Durante el año 2016, el Ejército de México recibió más quejas de tortura que en los últimos seis años. Tanto legisladores como activistas lamentaron la importancia que dan tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a las propuestas de Ley de Seguridad Interior respecto a las que tratan el tema de derechos humanos.
Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2016 se registraron 15 quejas de tortura vinculadas al Ejército, lo que significa un incremento del 400 % en relación al 2015.
En cuanto a la Policía Federal, los señalamientos de delitos de lesa humanidad también incrementaron ya que se registran 143 quejas que vincularon a dicha institución en 2016 siendo este un aumento de 429 % con relación a los registros de 2015.
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“La tortura es sistémica y va para arriba, y es una práctica que nunca fue erradicada” indicó Ana Laura Magaloni, directora de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los registros del la CNDH también registran 311 quejas de tortura, entendiendo este delito como el ejecutado por la autoridad entre los años 2010 y 2016, ninguno de los años superó el registro de 209 quejas del 2016.
En el pasado mes de febrero, el relator de las Naciones Unidas para la tortura, Juan Méndez, confirmó en el informe de seguimiento a su visita realizada a México en el año 2014, que la tortura y los malos tratos continúan generalizados en México.
El pasado 3 de marzo, la senadora presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, señaló: “En este sentido, el Congreso debe asumir su responsabilidad en esta crisis al no concluir el proceso legislativo de las leyes contra la tortura, la desaparición forzada y seguridad pública”.
Por su parte el presidente Enrique Peña Nieto, luego de enviar para su aprobación al Congreso las iniciativas contra la tortura y desaparición forzada en diciembre de 2015, ha guardado silencio al respecto. Sin embargo, sus últimos llamados a los legisladores han sido encaminados a la aprobación de una ley de Seguridad Interior.
Sin embargo, el delito de desaparición forzada se ha visto generalizado en México, ya que en el pasado mes de enero se registraron 312 personas desaparecidas en el país azteca, cifra que se suma a los 29 mil registros oficiales.
“El problema que percibo es que hay resistencia por parte de las procuradurías y la PGR. Porque seguramente el nuevo sistema de justicia penal los agarró sin prepararse y no tomaron en cuenta que es un sistema completamente garantista” indicó el legislador del partido Movimiento Ciudadano, Víctor Sánchez Orozco.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) sigue buscando remover técnicas de investigación obsoletas así como las prácticas de tortura de las instituciones de seguridad del Estado, mientras que la PGR tiene gran influencia en el oficialista PRI y sus legisladores según indica Sánchez.
“En el caso de desaparición forzada es una ley que regula y sanciona precisamente la participación de manera directa o indirecta de servidores públicos. O integrantes de cuestiones policíacas. Entonces la resistencia viene de las propias entidades públicas para evitar esa legislación que urge” indicó el legislador.
Fuente: Sin Embargo