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Una investigación periodística realizada por el medio especializado Animal Político ha revelado, este martes de septiembre, que el gobierno federal de México ha utilizado 11 dependencias para desviar miles de millones de pesos, y es que al revisar las Cuentas Públicas de los años 2013 y 2014, se detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos (USD $383 millones 500.000).
Esta investigación que fue realizada en conjunto con la organización civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) también reveló que la cantidad mencionada fue entregada a 186 empresas sin embargo 128 de estas no debían recibir recursos públicos ya que no cuentan con infreaestructura, personería jurídica para brindar los servicios para los que fueron contratadas o no existen.
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Las tres principales dependencias que fueron la secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya.
Este desfalco ha sido calificado como «más sofisticado» que el realizado por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien hasta el momento es considerado como el mayor desfalcador del erario en México.
Y es que el gobierno mexicano no entrega los contratos de manera directa a las empresas, sino que primero los otorga a ocho universidades públicas y estas los asignan a empresas. Por esta acción de triangular la operación, las universidades cobraron 1.000 millones de pesos (USD $50 millones) como «comisión» aunque no brindaron ningún servicio.
En esta acción participaron la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico Superior de Camalcalco, Universidad Tecnológica de Tabasco.
Este paso que involucra a universidades ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación y había sido catalogado como ilegal. Ya han sido identificados cada uno de los enlaces que utilizó cada casa de estudios para realizar la triangulación.
Mientras que las 186 empresas investigadas se encuentran en los estados de Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas.
Las 11 dependencias federales que están involucradas en esta red de estafa son Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fondo de la Vivienda, secretaría de Comunicaciones y Transporte, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, secretaría de Educación Pública, secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Registro Agrario Nacional, secretaría de Economía y el Instituto Nacional para la Educación de Adultos.
Fuente: Animal Político
