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Varias organizaciones y civiles, incluyendo a la periodista Carmen Aristegui, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una amplia variedad de violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión que se cometen de manera sistemática en México, bajo la total impunidad gubernamental.
En el marco del 157° período de sesión de la CIDH, los comisionados, encabezados por el presidente del órgano jurídico de la OEA, James Cavallaro, se unieron a la denuncia de la crisis que se vive en México en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, de impunidad y de falta de transparencia.
En la primera de cuatro audiencias sobre casos en México, dedicada a la “Situación general de los derechos humanos”, solicitada por el Estado mexicano, se establecieron ejemplos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, corrupción, abuso de autoridad, desplazamiento de personas por la violencia, acoso, intimidación y asesinato de periodistas, así como también diversos casos sobre las miles de desapariciones de personas adultas y menores de edad en casi todo el territorio nacional.
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Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien encabezó la delegación del Estado mexicano, rechazó de manera casi automática toda acusación y señalamiento en materia de violación a los derechos humanos en México.
Por ejemplo, al cuestionamiento del uso indiscriminado de la fuerza letal de las FF.AA. de México bajo el cobijo de la lucha militarizada contra el narcotráfico, Ruiz Cabañas aseguró que “en México el uso de la fuerza militar se lleva a cabo bajo los estándares internacionales”.
A pesar de esto, Cabañas reconoció que existen las violaciones a derechos humanos en el país, pero rechazó de manera rotunda que “exista una crisis” como lo estableció la CIDH en su informe sobre México, dado a conocer el pasado mes de febrero.
“Las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos, presuntamente cometidas por las fuerzas del Estado, se investigan, todas, en el fuero civil y, si hay sanciones, éstas se aplican”, justificó el subsecretario de la Cancillería en defensa de lo que se dijo en la audiencia sobre los abusos cometidos por los militares y los marinos de México.
Nancy López, quien habló en nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, respondió que en el país “existe y se vive una situación generalizada de violación a los derechos humanos, con desapariciones forzadas sistemáticas, impunidad estructural”, y acotó que “estamos hartos de la impunidad dirigida por el gobierno” para este tipo de crímenes.
El comisionado de la CIDH, Enrique Gil Botero, quien pacientemente escuchó los reclamos y acusaciones de la sociedad civil y la respuesta del Gobierno mexicano, intervino diciendo que, aunque reconocen que ha habido avances desde 2011 en materia de derechos humanos en México, existe algo que es incomprensible:
“Que el Estado mexicano quiera desconocer que hay una grave situación de derechos humanos… que pareciera que es un principio de esquizofrenia”.
Cavallaro también reclamó al gobierno de Enrique Peña Nieto que en México se esté llevando a cabo una campaña de desprestigio en contra de la CIDH, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuva con la PGR en la investigación del caso Ayotzinapa, y en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, el secretario ejecutivo de la CIDH.
Ruiz Cabañas, en dos de las cuatro audiencias, aseguró que el gobierno de México no está detrás de las campañas de desprestigio y acotó que la PGR ya desechó una demanda que “un particular” interpuso en contra de Álvarez Icaza Longoria.
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Temáticas abordadas sobre derechos humanos
En tres de las cuatro audiencias ante la CIDH se abordaron temas específicos: Derechos de las personas privadas de la libertad y la privatización del sistema penitenciario; Desapariciones de niños, niñas y adolescentes, y Acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión.
En este último aspecto, que fue la audiencia más concurrida en la 157° sesión de la CIDH, cinco agrupaciones de la sociedad civil junto con Aristegui, denunciaron que, en México, el Gobierno utiliza la publicidad gubernamental para controlar editorialmente a los medios, censurar o autocensurar a los periodistas, que es muy limitado el acceso a la información, y que no existe un mecanismo de rendición de cuentas sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.
Fuente: Proceso.
