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Muchos son los factores que han contribuido para la descomposición social que vive el estado de Guerrero, dentro de ellos, especialistas y organizaciones sociales destacan la presencia del crimen organizado, la falta de medidas de prevención social de la violencia y la corrupción que ha permeado a todas las instituciones.
«El gobierno federal dice que todo está bien porque ellos se basan en el número de denuncias, pero aquí todos los días respiramos el olor a sangre» señala Mario Vergara Hernández, miembro de la organización civil Los otros desaparecidos de Iguala.
En el estado de Guerrero son 320 las personas desaparecidas según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas (RNPED), pero muchos consideran que esta cifra es «conservadora» ya que solo el 35 % de los familiares se atreven a interponer una denuncia por desaparición.
«No confiamos en las autoridades, ni en el gobierno federal ni local, porque ya lo vivimos: la exfiscal General Arely Gómez, fue un estorbo para las familias, fue un muro de detención y de ahí no pasamos» señaló el activista.
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En los primeros nueve meses del año actual, hubo 1.654 averiguaciones previas por homicidios dolosos en Guerrero lo que refleja un incremento del 11,5 % respecto al mismo período del año anterior.
Sin embargo, esta cifra se vuelve más alarmante cada año, ya que desde el 2013 el incremento ha sido sostenido y con esto la entidad federativa comienza a convertirse en un reto para la Secretaría de Gobernación.
Respecto a las denuncias, Gabriel Regino García, exdirector de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, señala que los guerrerenses han perdido confianza en cuanto a interponer denuncias debido a la corrupción de las instituciones y la escasa investigación que hay tanto en crímenes de privación de la vida, como en la criminalidad urbana como robos.
Según datos de la Fiscalía General hay diferentes bandas criminales ligadas al narcotráfico operando en Guerrero, dentro de las cuales se encuentran las vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyca que son Los Ardillos, Los Rojos y Los Granados; mientras que por otro lado opera el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Dentro de las operaciones de estos grupos delictivos, se encuentra «el tráfico de la goma de opio, la amapola y la colusión de la política con el crimen organizado, mientras no se combaja a los políticos que encubren al crimen, las cosas van a seguir igual» explicó Regino García.
Sin resultados esperados
Por su parte el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en varias ocasiones ha desplegado elementos de seguridad hacia Acapulco con el fin de contener la violencia pero estos esfuerzos no han dado los resultados esperados.
«Vimos lo que pasó con la Policía Federal cuando salió de Guerrero hacia Oaxaca por el conflicto magistral, lo que hubo fue un repunte enorme de la incidencia de homicidios» comentó Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Pero esta situación no solo ha afectado a los ciudadanos, sino también a las empresas que operan en esa entidad, lo que ha provocado que los negociantes se estén armando según lo reveló el pasado mes de junio la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Fuente: Sin Embargo
