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Montevideo, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Uruguay hizo pública este viernes su retirada del canal Telesur y de Banco del Sur para «no integrar uniones basadas en afinidades político-ideológicas».
Según informó la Cancillería mediante un comunicado, la decisión tomada por Uruguay de abandonar ambas instituciones, con sede en Venezuela, fue notificada por el canciller uruguayo, Ernesto Talvi, al ilegítimo ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de ese país, Jorge Arreaza.
«Telesur y el Banco del Sur forman parte de un entramado institucional construido en base a alineamientos político-ideológicos que el país se propone abandonar y complementan el retiro de la Unasur, que fue anunciado el pasado día 10 de marzo», señala el escrito.
El jefe de la diplomacia uruguaya ya subrayó tras el anuncio de la retirada de la Unasur que la política exterior del país se basará en «formar parte de alianzas basadas en una institucionalidad fuerte y no en afinidades ideológicas«.
Según los datos de la Cancillería, el Convenio de Telesur fue suscrito por Uruguay y Venezuela en marzo de 2005 y preveía la conformación de una empresa multiestatal regional con el objetivo de crear un medio de comunicación audiovisual.
Asimismo, el Convenio Constitutivo de Banco del Sur fue suscrito en septiembre de 2009 por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela y dio lugar a una entidad financiera de derecho público internacional con sede en Caracas, creada con el objetivo de financiar el desarrollo de sus países miembros.
La pertenencia a ambas instituciones fue formalizada por el Ejecutivo de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), del Frente Amplio, coalición de izquierdas que gobernó Uruguay los últimos 15 años.
Por otro lado, el comunicado de Cancillería también informa de la intervención de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) del pasado 10 de marzo, en el que el país suramericano manifestó la necesidad de continuar avanzando y profundizando la cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Gobierno de Venezuela.
En el CDH también se enfatizó en «la persistencia de graves limitaciones a los derechos y las libertades fundamentales que confirman que en Venezuela no rige la democracia ni el Estado de Derecho y que lo antedicho es responsabilidad de quienes ocupan el Gobierno».
Además, Uruguay exhortó al régimen venezolano al cumplimiento de los compromisos contraídos con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, e instó a aumentar el número de representantes de la Oficina en Venezuela y proceder a la reapertura de la Oficina residente.
El CDH está integrado por 47 Estados electos por la Asamblea General por un período de tres años, según el criterio de representación geográfica. Uruguay fue elegido para integrar el primer CDH (2006-2009) y reelecto para los períodos 2009-2012 y 2019-2021.
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