Yuka Hayashi y Josh Zumbrun reportan en el Wall Street Journal que las empresas están frustradas por “la nueva política comercial de la administración de Biden”, que suena mucho como la vieja política comercial de la administración de Trump hacia China. Las empresas estaban esperando una especie de alivio con los aranceles, pero la administración dice que eso no vendrá pronto. Las empresas habían esperado que al menos, si la administración mantenía los aranceles, “permitiría que las empresas apelen para obtener exenciones de los aranceles, un proceso que en gran medida había expirado para fines del año pasado”. Pero no tanto así:
“La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. dijo que consideraría conceder exenciones de exclusión para 549 categorías de productos, una fracción de más de 2.200 ítems que calificaban para recibir un alivio arancelario a inicios de los años Trump”.
No es obvio que la opción de recibir exenciones era muy útil, dado que casi todos los pedidos fueron rechazados, según un gráfico adjunto al artículo que está basado en cifras de la GAO.
Pero en cualquier caso las exenciones no son la forma de conducir una política comercial o un gobierno. La norma de exenciones no es el Estado de Derecho.
Es comprensible que aquellos que sufren bajo las cargas estatales buscarán alivio. Si una derogación general de las cargas no parece posible, entonces una exención de su aplicación a usted o su empresa podría parecer como la mejor opción posible. Pero dichas exenciones agregan costos, complicaciones y una injusticia adicional al proceso. Las exenciones parecen ser una característica cada vez más ubicua en las leyes complicadas y onerosas.
Durante la administración de Obama, por ejemplo, el secretario de Educación Arne Duncan anunció que unilateralmente dejaría de lado el requisito central de la ley de rendición de cuentas para las escuelas “No Child Left Behind”, de que 100 por ciento de los estudiantes deben ser competentes en matemáticas y lectura hasta el año 2014. Nosotros mismos hemos criticado ese requisito irrealista. Pero irrealista o no, es la ley. Según el New York Times:
“El Sr. Duncan le dijo a los reporteros que el estaba actuando porque el congreso no había logrado re-escribir una ley de la era de Bush, que el denominó un ‘accidente de tren en cámara lenta’”.
Nuevamente, yo también pienso que el Congreso debería re-escribir —o derogar— esta ley. Pero, lamentablemente, no lo ha hecho. Incluso el New York Times, muchas veces cómodo con el ejercicio del poder federal y ejecutivo, se da cuenta de que:
“El plan de la administración equivale al uso más atrevido de autoridad ejecutiva para re-escribir la ley federal de educación desde que Washington expandió su intervención en la educación durante la década de 1960”.
Esto es un tanto confuso; en la década de 1960 el Congreso aprobó leyes que extendieron el poder federal sobre las escuelas locales. El ejercicio del poder ejecutivo es una cuestión distinta.
El plan de Duncan de eximir las malas provisiones de la ley recuerda a las más de mil exenciones de las provisiones de la nueva ley de salud que la Secretaria de Servicios de Salud y Humanos Kathleen Sebelius ya había concedido. Durante la administración de Trump la ley de inmigración parecía deteriorar hasta convertirse en “acciones ejecutivas arbitrarias mediante las cuales los inmigrantes, trabajadores, estudiantes y visitantes le piden al gobierno exenciones y excepciones en virtud de criterios obtusos y vagos fijados por la rama ejecutiva”. Un problema con dichas exenciones, por supuesto, es la sospecha de que estas serán concedidas a los políticamente conectados o incluso a los partidarios políticos.
Parece que hemos llegado a vivir en un mundo en el que el Congreso aprueba leyes vastas y expansivas que hacen grandes promesas que pocos o ninguno de los congresistas de hecho leyeron, y luego inserta en estas el poder del presidente o sus funcionarios designados para dispensar secciones de estas cuando estas se vuelven inaplicables o se tropiezan con los intereses de los bien conectados. Philip Hamburger de la Facultad de Derecho de Columbia dice que las exenciones provocan “preguntas acerca de si vivimos bajo un gobierno de leyes. El Congreso puede aprobar estatutos que se aplican a algunas empresas pero no a otras, pero una vez que una ley ha sido aprobada —y por lo tanto es vinculante, ¿cómo puede la rama ejecutiva eximir a algunos estadounidenses de su obligación de obedecerla?
Los aranceles de las administraciones de Trump y Biden sobre bienes que los ciudadanos compran a los vendedores chinos le cuestan a los estadounidenses dinero y reducen nuestra calidad de vida. Estos deberían ser eliminados, especialmente ahora que hay una creciente preocupación acerca de la inflación. Mientras tanto, quizás los administradores deberían conceder todos los requisitos de excepciones y exenciones. Pero deberíamos dejar de aprobar leyes que son tan complejas y tan onerosas que las exenciones parecen ser justificadas. Estaríamos mejor con menos leyes y regulaciones, normas más sencillas, y menos necesidad de exenciones.
David Boaz es vicepresidente Ejecutivo del Cato Institute.