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A partir de enero de 2021, la inflación anual en México, según el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor), ha mostrado una tendencia al alza, hasta alcanzar, en promedio de noviembre de 2021 a febrero de 2022, 7,3 por ciento, una tasa no vista desde principios de 2001.
Si bien la agudización de la inflación ha coincidido con la observada en otras naciones, las presiones de precios en nuestro país se han gestado desde antes. La inflación promedio durante 2017-2020 fue 4,5 por ciento, 1,2 puntos porcentuales por arriba del registrado en los cuatro años previos. Este contraste sugiere que México podría haber entrado a un régimen de inflación más elevada en 2017.
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Además, de abril de 2018 a noviembre de 2020, la variación anual del subíndice de precios “subyacente”, que excluye los componentes más volátiles del INPC, mostró una notable resistencia a la baja, en torno a 3,7 por ciento y, a partir de diciembre de 2021, ha ido en continuo ascenso hasta situarse en 6,6 por ciento en febrero de 2021, el mayor ritmo desde mediados de 2001.
Los perjuicios de la prolongada inflación en México no pueden subestimarse. El crecimiento generalizado y sostenido de los precios significa un estrechamiento del poder adquisitivo del dinero, el cual tiene dos características.
Por una parte, la inflación opera como un impuesto no legislado a las tenencias monetarias, que se va aplicando de forma gradual en las transacciones económicas. Como este deterioro ocurre sin previo aviso, el público puede confundirse.
El posible desconcierto abarca la dificultad de evaluar el precio de un bien respecto a otro, así como distinguir entre valores nominales y reales, es decir, en términos del poder de compra. Esta confusión puede conducir a decisiones económicas equivocadas.
Por otra parte, el menoscabo inflacionario daña, en especial, a los grupos de población más vulnerables. Ello es así porque las personas con menores recursos generalmente tienen un menor acceso a medios que los puedan proteger contra la inflación, lo que convierte a ésta en un gravamen altamente “regresivo”, es decir, uno cuya tasa aumenta a medida que disminuye el ingreso.
Varios colectivos poblacionales, no completamente independientes entre sí, resultan particularmente afectados. Por su tamaño, destacan tres.
Con mucho, el grupo más dañado es el de los pobres, los cuales, dadas sus limitaciones económicas, se ven obligados a mantener la mayor parte de su ingreso en la forma de efectivo. Este conjunto es muy grande. Por ejemplo, según el Coneval, en el cuarto trimestre de 2021, la proporción de la población con ingreso laboral inferior al costo de la “canasta alimentaria”, definida como aquella que contiene los requerimientos mínimos de energía y nutrientes, fue 40,3 por ciento.
Por mucho tiempo, el índice de precios de la “canasta de consumo mínimo”, utilizado por ese organismo para calcular distintos indicadores de pobreza, ha mostrado variaciones anuales superiores a la inflación general. Ello confirma que el crecimiento de los precios tiende a afectar desproporcionadamente a los más pobres y constituye una forma muy efectiva de acrecentar la indigencia.
Un segundo grupo perjudicado es el de los trabajadores, activos y no activos, cuyas percepciones, al fijarse de forma nominal, sufren un rezago respecto de la inflación, el cual suele ampliarse con el aumento de ésta.
La caída de los salarios y pensiones reales implica una degradación del nivel de vida de millones de personas. Por ejemplo, según el INEGI, en enero de 2022, la Población Económicamente Activa, es decir, la que se encontraba en edad de trabajar y estaba ocupada o buscaba trabajo, ascendió a 57,7 millones de personas. Aunque es relativamente menor, el número de trabajadores retirados ha ido incrementándose con el envejecimiento de la población.
Un tercer colectivo afectado es el de los ahorradores que mantienen sus recursos como depósitos en instituciones financieras, cuyos rendimientos son inexistentes o típicamente inferiores a la inflación.
Este grupo comprende a millones de personas y representa una proporción muy elevada de los recursos financieros. Por ejemplo, en enero de 2022, los depósitos de exigibilidad inmediata más la captación a plazo, ambos en moneda nacional, equivalieron a dos y media veces el monto de billetes y monedas en poder del público.
La inflación es una confiscación silenciosa que afecta a grandes segmentos poblacionales, especialmente los más vulnerables. Si bien algunos individuos pueden resultar beneficiados, por ejemplo, los deudores cuya tasa de interés real sea negativa, los costos sociales superan claramente los posibles beneficios. La obligación del Banco de México es fortalecer su postura monetaria para combatir de manera decidida este padecimiento.
Este artículo fue publicado inicialmente en ElCato.org
Manuel Sánchez González es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (Fondo de Cultura Económica, 2006).
