EnglishLas huelgas de maestros se extendieron por varios países de América en las últimas semanas. En Colombia, Panamá y Costa Rica los docentes exigen mejoras de salario y otros beneficios justo cuando sus países viven coyunturas electorales y transiciones de poder, que aumentan la generosidad de las clases políticas con el electorado.
En Colombia, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) exige una mejora de condiciones por considerar que sus miembros son los trabajadores peor pagados del Estado. Son tres sus exigencias al Ministerio de Educación: “Revisión al aumento salarial definido para el magisterio este año (…); suspensión transitoria de la evaluación de competencias, con nuevos criterios o alternativas (…); y el cumplimiento del Pliego de condiciones contratado para la prestación de los servicios de salud”, reza el comunicado del 13 de mayo, en el cual la FECODE convoca a un paro nacional.
Algunas de estas exigencias fueron concedidas por el gobierno de Juan Manuel Santos en septiembre del año pasado, después de otro paro nacional. Sin embargo el gremio alega que las deudas millonarias que mejorarían beneficios, como el de la salud, fueron incumplidas, y desde enero de 2014 el sector venía alertando sobre la necesidad de un nuevo paro que llamara la atención del gobierno.
Y lo hicieron en un momento estratégico, a poco más de una semana de las elecciones presidenciales en las cuales Santos aspira a la reelección. El estrecho margen de popularidad que lo separa de su principal contendiente, Óscar Zuluaga, ubica a los 330.000 maestros del sector público en una posición poderosa ante la mesa de negociación.
Hasta el martes, la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, había acordado con los docentes la concesión de lo solicitado, e hizo pública su sorpresa cuando el presidente de FECODE, Luis Grubert, reiteró el llamado de protesta bajo la excusa de que no pueden levantar el paro hasta que el colectivo apruebe las condiciones alcanzadas frente al ministerio.
Mientras tanto, al menos la mitad de los 8,7 millones de niños y jóvenes estudiantes de la educación pública colombiana se encuentran desde el miércoles fuera de sus aulas. Este jueves, en declaraciones a El Tiempo, el consultor en educación y exdirector del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Daniel Bogoya, aseguró que existen otros mecanismos a través de los cuales los docentes pueden exigir condiciones laborales sin comprometer el derecho a la educación. “No podemos supeditar la calidad de la educación a dichas mejoras, pues solo cuando se observen mejores resultados en la calidad de la formación que reciben nuestros niños, el país debe reconocerles la efectividad de ese esfuerzo”, expresó.
Docentes panameños cumplen tres semanas de huelga
Juan Manuel Santos podría temer verse en el espejo de Panamá. En ese país la protesta de maestros inició cinco días antes de las elecciones presidenciales, en las cuales José Domingo Arias, el candidato apoyado por el presidente Ricardo Martinelli, resultó vencido —con sorpresa— por el opositor Juan Carlos Varela, que prometía mayores beneficios sociales.
A 21 días del inicio de la huelga, los docentes aun exigen el pago de un aumento salarial mensual de US$900 en un período de tres años, sin cumplir con la condición impuesta por el Ministerio de Educación de implementar previamente una evaluación de la calidad de las escuelas.
La secretaria general de la Asociación de Educadores de Veraguas [Región de Panamá] (AEVE), Yadira Pino, reiteró el pasado siete de mayo en una marcha general que el aumento salarial a los docentes no puede ser selectivo, como lo plantea actualmente el Ministerio de Educación (MEDUCA), y que piden un aumento para todo el gremio que conducirá a las conversaciones sobre la calidad del sistema educativo.
El experto en educación Francisco Cajiao, indicó a el diario El Tiempo de Colombia que “los empleados públicos, como lo son los docentes, están sujetos a evaluaciones y no pueden negarse a ella, ni exigir alzas salariales sin conceder nada”.
Segundo día de protestas de maestros en plena Calle 50 #Panama pic.twitter.com/SzkavZkrrm
— Hugo Santaromita (@HugoSantaromita) April 25, 2014
Ante la negativa de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, de negociar con un gremio que usa el cierre de calles como modo de protesta, este lunes cuatro docentes iniciaron una huelga de hambre a las puertas de la Defensoría del Pueblo. Al parecer, Martinelli no podrá dejar de hacerse cargo de la situación, ya que los mismos manifestantes exigen que las condiciones se mejoren antes del cambio de administración (lo cual sucederá el primero de julio).
En declaraciones a PanAm Post, Renato Pereira, doctor en Ciencias Políticas y analista panameño, aseguró que la protesta ha venido en declive y con ello se ha evidenciado que sus principales promotores tenían la intención de demostrar la fuerza de la izquierda y del “socialismo del siglo XXI” en las pasadas elecciones. Aunque no lo hicieron con éxito, porque el partido que algunos apoyaban (el FAD) incluso desapareció por no cumplir con el porcentaje de votos necesarios para permanecer en funciones.
“Piden reivindicaciones exageradas, porque quieren un aumento de sueldo sin que el ministerio evalúe la calidad del servicio que presta. Creo que en el fondo querían hacer sentir su peso al resto de la clase política y no lo lograron”, señaló el analista.
Pereira relató que en Panamá se han dado muestras de rechazo a la protesta de maestros por el carácter beligerante de quienes insisten en la exigencia. Relata que los estudiantes y otros educadores han pedido a quienes se mantienen en las calles que vuelvan a las aulas.
Confusión en Costa Rica con el cambio de poder
En Costa Rica los problemas son de otra índole, aunque ese país la transición de poder también parece impactar a los maestros, que iniciaron una huelga hace semana y media por el impago de sueldos desde febrero, en medio del inicio de un nuevo período de gobierno por parte de Luis Guillermo Solís, opositor al gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla.
En el caso de Costa Rica, los problemas salariales surgieron en febrero de 2014, cuando se migró la nómina docente a una plataforma tecnológica nueva, la cual aun no envía el pago de sueldos correctamente. El problema le quedó como herencia a Solís, quien ha pedido sin éxito a los educadores deponer la huelga para que los niños y jóvenes dejen de perder sus clases.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) de Costa Rica, explicó a PanAm Post que 9.200 docentes no han recibido su sueldo en absoluto y a cerca de 7.000 no se les ha pagado recargos (horas extras y bonos) sobre su salario base desde febrero. Cascante calcula que 50% de la plantilla de 80.000 docentes públicos han tenido problemas con el cobro de sus sueldos.
“Nos está ocasionando graves problemas económicos porque hay educadores que ahora tienen conflictos con sus bancos, no pueden pagar créditos o tienen en riesgo sus hogares”, lamentó Cascante, quien cree que el Ministerio de Educación debe pagar los sueldos inmediatamente, sin plazos, para que los trabajadores puedan afrontar sus necesidades. También considera que la transición de gobierno les perjudicó por la inexperiencia de las nuevas autoridades.
Las huelgas docentes —así como las campesinas— en medio de las campañas electorales han sido tachadas de chantajistas por aprovechar los momentos de debilidad de los líderes políticos (sin negar en ningún momento el derecho a la protesta). Sin embargo, para los movimientos sociales que buscan mayor implicación del Estado en los asuntos públicos, los momentos de contienda política representan una oportunidad de ventaja sobre los gobernantes.