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El Ejército de Guatemala pagó un “bono extraordinario de responsabilidad y riesgo” al presidente Jimmy Morales, según confirmó el secretario de Defensa, Williams Mansilla. Dicho pago está aprobado y se paga a personal que presta servicios a dicha secretaría como al Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La Contralorá General de Cuentas de Guatemala procedió a revisar la legalidad de estos pagos luego que este martes trascendiera a medios que Morales recibió Q50.000 (USD $6.900) del Departamento de Finanzas del Ejército el pasado mes de marzo, lo que fue confirmado por el secretario Mansilla.
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Este pago es recibido por Jimmy Morales de forma mensual sumado a los Q146.950 (USD $20.833) que recibe de manera mensual como salario, por lo que en total, el gobernante percibe Q196.950 (USD $27.361) al mes, lo que representa un poco más de 68 salarios mínimos según la medida del país centroamericano.
Por su parte, César Elías, subcontador de Calidad del Gasto Público, asignó a dos auditores para que recabaran información respecto al bono que recibió Morales y que “los resultados de su actuación se hagan constar en actas y un informe circunstanciado realizando las recomendaciones u observaciones que consideren pertinentes”.
Según Mansilla, el bono de responsabilidad se aprobó por medio del acuerdo 10-2016 que fue firmado el mes de enero del año pasado y que se comenzó a hacer efectivo en diciembre del mismo año.
“Este no es un pedido del señor presidente , sino que es una decisión colegiada que se toma en la secretaría de la Defensa donde se establece que el presidente por ser parte de la estructura del alto mando del Ejército también está sometido a riesgos, dificultades legales administrativas por decisiones, como en temas del narcotráfico, el crimen organizado”, señaló el secretario.
Carlos Mencos, contralor general, fue consultado respecto a si este bono puede ser decretado con un acuerdo administrativo interno a lo que respondió:
“Son los extremos que vamos a evaluar. Los auditores ya tienen la documentación en sus manos. Mañana vamos a hacer un análisis del sustento legal que tuvieron para la emisión del acuerdo y después de haber evaluado comentaríamos qué acciones vamos a tomar”.
El experto en gestión pública, Carlos Aníbal Martínez, indicó que esta decisión es:
“altamente discrecional que no tendría justificación a la luz de la reglamentación. Los sueldos de los funcionarios deben ser transparentes, no pueden integrarse aumentos de este tipo por acuerdos gubernativos o medidas ministeriales, este es un hecho que no tiene una justificación”.
Fuente: Prensa Libre
