El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno (Segob), Roberto Campa Cifrián, calificó como un “asunto terrible” los hechos de Nochixtlán, al tiempo que aceptó la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que la investigación arroje resultados positivos y los responsables sean llevados ante la justicia.
Pese a estos compromisos contraídos por Campa Cifrián, la comisión política de la sección 22 adelantó que mientras no constaten avances, continuarán los bloqueos carreteros y sus jornadas de lucha contra la reforma educativa, la exigencia de dar libertad a los presos políticos y castigo a los autores materiales e intelectuales de los “caídos”.
Luego de casi seis horas de diálogo en el auditorio de la escuela Abraham Castellano de esta localidad, Campa Cifrián se vio obligado a dar un mensaje público ante la exigencia de maestros que amenazaban con retenerlo.
Luego de 40 minutos, el funcionario federal accedió e informó que “aquí se ha exigido que se le debe dar intervención a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la CIDH y la ONU para los Derechos Humanos, que habrán de involucrarse en esta tarea para saber qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, y que todos los responsables sean llevados a la justicia”.
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Luego aclaró que conjuntamente con Serapaz construyeron una agenda en la que se incluye en primer lugar la investigación y la exigencia de las víctimas de conocer la verdad y que se haga justicia, producto de una investigación transparente.
El segundo punto se refiere a la atención de las víctimas, debido a que hay personas heridas que todavía no son atendidas por miedo a ser criminalizadas.
También el tema de los maestros estuvo presente en la reunión, tanto a lo que se refiere a la reforma educativa como a las personas que están detenidas.
El funcionario de Segob informó que hace unos días visitaron a los cuatro líderes privados de su libertad en el penal de Hermosillo, Sonora, y el último asunto que se abordó fue una serie de demandas de la comunidad relacionadas con hospitales y carreteras.
Hizo hincapié en que se van a establecer dos mesas, una para la investigación, la cual ya no es responsabilidad de la Fiscalía del estado, toda vez que la PGR atrajo la investigación. La segunda se refiere a la atención a víctimas, donde garantizó que nadie será criminalizado.
Finalmente, dijo que “no nos vamos a ir, que no tenemos ningún interés para que este asunto terrible quede sin ser investigado y que los responsables sean llevados a la justicia”.
Fuentes: 24 Horas, Periódico AM