Miami, 15 abr (EFE).- El Legislativo de Florida aprobó este jueves un proyecto de ley que amplía las facultades de las fuerzas del orden para efectuar arrestos en las protestas que se tornen violentas y dificulta recortar la financiación a la Policía, como han pedido los activistas de Black Lives Matter (BLM).
Con 23 votos a favor y 17 en contra, el Senado, de mayoría republicana, aprobó esta iniciativa definida como “lucha contra la violencia, el desorden y el saqueo y ley de protección de las fuerzas del orden”.
La medida culminó así su trámite en el Legislativo. Ya había sido aprobado en la Cámara baja en marzo, y pasa ahora a manos del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que se prevé la firmará y entrará de inmediato en vigor.
DeSantis había anunciado la medida en 2020 tras las manifestaciones nacionales de la minoría afroamericana, especialmente el grupo marxista Black Lives Matters, tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis.
El senador republicano Danny Burgess, patrocinador del proyecto de ley, aseguró que esta ley “no protege la violencia” y que aún les da a los manifestantes la capacidad de ejercer su derecho de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de culto, de expresión, de prensa y de reunión, recogió el canal 10 Tampa Bay.
Argumentos de los detractores
Pero los detractores consideran que la medida va a fomentar aún más la discriminación de minorías, que estarían sometidas a las autoridades y a su discreción a la hora de calificar una protesta como un movimiento pacífico o disturbios.
La senadora demócrata Janet Cruz se opuso también al proyecto de ley con el argumento de que, de aprobarse esta medida, “veremos a nuestros electores vacilar antes de protestar”.
Para Andrew Warren, fiscal estatal del condado de Hillsborough (costa oeste de Florida), este proyecto de ley en Florida contra las protestas violentas no solo no sirve a fiscales ni a los departamentos de Policía para manejar los disturbios, sino que infringe los derechos a las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión.