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Bogotá, 22 ago (EFE).- La Fiscalía colombiana suspendió por tres meses las órdenes de captura y extradición contra 11 miembros de la narcoguerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos a uno de sus máximos jefes, Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’, reconocidos por el Gobierno de Gustavo Petro como negociadores en los diálogos de paz.
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Así lo informó el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que en una declaración dijo que firmó una resolución por la cual “se ordena suspender por tres meses todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, e Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán'”.
La medida también se hace extensiva a Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García Laviana, Óscar Serrano y Vivian Henao, quienes han “sido reconocidos por el Gobierno como los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, detalló el fiscal Barbosa.
Una medida en línea con la decisión de Petro
El fiscal Francisco Barbosa puntualizó que la medida la adoptó con “ocasión de la decisión” del presidente Petro de “restituir los protocolos para comenzar un diálogo con ese grupo armado organizado”.
Declaraciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Video completo aquí: https://t.co/D3dllEhZzY pic.twitter.com/iwpCJqDlR3
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2022
El sábado pasado el mandatario colombiano anunció que firmó un decreto por el que suspendía las órdenes de captura y extradición contra los negociadores del ELN que están en Cuba para iniciar diálogos de paz.
Explicó que lo ordenado es para “intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia”.
Diálogos suspendidos por falta de voluntad del ELN y terrorismo
Las negociaciones del Gobierno colombiano con el ELN comenzaron en 2017 en Quito, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y en 2018 fueron trasladadas a La Habana donde aún se encuentran los principales dirigentes de esta narcoguerrilla, a pesar de que durante el Gobierno del entonces presidente Iván Duque se paralizaron definitivamente debido a la exigencia no acatada de liberar a todos los secuestrados y renunciar a todos los crímenes relacionados con narcotráfico, minería ilegal, atentados a infraestructura eléctrica y de petróleo, entre otras.
Y para terminar de enterrar cualquier posibilidad del diálogo durante el gobierno anterior, a comienzos de 2019 el ELN perpetró un atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, el cual dejó 22 muertos y 68 heridos. Ante este macabro hecho, el gobierno colombiano pidió en ese momento a Cuba la entrega de los negociadores que se encontraban en La Habana, pero el régimen comunista se puso del lado de los criminales e invocando protocolos diplomáticos negó la extradición.
Un guiño del ELN con el Gobierno de Petro
Petro recalcó en esa ocasión que con la resolución firmada para suspender las órdenes de captura y de extradición “inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia”, que espera y estarán “vigilantes con la fuerza pública y las autoridades, traiga en concreto la disminución de la violencia”.
La semana pasada el ELN dejó en libertad a cinco soldados y un policía que había secuestrado en el departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, lo que se interpretó como un supuesto gesto para llegar a reanudar las negociaciones de paz.
