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Zulia/Bolívar (Venezuela), 13 may (EFE).- Génderson aguarda en la orilla de una cañada de la ciudad venezolana de Maracaibo a que una máquina remueva la mayor cantidad de desechos en este insalubre lugar. Entonces, será su turno y se sumergirá en la pestilencia para buscar chatarra, el oro de los pobres a los que ahora acusan de mafiosos.
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En esta zona petrolera, capital del otrora rico estado Zulia, decenas de jóvenes como Génderson buscan cada día entre la basura algunas piezas de hierro para vender en chatarrerías y hacerse con unos dólares que les permitan alimentar a sus familias y, así, reunir fuerzas para repetir la faena al día siguiente.
La venta de chatarra, que ha existido durante un siglo en el país caribeño, se ha disparado en los últimos meses, por lo que las autoridades encendieron las alarmas y comenzaron a buscar a desvalijadores que, para vender metales, están destrozando bienes públicos y, con ello, perjudicando la imagen de los chatarreros.
Mientras tanto, Génderson, que no conoce otro oficio desde los 13 años de edad, ahora con 22, sale cada día a buscar entre los desperdicios sin sentirse un criminal. «Uno se ayuda con eso», dice parcamente.
Contra la mafias
En Maracaibo, la venta de chatarra pasó de ser una modalidad a una perversión. Así lo considera el alcalde de esa ciudad, Rafael Ramírez, quien marca diferencias entre los habituales recolectores urbanos y quienes roban material en instalaciones públicas o privadas.
Incluso quienes solo buscan entre la basura están generando un problema a la ciudad pues, explica, se aglomeran tantos durante las limpiezas de cañadas que realiza la Alcaldía que terminan por interrumpir o prohibir la continuidad de estos trabajos. Debido a ello, las jornadas están siendo custodiadas por los cuerpos policiales.
Por otro lado, están los que sustraen tapas de alcantarillas o desarman barandas en vías públicas poniendo en riesgo la seguridad de las personas. La Alcaldía sabe que estos hechos ocurren pero no ha capturado a nadie en flagrancia.
El aumento de la venta ilegal de chatarra es tan evidente en Venezuela que el pasado 23 de abril el presidente Nicolás Maduro prometió atacar «con mano de hierro» a las «mafias» que se dedican a su contrabando.
Consultado sobre esta medida, Ramírez dice que no han detectado alguna organización con características de mafia dedicada a este sector, pero entiende que sí existe un negocio «que no beneficia principalmente a quien se lleva el producto», hombres como Génderson.
«No es el que debe obtener la mayor ganancia. A él se la deben pagar para efectos de obtener un volumen que permita exportarlo, venderlo, llevárselo a alguien (…) lo importante es determinar quién recibe ese material», sostuvo.
Para sobrevivir
En el extremo sur del país, en una comunidad pobre de San Félix, en el estado Bolívar, José, junto a dos de sus hijos pequeños, empuja con dificultad una carreta durante tres horas hasta el vertedero de Cambalache, donde rebusca entre la basura y bajo un sol de justicia para encontrar residuos de metal, cobre y hierro.
José, cuyo nombre real fue cambiado a petición suya, en un día excepcional consigue un kilogramo de chatarra que vende en unos 500 bolívares (108,69 dólares), con lo que comprará comida para su familia hasta que, si la suerte le sigue sonriendo, obtenga otros metales para vender.
Pero no es lo habitual. Son muchas las jornadas en las que se va con las manos vacías, sin chatarra y, por tanto, sin dinero para alimentar a una familia numerosa.
«Tengo seis muchachos y por eso tomé la decisión de hacer esto para poder medio sobrevivir», contó a Efe el hombre, cuyo único ingreso, aparte de lo que obtiene por la chatarra, es el que devenga en una fábrica de material de construcción -donde trabaja de manera intermitente-, y que no le alcanza para mantener a su familia, al ser un salario bajo (unos 30 dólares mensuales) e irregular.
En Bolívar, el mayor estado minero de Venezuela, muchos poblados pobres, comunidades indígenas entre ellas, viven de la chatarra que pueden extraer al desvalijar empresas de aluminio o forestales de la zona. Todos corren el riesgo de ser detenidos por las autoridades venezolanas que buscan proteger ese «material estratégico».
En los primeros 70 días del año, 213.547 kilos de chatarra fueron incautados por las autoridades venezolanas, según la Fiscalía, que ha emprendido acciones para sancionar a quienes vandalicen instituciones del Estado con estos fines.
El Gobierno cambió las reglas de juego para los chatarreros en marzo de 2021, cuando estableció que todo material que pueda ser reciclado será considerado estratégico. Con la monopolización estatal del negocio, que ha cobrado un ímpetu exportador desde entonces, la chatarra se convirtió en oro en un país con mucha pobreza.
