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Miami, 5 ene (EFE).- Tres congresistas de Estados Unidos presentaron este martes un proyecto de ley que busca otorgar el programa migratorio Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los inmigrantes venezolanos, después del fracaso de una iniciativa similar en 2020.
El TPS está encaminado «a salvar de la deportación a unos 200.000 ciudadanos venezolanos en Estados Unidos», explicaron sus promotores, el republicano Mario Díaz-Balart y los demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz.
Soto, de origen puertorriqueño, dijo que el mundo entero ha sido testigo de «lo poco que le importan los derechos humanos» a Nicolás Maduro, «realizando arrestos arbitrarios, censura de los medios, la detención de opositores y el uso de fuerzas letales contra manifestantes pacíficos».
«Hasta que la estabilidad política y seguridad alimentaria estén restauradas y la recuperación económica comience, designar a Venezuela para TPS es la mejor manera de indicar nuestro apoyo a los refugiados en Florida y en el resto del país», señaló Soto en un comunicado.
Una promesa de campaña de Biden
La iniciativa bipartidista «designa automáticamente a los venezolanos elegibles para TPS por un período inicial de 18 meses, con la opción de renovación».
Bajo el TPS, prometido en campaña por el presidente electo, Joe Biden «los venezolanos estarían protegidos de la deportación y se les otorgaría una autorización de trabajo, lo que permitiría a las personas pagar impuestos y contribuir a sus comunidades».
Este programa «sigue siendo crucial para los miles de ciudadanos venezolanos que han buscado seguridad en Estados Unidos después de huir de la dictadura opresiva y asesina de Maduro», manifestó por su parte el congresista Díaz-Balart.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE. UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Desde entonces, este país ha concedido el TPS a países como Honduras y Nicaragua tras el paso en 1998 del devastador huracán Mitch, a El Salvador a raíz de una serie de sismos en 2001, a Haití en 2010 por su catastrófico terremoto y a Sudán en 2014 con motivo del conflicto de Sudán del Sur.
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