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Madrid/Mérida, 22 may (EFE).- La jueza española que investiga la contratación del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió que vaya a juicio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras rechazar un recurso del acusado en contra de su procesamiento.
La jueza Beatriz Biedma, que investiga la contratación de David Sánchez por parte de la Diputación (gobierno provincial) de Badajoz (sureste de España), dictó el pasado 28 de abril un auto de procesamiento contra él y otras diez personas, entre las que está el presidente de la Diputación de Badajoz y líder regional del partido socialista, Miguel Ángel Gallardo, y ahora declara la apertura de juicio oral para todos ellos.
El auto dictado con fecha de este jueves, 22 de mayo, va acompañado de otros en los que rechaza los recursos presentados por los acusados contra el procesamiento, aunque aún les queda la vía de los recursos de apelación ante la Audiencia Provincial.
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La jueza argumenta que David Sánchez, teniendo “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había “creado para él”, se presentó a la convocatoria “e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.
Considera también que la creación del puesto fue “a petición, seguramente, de persona o personas” del entorno del hermano de Pedro Sánchez, que “conocían la necesidad” de éste, quien “en ese momento carecía de trabajo estable”.
Además, la creación de dicho empleo tenía como “objetivo” que fuera ocupado por David Sánchez, firma la jueza en el auto.
La Fiscalía se opuso al procesamiento de David Sánchez por entender que no existen indicios para poder atribuirle los delitos de prevaricación y tráfico de influencias al ser contratado por la Diputación de Badajoz en 2017.
El Ministerio Público pedía el archivo para los once investigados del caso, al entender que la atribución de la comisión de los delitos no se ha producido de manera “patente”, “clara”, “inobjetable” e “irrefutable”, y no encaja judicialmente en una figura penal.
La investigación sobre la contratación irregular de David Sánchez comenzó a raíz de la denuncia presentada por la organización Manos Limpias, cuyo fundador se vincula con grupos de derecha, que encabeza también la acusación popular unificada en la que se incluyen, entre otros, el partido Vox.
El caso ha generado polémica política y mediática, pues tanto el presidente de la Diputación de Badajoz como el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que comenzó a gobernar en 2018, pertenecen al Partido Socialista.
Este no es único caso de un familiar directo de Sánchez investigado por los tribunales, ya que un juez de Madrid abrió hace más de un año una causa contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que luego amplió a los de apropiación indebida o intrusismo.
No obstante, la Audiencia de Madrid acotó la labor del juez a investigar si la mujer del presidente del Gobierno ofreció “supuestas influencias” a cambio de “contraprestaciones” para proyectar su carrera profesional.
