la persecución política
También en las Conclusiones, el GIEI remarca que “de ningún modo, el presente Informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida” (página 463).
En otro párrafo, “el GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad”.
Uso desmedido de la detención preventiva. El Grupo cuestiona el “uso excesivo” de las medidas cautelares en Bolivia, punto que puede tener una lectura en relación al caso de la ex presidenta Jeanine Añez y dos de sus ex ministros.
Falta de independencia del sistema judicial
El Informe enfatiza que “se debe garantizar que los fiscales y otros operadores de justicia asignados a estas investigaciones sean debidamente seleccionados, y cuenten con la necesaria formación, experticia e integridad profesional.
En particular, los investigadores y fiscales deben ser independientes de los presuntos autores y de las instituciones a los que estos pertenezcan, y no verse sometidos a presiones políticas o influencias indebidas” (página 377).
Investigación de atentados incendiarios. A estos elementos positivos pueden agregarse la exhortación a esclarecer las quemas de los domicilios de los opositores Waldo Albarracín y Casimira Lema, así como el incendio de los buses Puma Katari, donde el Grupo ve el accionar de una “organización criminal”.
Sin embargo, el Informe del GIEI también contiene una serie de debilidades que pasamos a enumerar:
Omisiones fácticas
El documento no incluye una serie de hechos fundamentales para la interpretación de los conflictos. Por ejemplo, aunque se menciona al ciudadano argentino Facundo Molares, detenido en relación a los asesinatos del Puente de la Amistad, se omite el dato clave de que formó parte de las FARC. En párrafos siguientes, el Informe desestima con ligereza la tesis inicial de la Fiscalía sobre la actuación de un grupo guerrillero en esos sucesos.
En el relato histórico de la crisis, no se incluye el pedido de renuncia de Evo Morales hecho por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dejando el tema de las peticiones de renuncia como un asunto militar y policial. También se omitieron hechos significativos, como la quema de la casa y la movilidad del ex subgobernador de la provincia Ichilo, Edson Ureña, a manos de grupos afines al Movimiento Al Socialismo. De igual manera, se ignoró la quema de 22 motocicletas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
Omisiones testimoniales
El Grupo no se entrevistó con actores clave, como la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal. Es realmente inexplicable que esa misión no hubiera buscado la versión de la representante de la principal institución de DDHH del país, con una larga trayectoria en el tema. Del mismo modo, se omitió buscar el testimonio de la mayor coordinadora de entidades de la sociedad civil del oriente boliviano, como es el Comité Pro Santa Cruz.
Sesgos ideológicos
A lo largo del documento se hacen evidentes ciertos sesgos ideológicos, tanto en la visión sobre las “narrativas de odio racial”, que son interpretadas de manera unidireccional, como en la asimetría con que se considera “grupo de choque” a la RJC pero se ve con extrema candidez a los sindicatos cocaleros del Chapare. Esta inclinación tal vez pueda explicarse por el perfil de algunos integrantes del Grupo, como Patricia Tappatá, ex alta funcionaria del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG que había calificado lo sucedido en Bolivia como un “golpe de Estado”. Está claro que Tappatá, por este antecedente de preconcepto, debió haberse excusado de participar en la misión.
Debilidades metodológicas: el Grupo se expide de manera concluyente sobre Senkata, afirmando que todos los disparos a fallecidos y heridos vinieron de policías y militares, basándose en datos de planimetría y geoposicionamiento mencionados por la Fiscalía. Sin embargo, observa que hasta el momento está pendiente la realización de una reconstrucción de escena y que faltan los peritajes del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) sobre los casquillos de bala recogidos en la Planta de Senkata. Teniendo en cuenta lo incompleto de los peritajes, la interpretación del GIEI debió ser solamente preliminar.
A estos cuatro grandes grupos de problemas que se advierten en el Informe, se pueden agregar las falencias en cuanto a los mecanismos de seguimiento propuestos, de carácter bilateral entre la CIDH y el Estado boliviano, sin incluir a otros actores. Aquí debió tomarse en cuenta la experiencia del GIEI de Nicaragua, donde, ante el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega, se estableció un mecanismo de comunicación y diálogo permanente entre la CIDH y organizaciones de la sociedad civil de ese país.