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El agente Cristóbal Antonio De Paz Reyes fue asesinado el pasado 12 de febrero de 2012, poco después de cumplir sus 33 años, sus restos fueron abandonados en la entrada de la colonia Sierra Morena, en Soyapango; de aquel duro golpe para su familia y sus compañeros que lo apreciaron han pasado tres años y un mes, y las autoridades no registran ninguna captura por el hecho.
Tampoco han dicho a la familia los hallazgos de la investigación como cuál fue el móvil y quiénes lo habrían matado.
El agente De Paz Reyes, destacado en el puesto policial de La Reina, en San Miguel, fue desmembrado en tres partes y sus restos dejados en igual número de bolsas plásticas al pie de unos postes del alumbrado público.
Por casi tres días, sus hermanos y padres pegaron retratos en lugares públicos para que cualquiera que conociera de su paradero les informara.
Sin embargo fue en la morgue de Medicina Legal en San Salvador que después de varias visitas e identificación de uno a uno de los cadáveres, lograron ubicar sus restos.
A la fecha su familia aún sigue esperando justicia, pero para las autoridades probablemente no amerite estar abierto el caso y más en un país donde la cifra de homicidios se ha duplicado de 10 casos por día, en ese año, a más de 20 diarios en la actualidad.
El asesinato del agente De Paz Reyes, es uno de los 23 mil registrados en el período de 2010 a 2015 y de los cuales no han sido resueltos.
Para todos los casos de ese período, la Fiscalía General abrió igual número de expedientes para esclarecerlos. En las investigaciones las autoridades se propusieron determinar y localizar a los responsables, establecer el nivel de participación delictiva de cada uno de los que resulten involucrados y el móvil que los llevó a cometer el hecho, entre otros aspectos.
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Como resultado, en el mismo período, la Policía detuvo a 11.291 personas; sin embargo, las autoridades aclaran que los detenidos no corresponde a igual número de homicidios, pues por un homicidio podrían haber dos, tres, cinco y más implicados arrestados. De ahí que no siempre la cantidad de detenidos coincide con los homicidios que han resuelto.
Además, este grupo de arrestados es depurado en el proceso judicial; porque no todos son condenados, ya que durante el proceso de investigación no se logró determinar su participación delictiva en los hechos en los que aparecían señalados.
En ese sentido, sólo 3.520 procesados por homicidios fueron llevados a juicio y condenados a una pena de cárcel, equivalente a sólo 15% de la totalidad de los hechos registrados entre 2010 y 2015.
En 2.545 casos las investigaciones no prosperaron o no se encontraron suficientes evidencias para determinar sospechosos y procesarlos, por lo que sus expedientes fueron cerrados definitivamente y archivados.
Estos expedientes han sido cerrados porque según el Código Procesal Penal vigente en El Salvador, las indagaciones por delitos complejos en el que interviene el crimen organizado duran 24 meses y el plazo puede ser ampliado por el fiscal general a un período similar, o sea de 48 meses (dos años).
Fuente: El Salvador.
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