English Version
Familiares de quienes han sido víctimas de desaparición forzada en Veracruz, México, exigieron que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, sea investigado por el crimen de lesa humanidad que cometió en Veracruz antes que por corrupción, pues recordaron que decenas de personas desaparecieron a manos de agentes bajo sus órdenes. Además, alertaron que su renuncia es sólo la forma que el ahora exfuncionario tiene para huir.
La mañana de ayer, jueves 4 de agosto, Arturo Bermúdez presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) después de que se revelara que el funcionario posee por lo menos 19 inmuebles en México y Estados Unidos, y es socio o dueño de 24 empresas de giros diversos.
Bermúdez, quien ha sido señalado por el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes como la mano derecha y prestanombres del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, publicó ayer su renuncia en Twitter, ahí aseguró que todos los bienes que posee son producto de su trabajo como funcionario, ingresos fuera del Gobierno y a través de créditos; “he actuado conforme a la ley”, agregó.
Con la SSP a cargo de Bermúdez, la seguridad en Veracruz se enfrascó en un estado de descomposición donde los homicidios y desaparecidos van a la alza. Además, dejó a la dependencia sumida en una deuda de USD$76’315.000.
- Lea más: México: Gobierno de Veracruz habría desvíado US$35 millones
- Lea más: Una ley no acabará con la corrupción en México
En este contexto, de acuerdo con Lucía de los Ángeles García Henao, coordinadora del colectivo de búsqueda Solecito, consideró que a Bermúdez se le debe indagar “muy a fondo, [debe ser] una investigación seria, profesional, que no tenga ningún tipo de atadura con él, porque no queremos la versión de Virgilio Andrade en Veracruz. Es importante que sea un investigación con mucha ética. Es un señor que tiene que dar muchas cuentas, porque la Policía de Veracruz, él la comandaba y se permitió que la Policía hiciera a su antojo”.
Para Eloisa Campos, integrante de la Brigada de Búsqueda en Veracruz, la renuncia de Bermúdez solo es una salida para no hacerse responsable de todos los delitos ocurridos en la entidad.
Campos consideró que el hecho de que se detengan a los policías por delitos como el de la desaparición forzada, no quiere decir que el problema se esté terminando, ya que sin sus declaraciones es más difícil que las familias puedan encontrar a sus desaparecidos.
“El hecho de que detengan a las policías no quiere decir nada porque ahí están encerrados, pero si no hablan, si no dicen, cómo vamos a saber qué fue lo que hicieron con nuestros hijos, si están vivos si están muertos”, dijo.
Lucía García coincidió en que probablemente la pretensión de las autoridades es encubrir a Bermúdez, investigándolo por corrupción “de la que luego él se va a salvar, por su puesto, porque en México no hemos visto a nadie que haya caído por una investigación de corrupción”.
“El problema es serio, él lo permitió, en caso de que lo haya permitido nada más. Él tiene más qué decir en cuanto a eso”, alertó.
El 11 de enero pasado, Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; José Benítez de la O, de 24; José Alfredo González Díaz, de 25; Mario Orozco Sánchez, de 27; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente, fueron desaparecidos por elementos de la Policía Estatal de Tierra Blanca, quienes luego los entregaron presuntamente a un grupo del crimen organizado. Por el caso, ocho elementos de la SSP fueron apresados.
García denunció que en Veracruz no puede haber investigaciones porque la gente no denuncia las desapariciones forzadas cometidas por policías locales y estatales por temor, por lo que consideró es difícil encontrar una cifra cuando es la misma autoridad la que está delinquiendo. En la entidad incluso, dijo, en algunos casos hasta el Ministerio Público está coludido.
Sin embargo, informó que el colectivo Solecito tiene registrado un caso de desaparición forzada donde la participación del ex Secretario de Seguridad está identificada de manera “muy clara”.
La Organización de las Naciones Unidas tiene un informe donde se detalla la desaparición forzada de 20 personas, lo cuál había sido hasta febrero del presente año un secreto a voces y un tema que se había tratado con sigilo por temor a represalias en el actual Gobierno de Javier Duarte, pero que a su vez no es un tema novedoso para organismos internacionales de derechos humanos.
Fuentes: El Universal, Sin Embargo
