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Lima, 19 feb (EFE).- La Embajada de China en Perú es también centro de las miradas del «Vacunagate«, el escándalo político de vacunaciones en secreto de altos funcionarios peruanos, tras confirmarse que la misión diplomática china recibió más de un tercio del exclusivo lote de dosis que desató la tormenta política.
Fueron 3200 las vacunas del laboratorio chino Sinopharm que llegaron a Perú en el tercer trimestre de 2020, de ellas 1200 solicitadas por la embajada china y 2000 por el Gobierno de Perú para inmunizar al personal a cargo del ensayo clínico de la misma vacuna en Perú, que convocó a 12000 voluntarios.
La partida de 2000 dosis que quedó en manos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), encargada de dirigir el ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm, fue utilizado también para inmunizar irregularmente y en secreto a más de cien funcionarios y en algunos casos a sus familias por completo.
Entre las autoridades que aprovecharon sus cargos para acceder a este exclusivo lote de vacunas varios meses antes de que llegaran las primeras dosis para la población estuvieron el entonces presidente Martín Vizcarra y las ministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores), quienes ya cesaron sus funciones.
Ellos tres están en la lista hecha pública por el Gobierno de los irregulares receptores de las vacunas, pero se desconoce quiénes fueron vacunados con las dosis que recibió la embajada china.
Posible pedido de información
Durante una comparecencia ante la comisión creada por el Congreso para investigar el «Vacunagate», la primera ministra, Violeta Bermúdez reconoció este viernes que el Gobierno no tiene información sobre quiénes recibieron las dosis que quedaron en manos de la embajada china.
Bermúdez indicó que, en principio, el lote para la embajada china era para inmunizar a su personal diplomático, trabajadores y «otras personas vinculadas a la embajada».
«El Gobierno chino no tiene que dar cuenta sobre las 2000 dosis que fueron solicitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores con la conformidad del Ministerio de Salud», precisó Bermúdez.
«Sobre las dosis solicitadas por la embajada china, creo que se les puede solicitar que compartan la información y me imagino que no van a tener ningún problema en hacerlo por transparencia y por la relación de cooperación que tenemos», añadió.
Por su parte, la Embajada de China en Perú solo se manifestó el lunes en un comunicado donde rechazaron que las vacunaciones irregulares sean prebendas, donaciones o «vacunas de cortesía».
Sin fechas para nuevos envíos
Precisamente la vacuna de Sinopharm ha sido la escogida por el Gobierno para iniciar la vacunación masiva en Perú, lo que comenzó el 9 de febrero con el primero de los 38 millones de dosis que el Ejecutivo se ha comprometido a adquirir la empresa china.
Sin embargo, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, reconoció este viernes en conferencia de prensa que no hay todavía una fecha contemplada para la llegada de los siguientes lotes de vacunas porque aún no se han concretado las transacciones correspondientes.
Neyra deseó que esto pueda darse la próxima semana, aunque depende de la recomposición del equipo negociador del Gobierno peruano, pues parte de los miembros de este grupo han sido apartados por haber sido algunos de los beneficiados con las vacunaciones secretas.
Veto para nuevos ensayos clínicos
Asimismo, este viernes han continuado las consecuencias para varios de los implicados en el «Vacunagate», especialmente para la Universidad Cayetano Heredia, que fue suspendida por el Instituto Nacional de Salud (INS) para realizar nuevos ensayos clínicos.
El INS aseguró que la universidad «ocultó información sobre el uso de las vacunas», pues «fueron administradas a personas ajenas al ensayo, con el agravante de aplicar más de dos dosis por persona, y parte de ellas han sido retiradas indebidamente del centro de investigación».
Además de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado solicitó este viernes la detención preliminar de varios implicados, entre ellos las exministras Mazzetti y Astete y el investigador Málaga.
El escándalo del «Vacunagate» salió a la luz en el peor momento de la segunda ola de la pandemia del COVID-19, en la misma semana donde el país marcó los registros más altos de contagios y muertes de toda la emergencia, y en total ya acumula más de 1,2 millones de casos, de los que más de 44000 han fallecido.
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