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Managua, 14 may (EFE).- El régimen sandinista de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONG nicaragüenses, incluidas dos que apoyan a mujeres víctimas de la violencia y una de rescate a jóvenes de las pandillas, informó este sábado el Poder Legislativo.
Con esas nuevas 25 asociaciones se elevan a 75 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las que el Ejecutivo del dictador Daniel Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de mayo, y a 212 desde diciembre de 2018.
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En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional, se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 187 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Según el régimen de Ortega, las ONG nicaragüenses han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados.
En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Legislativo cancelar la personalidad jurídica a la Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas, a la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de la Violencia, y a la Asociación Centro Alternativo para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Izel.
Otras ONG nicaragüenses propuestas a ser anuladas son la Fundación Puntos de Encuentro, Fundación Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (COEMIPYME); Fundación Centro de Relaciones Internacionales; y Fundación de Mujeres y Desarrollo y la Democracia en Nicaragua.
Además, ONG dedicadas a la gobernabilidad, a la democracia, a la participación ciudadana, al desarrollo forestal, y al desarrollo comunitario.
Un pase de factura
Según Gobernación, esas ONG han trasgredido e incumplido con sus obligaciones conforme a las leyes que rigen a las ONG, entre las que mencionó la Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro -en vigor desde el 6 de abril pasado-, y la Ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
La propuesta de ley establece que los bienes y acciones de las ONG afectadas tendrán previa liquidación.
Los representantes de algunas de las ONG canceladas, entre estas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han denunciado que las autoridades nicaragüenses se niegan a recibir los documentos de las organizaciones para después acusarlas de incumplimiento y que se trata de una pasada de cuenta por su posición crítica.
La Compañía de Jesús, a la que le cerraron dos ONG, tampoco aceptan los argumentos de la dictadura.
“Queremos asegurar que tanto el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA) como la Asociación Ángelo Giuseppe Roncalli, en el ejercicio de su misión al servicio del pueblo nicaragüense, siempre observaron y cumplieron las leyes vigentes en el país y la Constitución Política”, sostuvo la jesuita Compañía de Jesús en una declaración esta semana.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas y centros de pensamiento nicaragüenses, entre otras.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las amañadas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega se declaró reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, con sus principales contendientes en prisión.
