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El Gobierno de Pedro Castillo arremete de nuevo contra la libertad de prensa con el anuncio de un proyecto de ley que busca criminalizar a jueces, fiscales, policías y abogados que filtren información de procesos fiscales o judiciales. Así lo anunció el ministro de Justicia, Félix Chero, en una entrevista en Canal N en la que se puede observar su tono siniestro.
Es siniestro porque lo hacen en medio de un contexto político en el que se han filtrado declaraciones de investigaciones sobre corrupción que comprometen al presidente, y también porque se jacta de que con este proyecto no se afecta a los medios de comunicación, pero en la práctica está obstruyendo la labor periodística porque están intimidando a una parte importante de sus fuentes. Entonces, este Gobierno quiere hacer como que cumple con las formas y declamaciones de que no va a afectar a la prensa, pero en el fondo sí lo está haciendo.
Ocurre lo mismo con esa entrevista que brindó el presidente a un periodista del canal del Estado en la que quisieron hacer creer que habla con la prensa cuando en realidad no brinda una entrevista en vivo, pública y espontánea a la prensa incómoda que hace repreguntas. En la práctica seguimos con más de cien días en los que el presidente no habla con la prensa de verdad.
Desde campaña, en sus planes y en su ejercicio, este Gobierno ha representado siempre una amenaza para la libertad de expresión. Llama la atención que en las observaciones preliminares de la Relatoría Especial para la Libertad de expresión de la CIDH, tras su primera visita al Perú, no hayan precisado la real magnitud y el peso de esas amenazas y vulneraciones desde el Gobierno de Castillo.
Si una esencia de la democracia es que los gobernantes hablen e informen a sus ciudadanos, ¿cómo no puede escandalizarlos un presidente con más de cien días sin hablar con la prensa de verdad? Son observaciones preliminares, y falta aún el Informe Especial de País, pero es desalentador que estas instancias tan relevantes para luchar contra este tipo de gobiernos y tan enérgicas en otros casos sean tan blandas con un Gobierno que burla leyes de transparencia, que intimida a periodistas, que actúa con secretismo, que afecta el derecho de los ciudadanos a informarse, que pone obstáculos al libre flujo informativo, y que es abiertamente siniestro y calculador al buscar vulnerar la libertad de expresión con este proyecto mordaza contra las fuentes de periodistas.
Este artículo fue publicado originalmente en Perú 21 (Perú) el 17 de junio de 2022. Luego en ElCato.org
Yesenia E. Álvarez Temoche es presidenta del Instituto Político para la Libertad (Perú).
