Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional, y el empresario César Zamora, podrían ser los primeros en ocupar la lista de funcionarios y empresarios sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por medio de la Ley Magnitsky, por sus relaciones con el Gobierno de Nicaragua, según lo asegurado por Carlos Ponce, director de Freedom House.
La Ley Magnitsky da facultades al presidente Donald Trump para imponer prohibiciones, así como de cancelar visas, congelar activos y pasivos de personas que violenten los derechos humanos y estén involucrados en casos de corrupción con bienes que estén bajo la jurisdicción estadounidense.
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La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o Ley Magnistky Act, es una norma aprobada en Estados Unidos aprobada en 2012 e inicialmente fue enfocada hacia funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky, en noviembre de 2009.
“Lo que no se quiere con esta Ley es sancionar al principio a todo el mundo, lo que se pretende es que genere un cambio de actitud de las personas que están dentro del Estado y del sector privado que contribuyen a la crisis de democracia y de violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Ponce.
Por su parte, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep), defendió al empresario Zamora y calificó la información sobre presuntas sanciones en su contra como “completamente irresponsables”.
Según Aguerri, Zamora es un ciudadano estadounidense y que por su vinculación empresarial con Estados Unidos, firma de manera anual un certificado anticorrupción. Hasta el momento, la embajada de Estados Unidos en Nicaragua no se ha expresado al respecto.
Fuente: La Prensa.