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Moscú, 17 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Rusia anunció este jueves su decisión de retirar al movimiento talibán de la lista de organizaciones terroristas, lo que allana el camino para el reconocimiento por parte del Kremlin de las nuevas autoridades en Afganistán.
El fallo entró en vigor inmediatamente, según informó el Supremo, al que se dirigió la Fiscalía General rusa con la petición de dejar de considerar a los talibanes como un grupo terrorista, condición que les impuso en febrero de 2003.
De esta forma, ese movimiento deja de esta prohibido en Rusia, cuyo gobierno comenzó a tender puentes con los talibanes años antes de que recuperan el poder en Kabul en 2021 tras la retirada militar estadounidense.
El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó en diciembre de 2024 una ley que permitía retirar a los talibanes y a otros grupos de la lista, siempre y cuando hayan renunciado a apoyar, justificar y hacer propaganda de terrorismo.
Según el nuevo mecanismo contemplado por la ley, la exclusión de la lista dependerá de una decisión judicial que estará cimentada, a su vez, en la recomendación de la Fiscalía General, siempre y cuando la organización renuncie a cometer, apoyar, promover o justificar acciones terroristas.
En ese caso, el fallo judicial será enviado al Servicio Federal de Seguridad (FSB) para que introduzca los cambios correspondientes en el registro de organizaciones terroristas.
Eso sí, la ley contempla un levantamiento solo provisional de dicha prohibición, por lo que la organización afectada puede volver a ser incluida en la lista negra en caso de reincidencia.
Los talibanes fueron incluidos en la lista en 2003 con el argumento de que empleaban métodos terroristas y mantenían vínculos con formaciones armadas ilegales en Chechenia, donde Putin había lanzado la Segunda Guerra de Chechenia en 1999.
El giro se produjo cuando los talibanes declararon la guerra al Estado Islámico, tras lo que algunos de sus representantes fueron invitados en 2018 a visitar la capital rusa.
El FSB considera que los talibanes quieren poner orden en Afganistán y serán un valioso aliado en la lucha contra el Estado Islámico de la Provincia del Jorasán (ISPK, por sus siglas en inglés), organizador del atentado en marzo de 2024 contra la sala de conciertos Crocus City Hall, en el que murieron 145 personas.
Según medios independientes, 37 personas han sido investigadas en estos 22 años en casos penales o administrativos por su relación con los talibanes.
De ellos, nueve fueron condenados a penas de cárcel, la mayor de las cuales ascendió a doce años y medio de cárcel, por propaganda de terrorismo.
Además, otros cinco seguidores de ese movimiento integrista fueron sentenciados a entre 16 y 26 años de cárcel por planear un atentado terrorista en la capital de los Urales, Yekaterimburgo.
En una clara muestra de acercamiento, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunió hace medio año con el jefe de la diplomacia del Gobierno provisional de los talibanes, Amir Khan Muttaqi.
Lavrov y Muttaqi expresaron entonces la voluntad de ambos países de entablar “unas relaciones políticas de confianza” que propicien un incremento de la cooperación comercial bilateral.
Putin había sugerido en los últimos años en varias ocasiones una posible exclusión de los talibanes de la lista de terroristas, pero en el pasado lo había condicionado al visto bueno de la ONU.
En los últimos años, los talibanes han viajado varias veces a Moscú para participar en conferencias sobre el arreglo en Afganistán y el Kremlin los invitó a participar el año pasado en el Foro Económico de San Petersburgo como en la cumbre de BRICS.
La ley promulgada por Putin también podría normalizar las relaciones entre Moscú y el Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham o HTS, en árabe), que derrocó al presidente sirio, Bachar al Asad, y que en 2020 fue declarado organización terrorista por la Justicia rusa.
